Vecina del Cerro, víctima de malversación, identifica a Bárbara Robins y al exintendente Vladímir como fugados, y acusa a la actual intendente Elena de encubrir a Yenia Leblanch. Afirma que su caso fue saboteado y que recibió amenazas.
Con nombre, apellidos, dirección y teléfono, Luyarmi Taylin Montes Mendoza se presenta no como una fuente anónima, sino como una víctima directa que decide plantar cara al sistema de corrupción que, alega, la ha dejado en la calle. Su testimonio desde el municipio Cerro conecta los hilos de fugas, encubrimientos y abusos de poder que han sido denunciados fragmentariamente, ofreciendo una perspectiva de víctima de primera mano.
Los actores de una trama de despojo:
Luyarmi se identifica como «víctima de la malversación» en la que participaron figuras ya conocidas:
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- Bárbara Robins: La exdirectora de la DMV del Cerro, de quien se denunció previamente que había escapado del país con ayuda.
- Vladímir: Identificado como el exintendente del Cerro, quien «también se fue del país». Según Luyarmi, ambos «se fueron después de un proceso de investigación», sugiriendo una huida coordinada ante la inminencia de cargos.
- Yenia Leblanch Savón: La exdirectora de Vivienda actualmente señalada por múltiples denuncias, a quien Luyarmi acusa de «estar acabando» y de haber sido «denunciada en todas las esferas por mí».
El encubrimiento en la cúpula municipal y nacional:
La denuncia da un salto audaz al señalar no solo a los ejecutores, sino a quienes los protegen:
- Intendente Elena: Afirma que la actual intendente (presidenta del gobierno municipal) «lo sabe y no hace nada», implicándola en el encubrimiento de los actos de Yenia.
- Respuestas falsas a la alta dirección: Lanza una acusación gravísima: Yenia «tenía y emite respuestas falsas a los grandes dirigentes del país como por ejemplo a Manuel Marrero [Primer Ministro], a María del Carmen Cedeño». Esto indicaría que la corrupción no solo operaba a nivel local, sino que se sostenía mediante informes engañosos a las máximas instancias del gobierno, burlando su supervisión. «Y no pasa nada», sentencia, describiendo un muro de impunidad.
El caso personal: Amenazas, documentos desaparecidos y 5 años en la calle
Luyarmi detalla el impacto concreto de esta red en su vida:
- El «compañero Miguel» (¿Yadiel Leiva?): Un funcionario que «fue a mi casa pidiendo documentos, los cuales desaparecieron». Este hecho saboteó cualquier trámite o reclamo.
- Amenazas directas: «En varias ocasiones lo vi reunido con Yenia en Vivienda amenazándome». La amenaza concreta era que, si la vivienda de tránsito donde reside era suya, «me la iban a quitar por tener dos viviendas, cosa que es incierta».
- La consecuencia humana: El resultado es desgarrador: «Llevamos 5 años en la calle con personas enfermas». Su familia, incluyendo miembros con problemas de salud, lleva medio década en el limbo, sin un hogar estable, como presuntas víctimas colaterales de la corrupción y la venganza administrativa.
Un llamado a la unión y una definición política
Luyarmi concluye con un llamado a la acción colectiva: «Basta ya, debemos unirnos y gritar con fuerza para que se acabe la corrupción de los descarados que se dicen ser REVOLUCIONARIOS». Esta última frase es una crítica moral y política directa: acusa a los corruptos de profanar el discurso revolucionario que dicen encarnar.
Ofrece sus datos de contacto (Esperanza 364, Cerro, teléfono 52015069) a quien quiera profundizar, mostrando una valentía inusual al exponerse completamente.
Resumen: Luyarmi Montes, vecina del Cerro, denuncia ser víctima de una malversación que involucró a Bárbara Robins y al exintendente Vladímir (ya fugados), y a Yenia Leblanch. Acusa a la intendente Elena de encubrimiento y afirma que Yenia enviaba respuestas falsas a Manuel Marrero. Relata cómo un funcionario «Miguel» hizo desaparecer sus documentos y la amenazó junto a Yenia, dejando a su familia con enfermos en la calle durante 5 años.
Nota: El testimonio de Luyarmi Montes es el eslabón que une las fugas, las denuncias anónimas y el daño humano concreto. No es una teoría: es una mujer con su teléfono y su dirección, diciendo «aquí estoy, esto me pasó». Su acusación de que se engañaba al propio Primer Ministro es de una gravedad extrema, pues sugiere que la corrupción se blindaba con mentiras oficiales ascendentes. Su situación -5 años en la calle- es el monumento a la impunidad: mientras los responsables huyen o emiten informes falsos, las víctimas reales son condenadas a una indigencia administrativa. Su llamado a unirse no es retórico; es la lógica última de quien ya no tiene nada que perder.
