Dos días de protestas por apagones intencionales y negocios ilegales terminan con represión policial.
La ciudad de Manzanillo vive una crisis humanitaria silenciosa. Mientras los hogares permanecen sin electricidad por más de 20 días consecutivos, negocios particulares operan con total normalidad gracias a una red de corrupción dentro de la Unión Eléctrica. Este sábado, la indignación popular estalló en las calles del barrio La Colonia, donde vecinos enfrentaron a los directivos de la empresa estatal.
Los altos funcionarios presentes -Directora Municipal, Jefe de Operaciones y Jefe de Inspectores- mostraron una actitud de abierto desafío hacia la población. Testigos relataron cómo abandonaron el lugar sin responder a los reclamos, evidenciando la total desconexión entre las autoridades y el pueblo que sufren las consecuencias de su gestión.
La investigación ciudadana reveló el mecanismo del fraude: linieros y directivos de la UNE reciben sobornos para mantener conectados a circuitos prioritarios a panaderías clandestinas, talleres de soldadura y centros de refrigeración. Mientras estos negocios ilegales prosperan, los residentes ven cómo se descomponen sus alimentos y aumentan las enfermedades como la Chicungunya.
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El caso más emblemático denunciado por los manifestantes es la Discoteca SKY, que permanece iluminada todas las noches gracias a pagos que superan los 100 mil pesos mensuales. Esta situación crea un apartheid energético donde quien tiene dinero compra electricidad, mientras la mayoría sobrevive en la oscuridad.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. En lugar de investigar las denuncias de corrupción, desplegó un operativo policial para intimidar a la población y evitar nuevas protestas. La medida confirma que el régimen prefiere proteger los intereses de una red corrupta antes que garantizar un servicio básico a sus ciudadanos.
