La activista cubana Rosa María Payá Acevedo, una voz prominente en la disidencia y el exilio, ha emitido una contundente denuncia contra el régimen de La Habana, tildando a Miguel Díaz-Canel y a su círculo de dirigentes de «usurpadores». Su declaración, que resuena profundamente en el análisis político de la isla, subraya la ausencia de legitimidad democrática, un problema que, como periodista especializado en la diáspora cubana, he seguido de cerca por años. Payá enfatiza que el orden constitucional en Cuba se rompió hace más de siete décadas, y que la población jamás ha tenido la oportunidad de votar por el comunismo en elecciones libres y pluripartidistas.
El Legado de una Ruptura Constitucional: Más de Siete Décadas de Imposición
La afirmación de Rosa María Payá de que «el orden constitucional en Cuba se rompió hace más de 70 años» nos remonta a un punto de inflexión crítico en la historia de la nación: la Revolución de 1959. Antes de este evento, Cuba, aunque con sus propias imperfecciones y periodos de inestabilidad política, había experimentado un sistema republicano que, en teoría, contemplaba la alternancia en el poder y un cierto grado de pluralismo. Sin embargo, el triunfo revolucionario y la posterior consolidación del poder bajo Fidel Castro desmantelaron progresivamente estas estructuras, inaugurando un modelo de partido único que ha persistido hasta nuestros días.
Para quienes crecimos en Cuba, y luego nos tocó entender la política desde la distancia de España o Estados Unidos, la idea de un «orden constitucional» que se rompió es una verdad innegable, un eco de una promesa democrática nunca cumplida. Se instauró un sistema donde la figura del presidente, y por extensión de cualquier dirigente, no emana de la voluntad popular expresada en las urnas, sino de la adhesión a una ideología y a una estructura de poder vertical. Esta ruptura no fue solo legal, sino que caló en la médula de la sociedad, afectando la percepción de la ciudadanía sobre sus derechos políticos fundamentales.
El Monopolio del Poder: La Arquitectura del Partido Comunista
Desde 1959, Cuba no ha celebrado elecciones auténticamente competitivas, una realidad que Payá resalta con vehemencia. El sistema electoral cubano se erige sobre el pilar del Partido Comunista de Cuba (PCC), definido en la Constitución como la «fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado». Esta disposición constitucional elimina de facto la posibilidad de un pluralismo partidista, impidiendo la participación de fuerzas políticas alternativas y la contienda electoral abierta, elementos esenciales de cualquier democracia moderna.
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En un análisis comparativo con los estándares internacionales, la democracia exige la existencia de:
- Pluralismo partidista: La posibilidad de múltiples partidos políticos compitiendo por el poder.
- Elecciones libres y justas: Votaciones periódicas, universales, secretas y con garantías de imparcialidad.
- Separación de poderes: Independencia entre el ejecutivo, legislativo y judicial.
- Respeto a las libertades civiles: Libertad de expresión, asociación y prensa.
En el caso cubano, estos elementos han brillado por su ausencia durante más de 66 años. La maquinaria estatal, controlada por el PCC, se extiende a través de organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que si bien tienen un rol social, también funcionan como mecanismos de control y movilización política, asegurando la lealtad al sistema y la verticalidad del poder. Como periodista cubriendo estas dinámicas, he visto cómo este monopolio no solo anula el voto, sino que también ahoga cualquier intento de organizar la sociedad civil de forma independiente, una realidad que se vive y se sufre, tanto dentro como fuera de la isla, desde la familia que lucha por «resolver» el día a día hasta el intelectual que busca libertad de expresión.
Díaz-Canel: ¿Presidente o Usurpador? Un Análisis de Legitimidad
La denuncia de Payá no se queda en la abstracción histórica, sino que apunta directamente a las figuras actuales del poder. «Ni Díaz-Canel es presidente, ni Bruno Rodríguez canciller… Usurpar el poder no es representar al pueblo», sentenció. Esta frase encapsula el cuestionamiento fundamental a la legitimidad de Miguel Díaz-Canel y de su ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en la escena política internacional. La acusación de «usurpación» no es menor; implica que su posición no se sustenta en el consentimiento de los gobernados, sino en la continuidad de un sistema impuesto.
Desde la perspectiva de la politología, los criterios de legitimidad de Max Weber son un marco útil para entender este dilema. Weber describió tres tipos de autoridad legítima: la tradicional (basada en la costumbre y la herencia), la carismática (basada en el atractivo y la personalidad de un líder) y la legal-racional (basada en leyes y procedimientos electorales). El régimen cubano, especialmente después de la era de los Castro, lucha por encajar en estos moldes democráticos. Aunque pudo haber apelado a un carisma revolucionario inicial, y posteriormente a una tradición de poder, el sistema actual carece de la legitimidad legal-racional que emana de un proceso democrático transparente y participativo. Su permanencia se sostiene, más bien, en un complejo entramado de control social, represión selectiva y una fuerte máquina de propaganda.
