Cuando hombres encapuchados secuestraron al líder opositor Freddy Superlano en Caracas en julio de 2024, su esposa inició una búsqueda desesperada por los centros de detención de la ciudad. Durante días no recibió información alguna. Una semana después, un funcionario de inteligencia en la prisión del Helicoide, en la capital, admitió que él estaba allí. No lo ha vuelto a ver. La esposa de Superlano, Aurora Silva, dijo que solo sabía que él seguía vivo porque los custodios de la prisión le entregaban rutinariamente su ropa sucia y breves notas en las que él le pedía llevar artículos básicos a la cárcel. Su historia es una de las muchas documentadas en un nuevo informe de Human Rights Watch y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela. Según los grupos, decenas de presos políticos venezolanos han sido mantenidos sin que sus familias y abogados reciban información sobre ellos durante semanas, meses y, en algunos casos, más de un año. “Estos casos de presos políticos incomunicados con sus familias y abogados son un testimonio escalofriante de la brutalidad de la represión en Venezuela”, dijo Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos no deben escatimar esfuerzos diplomáticos para lograr la liberación de estos detenidos”. El informe, titulado “Venezuela: Presos Políticos Aislados del Mundo”, describe cómo los familiares de los detenidos no reciben llamadas telefónicas, carecen de oportunidades de visita y no obtienen información oficial. Su único vínculo es una bolsa de ropa sucia o una nota entregada a escondidas por los custodios. “La falta de comunicación y la negación de visitas se han convertido en una forma de tortura, que inflige sufrimiento no solo a quienes están tras las rejas, sino también a sus seres queridos”, dijo Sairam Rivas, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y pareja del preso político Jesús Armas. “Estamos obligados a vivir en una angustia e incertidumbre constantes, aferrándonos a señales de vida tan frágiles como ropa sucia o una petición de medicinas”, agregó. De acuerdo con Human Rights Watch, la detención prolongada en régimen de incomunicación puede constituir tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado que tal aislamiento causa “sufrimiento psicológico, colocando a los detenidos en una posición altamente vulnerable e incrementando el riesgo de abusos en las prisiones”. Muchos de los prisioneros están recluidos en el Helicoide, un antiguo centro comercial de Caracas convertido en sede del servicio de inteligencia, donde investigadores de Naciones Unidas han documentado la existencia de salas de tortura. Otros están detenidos en Rodeo I, una cárcel de máxima seguridad en el estado Miranda, donde incluso una sola llamada telefónica es una concesión excepcional. Las familias suelen encontrar a sus parientes siguiendo rumores, pistas o suplicando a los custodios. Las peticiones oficiales quedan sin respuesta y las detenciones son frecuentemente negadas por completo, en lo que el informe califica como desapariciones forzadas, prohibidas por el derecho internacional. La esposa de Superlano no está sola. En toda Venezuela, las familias han reorganizado sus vidas alrededor de la incertidumbre de la detención. Algunas viajan cientos de kilómetros hasta Caracas cada semana para entregar comida, medicinas o ropa, sin saber si alguno de estos insumos llega a su destinatario. “Esto es muy duro para las familias afuera, sin saber qué está pasando con ellos”, dijo Silva, la esposa de Superlano. Muchos prisioneros han sido acusados de terrorismo, traición, incitación al odio y conspiración. Las audiencias se celebran a menudo de manera virtual, con las familias informadas solo después de que ocurren. A los detenidos se les niega el derecho a contratar abogados privados, ya que la documentación presentada por los familiares es rechazada bajo el argumento de que los prisioneros no pueden firmarla mientras están incomunicados. Para los familiares, las interacciones más simples —un susurro de un guardia, una camisa devuelta, una petición garabateada de medicinas— se convierten en pruebas vitales de que su ser querido sigue con vida. “La única forma de demostrar nuestro amor y que pensamos en ellos es enviando comida, ropa y medicinas”, dijo un familiar. El informe detalla casos en distintos sectores de la oposición venezolana. Entre ellos: Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela, quien fue secuestrado en agosto de 2024. Su esposa recordó cómo en ocasiones los guardias le entregaban pedazos de papel con su letra. Desde agosto de 2025, los familiares que llevan paquetes son fotografiados con las bolsas en la mano. “Es muy degradante”, dijo. “La detención incomunicada es tortura para todos nosotros. Somos rehenes junto con él”.
Biagio Pilieri, periodista y coordinador nacional del partido Convergencia, detenido en agosto de 2024. Su esposa relató que le han negado las visitas a pesar de sus graves problemas de salud. “No poder verlo ha sido inhumano y doloroso”, afirmó.
Jesús Armas, exconcejal de Caracas, quien dijo a su pareja durante una breve llamada telefónica que agentes de inteligencia “lo asfixiaron con una bolsa en la cabeza mientras lo interrogaban”. Desde su traslado a la prisión del Helicoide, “ha estado sin contacto alguno con el exterior”, explicó Rivas.
Luis Palocz, activista secuestrado en diciembre de 2024, logró enviar una nota pidiendo artículos personales. “La primera vez que vi su letra, fue un alivio”, dijo su pareja. Pero las restricciones en las entregas profundizaron su desesperación: “No puedo explicar lo que es perder ese contacto cuando no tenemos visitas ni cartas”.
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Luis Somaza, dirigente de Voluntad Popular, fue sacado por la fuerza de su casa en febrero de 2025. Su hermana dijo que reconoció su ropa por “manchas causadas” por la enfermedad inflamatoria crónica que padece Somaza. Agregó: “La familia vive en una angustia constante, atrapada entre no saber cómo está y temer represalias por hablar públicamente”.
