La dueña de una propiedad privada ha acudido al gobierno, al Partido y a la Fiscalía sin obtener respuesta; exigen celeridad en el proceso de legalización de bienhechurías
Una denuncia ciudadana recibida por LMS reporta, de parte de la propietaria de una finca privada, revela el calvario burocrático y la falta de respuesta de las autoridades ante la legalización de su propiedad. La denunciante ha acudido al gobierno, al Partido y a la Fiscalía, pero hasta ahora no ha obtenido ninguna solución.
«Al no solucionar nada por el gobierno me dirigí al Partido y planteé la situación al primer secretario, quien citó a todos los del Ministerio de la Agricultura, Vivienda y Gobierno para una reunión. Por un problema de salud no me presenté a esa reunión, pero eso no significa que no tenga la razón», explica la denunciante.
🔍 Principales señalamientos:
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- Freno a las legalizaciones: El primer secretario del Partido le informó que «esas legalizaciones estaban frenadas» y que «pronto comenzaban de nuevo», una afirmación que la denunciante califica de mentira, ya que las autoridades «nunca han querido hacer esa legalización».
- Trato hostil de los funcionarios: La denunciante se niega a presentarse ante los funcionarios del Ministerio de la Agricultura porque «lo que hacen es los tres caerme en pandilla, tratarme mal y haciéndome entender cosas que no son competentes con lo que dicta la ley».
- Vecinos construyen ilegalmente y le roban terreno: La denunciante denuncia que vecinos «además de estar ilegales, no tienen ningún papel que los justifique, construyen y siguen agrandando casas robándome más terreno», y ni el Ministerio de la Agricultura ni la Vivienda hacen nada porque «todo está bajo el consentimiento de ellos».
- Fiscalía sin respuesta: La denunciante acudió a la Fiscalía con un abogado hace casi dos meses y aún espera una respuesta.
- Desinterés del gobierno: Cuando la denunciante presentó su queja en el gobierno, la funcionaria que la atendió le dijo que estaba «obstinada de tantas quejas del Ministerio de la Agricultura» y procedió a llamar al jefe Yoandris González, quien no pudo presentarse porque estaba reunido. La funcionaria le prometió una reunión y una visita, pero nunca ocurrió. Cuando la denunciante regresó para preguntar, le dijeron que Yoandris «estaba de vacaciones» y todo quedó ahí.
Contexto de las legalizaciones en Cuba: La situación descrita por la denunciante se enmarca en el Decreto 105 de 2024 y el Acuerdo 9933 del Consejo de Ministros, que establecen un proceso de ordenamiento y legalización de bienhechurías en tierras entregadas en usufructo y bienes agropecuarios sin estatus legal . Este proceso es el resultado de un ejercicio de control que reveló más de 56,000 ilegalidades de este tipo en el país, con provincias como La Habana, Camagüey, Pinar del Río y Ciego de Ávila como las de mayor incidencia .
La norma prevé la legalización de bienhechurías construidas entre 2008 y 2023, siempre que cumplan con las regulaciones territoriales y urbanísticas . Las autoridades deben realizar un levantamiento de las construcciones existentes y presentarlo a las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo para su análisis .
Sin embargo, la denunciante evidencia que estos procesos no se están cumpliendo y que los funcionarios están frenando las legalizaciones mientras permiten que vecinos construyan ilegalmente. El primer secretario del Partido, al decirle que las legalizaciones «estaban frenadas» y que «pronto comenzaban de nuevo», confirma que existe una paralización administrativa que afecta directamente a los propietarios legítimos.
Nota de LMS reporta: La denuncia de esta propietaria refleja el caos burocrático y la falta de transparencia que enfrentan los ciudadanos que buscan legalizar sus propiedades en Cuba. Mientras las autoridades frenan las legalizaciones, vecinos construyen y amplían sus viviendas ilegalmente con la complicidad de los funcionarios. La denunciante ha agotado todas las vías —gobierno, Partido y Fiscalía— sin obtener respuesta.
La plataforma exige a las autoridades competentes: que se dé respuesta inmediata a la denunciante, que se desbloquee el proceso de legalización de su propiedad, que se investigue la complicidad de los funcionarios con las construcciones ilegales de los vecinos, y que se sancione a quienes están permitiendo que se le robe terreno a la denunciante.
