Retirar Custodia Padres Cuba: ¡Nueva Amenaza del Régimen!

Una reciente publicación en el diario oficialista Granma ha reavivado serias preocupaciones sobre la instrumentalización del sistema legal cubano para ejercer control ideológico sobre las familias. El artículo, firmado por una fiscal de la Dirección de Protección de la Familia, refuerza la amenaza de que el Estado podría retirar la custodia a padres en Cuba si estos no cumplen con el deber de inculcar en sus hijos lo que el régimen define como «valores patrióticos».

Bajo el titular «¿Cuál es la responsabilidad de madres y padres respecto a sus hijas e hijos menores de edad?», el texto, aunque presentado como una guía sobre deberes parentales, ha sido interpretado por juristas, activistas de derechos humanos y ciudadanos como una velada advertencia política. Sugiere que el Estado cubano se reserva el derecho de intervenir y sancionar a aquellas familias cuyos principios o acciones contradigan la narrativa oficialista, llegando incluso a la drástica medida de retirarles la “responsabilidad parental”.

El Marco Legal: Entre Deberes Parentales y Patriotismo Impuesto

El artículo de Granma desgrana múltiples artículos del Código de las Familias y de la Constitución cubana para justificar las facultades del Estado en materia de niñez y familia. Se citan los artículos 81, 84 y 136, todos ellos enfocados en el deber de los padres de velar por el desarrollo “integral” de sus hijos y su formación en valores como la dignidad, la honradez y, crucialmente, el “amor a la Patria”.

Específicamente, el artículo 138 del Código establece que los progenitores deben “inculcar el respeto a los símbolos patrios y el amor a la familia, al trabajo y a la Patria”. Esta disposición, como ha advertido recientemente la organización no gubernamental Cubalex, es utilizada por el régimen cubano para convertir el nuevo Código de las Familias en una herramienta de coerción, transformando a los menores en piezas de presión política contra sus padres.

Esta exigencia no sería inherentemente problemática si no estuviera acompañada de un aparato de sanciones penales y administrativas que permite interpretar cualquier crítica al gobierno, cualquier acto de disidencia cívica o incluso una simple publicación en redes sociales como una falta grave a esos deberes parentales. En Cuba, la visión estatal fusiona inseparablemente lo “patriótico” y lo “político” con la ideología y la lealtad al Partido Comunista. En consecuencia, un padre que participe en una protesta pacífica, una madre que denuncie la escasez de alimentos o un activista que defienda derechos civiles podría ser señalado por “incumplir con sus deberes” y ser objeto de medidas judiciales tan severas como la de retirar la custodia a padres en Cuba.

La «Responsabilidad Parental» como Instrumento Político

El concepto de “responsabilidad parental”, según el artículo 136 del Código de las Familias, se define como el conjunto de deberes y derechos que los padres ejercen sobre sus hijos menores. Sin embargo, en la práctica cubana, esta definición ha sido distorsionada para incluir factores eminentemente ideológicos. El artículo 191 del mismo Código establece como causales para perder la custodia conductas “viciosas”, “delictivas” o que pongan en riesgo el desarrollo físico y psicológico del menor.

La pregunta fundamental es: ¿quién y bajo qué criterios decide qué conductas son “delictivas” o “riesgosas” para un menor en Cuba? En un sistema donde la ley está subordinada al poder político, el margen de discrecionalidad de fiscales, jueces y agentes del Ministerio del Interior (MININT) es alarmantemente amplio. La imagen que acompaña el artículo en Granma es elocuente: un grupo de niños ondeando una bandera cubana, algunos vistiendo el uniforme de pioneros. El mensaje visual refuerza la idea de que el «niño ideal», desde la perspectiva estatal, es aquel que profesa un «amor a la Patria» alineado con las directrices del partido. Cualquier desviación de este modelo puede ser considerada una amenaza.

