Red de Corrupción e Intimidación es Denunciada en la Dirección de Inspección de Boyeros

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Testigo alega extorsión a trabajadores por cuenta propia (TCP), cobro ilegal de dinero en vías y ferias, y protección política a funcionarios corruptos.

Una extensa y detallada denuncia anónima ha puesto en la palestra pública graves acusaciones de corrupción sistémica, extorsión y abuso de poder dentro de la Dirección de Inspección Estatal (DIS) del municipio de Boyeros, en La Habana.

El relato, presentado por alguien que afirma «conocer a los jefes de grupo», describe una estructura donde inspectores y sus superiores operarían una red de cobros ilegales, intimidación y protección mutua, con presunta connivencia de altos niveles del gobierno municipal.

Lisandra Carrazana, Yanexy Soto

Acusaciones Principales por Nivel y Actor:

1. Jefes de Grupo e Inspectores (Operación en Calle):

  • Extorsión a TCP: Se denuncia que los jefes de grupo son «muy abusivos además de extorsionar las TCP» (Trabajadores por Cuenta Propia).
  • Intimidación Violenta: Se señala específicamente a Jorge Pérez Peña, un ex policía holguinero, de usar su carnet para «intimidar a las personas».
  • Cobro Ilegal Generalizado: Se alega una recaudación sistemática de dinero en múltiples puntos:
    • Yanesi Soto: Recoge dinero en las cafeterías de la doble vía de Santiago de las Vegas.
    • Marco Tamayo: Recoge dinero en los Consejos Populares de Armada y Altahabana, y en lugares como «el TCP el gallo».
    • Inspector «Ernesto»: Antes vendedor informal, ahora inspector que «recoge dinero en las ferias» y protege a su hermana de las inspecciones.
  • Negligencia Premeditada: Se acusa a los inspectores de no inspeccionar deliberadamente ciertas zonas, como «el puente 100».

Jorge Peres Peña, Marco Tamayo

2. Nivel Directivo y Conexiones Políticas:

  • Protección y Encubrimiento: La directora de la DIS, Aranelis Rosales OMS, es acusada de saber «que sus jefes de grupo son más corruptos que sus inspectores» y, como «le saben cosas», todo se soluciona internamente («todo queda en casa»). Recibiría información privilegiada de la secretaria del intendente, quien también tiene negocios en la zona.
  • Relaciones de Poder y Favores: El texto hace graves alegaciones sobre la conducta personal de varios directivos como método para mantener el cargo:
    • Se habla en «los pasillos del gobierno» de que la directora Aranelis Rosales «se acuesta» con el intendente Albearo y con el Presidente del Gobierno municipal.
    • La inspectora Lisandra Carrazana tendría «modales de estar con todos los policías» y se rumorea que «estuvo con el presidente de Boyeros».
  • Blindaje Político Total: La madre de Aranelis Rosales es identificada como «la secretaria del primer secretario del partido» en el municipio, quien «sabe todos los problemas y no pasa nada». Se afirma que la directora ha dicho «abiertamente que de ella nadie la va a sacar de la DIS», actuando bajo una percepción de impunidad total.

3. Corrupción en Órganos de Control y Gobierno:

  • Se denuncia la rápida corrupción del jefe de la Inmobiliaria, amigo del intendente, quien en menos de 6 meses ya llama a inspectores para que dejen en paz sus lugares.
  • Se cuestiona la inacción de la Gobernadora de La Habana, Yanet, a quien se le acusa de saber «de todas las denuncias que le mandan a diario sobre la DIS de Boyeros» y permitir que todo continúe.

Aranelis Rosales

Resumen: Una denuncia anónima detalla una presunta red de corrupción en la DIS de Boyeros que incluye extorsión a cuentapropistas, cobro de «cupos» en vías públicas, intimidación violenta por ex agentes, y un sofisticado sistema de encubrimiento y protección que involucraría a la directora municipal, su familia con vínculos políticos de alto nivel, y se extendería hasta la omisión percibida de la Gobernación Provincial.

Nota: Esta acusación es quizás una de las más completas y orgánicas en describir cómo la corrupción podría operar no como hechos aislados, sino como un sistema entrelazado de abuso de autoridad, chantaje, relaciones personales ilícitas y protección política. La mención específica de nombres, cargos y parentescos supuestos representa un desafío directo a las autoridades superiores, retándolas a investigar una estructura de poder local descrita como completamente podrida e impune.

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