En un contundente golpe contra la impunidad, las autoridades de Estados Unidos confirmaron la deportación del exfuncionario del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, Daniel Morejón García. Este represor cubano deportado había logrado ingresar y residir en Miami tras ocultar deliberadamente su violento historial durante las protestas del 11 de julio de 2021.
La deportación no solo representa un acto de justicia para las víctimas, sino que también enciende las alarmas sobre una peligrosa tendencia: exfuncionarios del régimen que intentan establecerse en el mismo país que ha dado refugio a quienes huyeron de su persecución. El caso de Morejón es un claro ejemplo de cómo la vigilancia ciudadana y la acción institucional pueden cerrarles las puertas a los violadores de derechos humanos.
Un Acto de Justicia: La Caída del Represor del 11J
Daniel Morejón García fue detenido el 30 de abril en el sur de Florida por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en una operación coordinada con el FBI y CBP. Según un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la investigación demostró que «no reveló su pertenencia al Ministerio del Interior ni su participación en la represión del pueblo cubano».
La orden de deportación fue expedida el mismo día de su arresto y se ejecutó el 30 de mayo. La noticia fue celebrada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), organización que presentó la denuncia inicial que destapó el caso.
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“Quienes están cumpliendo largas condenas en Cuba por pedir libertad sentirán al menos una pizca de justicia al saber que ese represor ya no está en suelo estadounidense”, declaró Luis Domínguez, investigador de la FHRC.
El Historial Oculto y las Nuevas Amenazas en Cuba
La evidencia contra Morejón es abrumadora. Se confirmó su rol como presidente del Consejo de Defensa Nacional en Artemisa y su participación activa en las Brigadas de Respuesta Rápida, grupos parapoliciales del régimen. Existen pruebas gráficas de su agresión a manifestantes, incluido el arresto y golpiza de Armando Martínez Luis, condenado a ocho años de prisión.
Lo más alarmante es que la historia no terminó con su deportación. La FHRC ha recibido nuevas denuncias desde Las Cañas, Artemisa, que indican que Morejón García ha sido visto escoltado por agentes del MININT y ha estado intimidando a las personas que colaboraron en la investigación que condujo a su captura en Miami. «Es claro que ha retomado sus vínculos con la Seguridad del Estado», afirmó Domínguez, lo que demuestra que su peligrosidad sigue vigente en la isla.
Este caso ha intensificado el llamado de la comunidad exiliada y de figuras como el congresista Carlos Giménez para reforzar los controles migratorios. ICE, por su parte, exhorta al público a seguir denunciando a presuntos violadores de derechos humanos a través de su línea anónima 866-DHS-2423, para evitar que Estados Unidos se convierta en refugio de criminales.