Casos Concretos: Usar a los Hijos para Coaccionar a los Padres

Esta política de intimidación no es una novedad. Medios como CiberCuba han documentado en los últimos años varios casos donde padres y madres han sido intimidados o procesados penalmente debido a sus posturas políticas, enfrentando amenazas explícitas de retirar la custodia a padres en Cuba si no cesaban en su activismo o críticas.

Ejemplos citados incluyen el caso de la doctora Nelva Ismarays Ortega en 2020, esposa del líder opositor José Daniel Ferrer, a quien se le advirtió que perdería la custodia si su esposo continuaba con sus denuncias. En 2021, la doctora Noemia Lisandra Rodríguez fue presionada por la Seguridad del Estado para que abandonara su activismo, bajo amenaza de perder a sus hijos. Más recientemente, en 2023, la activista Diasniurka Salcedo Verdecia enfrentó un proceso judicial de custodia tras participar en acciones cívicas. Estos casos ilustran el uso de las leyes de familia como un mecanismo de castigo y disuasión, buscando no solo sancionar políticamente al adulto, sino también generar un profundo temor a través de lo más sagrado: la relación con los hijos.

Adoctrinamiento Infantil y la Fachada de Legalidad

El énfasis en inculcar «valores patrióticos» desde la infancia ha sido una constante en la llamada “educación revolucionaria” cubana, pero en los últimos años parece haberse intensificado. Desde temprana edad, los menores son involucrados en actos políticos, desfiles y ceremonias con una fuerte carga ideológica, fomentando el culto a figuras del régimen y exigiendo lealtad al socialismo.

El artículo de Granma trasciende el plano educativo y legal, estableciendo una obligación moral con graves consecuencias jurídicas. Si los padres no promueven activamente estos valores –o si el Estado determina que su actitud es “corruptora” o “contraria al desarrollo” del menor– pueden ser excluidos del ejercicio de sus derechos parentales. Como señala un análisis de CiberCuba sobre el nuevo Código de la Niñez, la legislación cubana a menudo ofrece una apariencia de protección y derechos que, en la práctica, opera como una herramienta de vigilancia, control y castigo.

La ambigüedad de los términos legales y la politización de los valores familiares permiten que el Estado se inmiscuya en la vida privada de las familias cubanas con impunidad. Lo más preocupante es que este tipo de normativa, lejos de proteger a los niños, los convierte en instrumentos de coerción, reforzando una cultura del miedo donde los padres se ven forzados a la autocensura para evitar represalias, y donde el vínculo afectivo familiar queda condicionado por la fidelidad al sistema.

Implicaciones de la Advertencia sobre Retirar Custodia a Padres en Cuba

¿Cuál es la base de la amenaza de retirar la custodia a padres en Cuba?

El régimen cubano se ampara en artículos del Código de las Familias y la Constitución que exigen a los padres inculcar «amor a la Patria» y otros «valores» definidos por el Estado. La interpretación discrecional de estos términos permite que cualquier disidencia sea vista como un incumplimiento de los deberes parentales, justificando la posible intervención estatal para retirar la custodia a padres en Cuba.

¿Qué se considera «falta de valores patrióticos» según el régimen?

En el contexto cubano, donde el Partido Comunista define la «Patria», la falta de «valores patrióticos» puede interpretarse de manera muy amplia, desde la participación en protestas hasta la crítica al gobierno en redes sociales. Cualquier acción que el Estado considere contraria a su narrativa oficial puede ser catalogada como tal.

¿Existen antecedentes de esta práctica en Cuba?

Sí, diversas organizaciones de derechos humanos y medios independientes han documentado casos de activistas y ciudadanos críticos que han enfrentado amenazas o procesos judiciales con el objetivo de retirar la custodia a padres en Cuba como forma de presión política y represalia por sus posturas.

¿Cuál es el impacto de esta política en las familias cubanas?

Esta política genera un clima de miedo y autocensura entre los padres, quienes temen que sus opiniones o acciones puedan ser utilizadas para separarlos de sus hijos. Convierte a los niños en herramientas de coerción política y vulnera el derecho fundamental a la vida familiar y a la libertad de expresión.