Ese orden se rompió hace más de 70 años, ni Canel es presidente, ni tú canciller, ni los cubanos han votado jamás por el comunismo. Usurpar el poder no es representar al pueblo. pic.twitter.com/f4n2y90E9t
— Rosa María Payá (@RosaMariaPaya) September 7, 2025
Desde Miami, donde resido ahora, estas declaraciones resuenan con especial fuerza. Aquí, entre los exiliados, la figura de un «presidente» sin el aval de un voto libre es, en el mejor de los casos, una ironía; en el peor, una herida abierta que muchos aún no logran sanar. Esta dicotomía entre el poder autoproclamado y la voluntad popular silenciada es un tema constante en las conversaciones, las publicaciones y los análisis de la comunidad cubana en el exterior.
Rosa María Payá y el Movimiento Cuba Decide: Una Voz por la Transición
En este escenario de un régimen que ejerce el poder con exclusión sistemática y persecución de la disidencia, la figura de Rosa María Payá Acevedo emerge como un referente clave. Hija del tristemente célebre líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas, quien perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas por un proceso judicial independiente, Rosa María ha continuado con el legado de su padre, impulsando el movimiento Cuba Decide. Este proyecto propone la realización de un plebiscito vinculante que permita a los cubanos elegir libremente su futuro político, abriendo la puerta a elecciones pluripartidistas y a la restauración de las libertades democráticas.
La postura de Payá combina una crítica frontal y persistente al régimen con la propuesta de un camino concreto para la transición democrática. Su estrategia se basa en la movilización cívica, el apoyo de la comunidad internacional y la denuncia constante de las violaciones de derechos humanos. Este enfoque le ha valido el reconocimiento de múltiples organizaciones y líderes mundiales, que ven en ella un perfil de liderazgo opositor con la capacidad de articular una agenda política coherente y pacífica para una Cuba post-régimen.
Conozco el arduo trabajo de figuras como Rosa María, herederas de una lucha que se ha librado por décadas. Sus viajes, sus encuentros, su incansable diplomacia, son un recordatorio constante de que la causa de la democracia cubana sigue viva, más allá de las fronteras de la isla. La Plataforma Cuba Decide, por ejemplo, ha logrado consolidar una red de apoyo internacional, buscando presionar al régimen para que respete la autodeterminación del pueblo cubano, según informes de organizaciones como Freedom House en sus reportes anuales sobre la situación de los derechos políticos y civiles en la isla.
Impacto y Consecuencias: La Realidad de la Represión y la Diáspora
La ilegitimidad del gobierno cubano no es una cuestión meramente teórica; tiene consecuencias tangibles y devastadoras para la población de la isla. La negación del derecho a elegir y ser elegido se traduce en una falta de representación que afecta todos los aspectos de la vida cotidiana. La represión es una realidad que conozco de cerca, no solo por mi trabajo periodístico, sino por las historias de amigos y familiares que han sufrido las consecuencias de disentir. Los informes de Amnesty International y Human Rights Watch describen un panorama constante de detenciones arbitrarias, juicios sumarios, censura mediática y una ausencia de garantías judiciales para aquellos que se atreven a cuestionar el poder establecido. Esta persecución no solo silencia las voces, sino que también fomenta un clima de miedo que impide el desarrollo de una sociedad civil fuerte e independiente.
Además, la falta de una gobernanza legítima y responsable contribuye directamente a la profunda crisis económica que padece Cuba. Las decisiones económicas, centralizadas y a menudo ideologizadas, no responden a las necesidades reales de la población, sino a los intereses de la élite gobernante. Esto genera escasez, inflación y una desesperanza que empuja a miles de cubanos a buscar un futuro fuera de la isla, alimentando una diáspora en constante crecimiento. Mi vivencia, como la de tantos cubanos que hemos tenido que rehacer la vida fuera de la isla, subraya la profunda cicatriz que deja la falta de participación política y la búsqueda de oportunidades que el propio país niega a sus ciudadanos. La migración masiva es la manifestación más palpable de una crisis política y humanitaria que se niega a ser reconocida por el gobierno.
Perspectivas Futuras: ¿Hacia una Transición Real?
La transición a la democracia en Cuba sigue siendo la gran asignatura pendiente, un anhelo que, a pesar de las décadas de inmovilismo, persiste con fuerza tanto dentro como fuera de la isla. Activistas como Rosa María Payá proponen caminos concretos, basados en la movilización ciudadana y la presión internacional, para iniciar un proceso de cambio pacífico. Sin embargo, el régimen cubano se aferra a su narrativa de legitimidad histórica, negándose a ceder espacio político y reprimiendo cualquier manifestación de disidencia. La continuidad del actual modelo, que ha demostrado ser ineficiente económicamente y represivo en lo social, plantea un dilema fundamental para el futuro de Cuba.
El contraste entre la voluntad ciudadana, negada sistemáticamente en las urnas, y el discurso oficial que pretende hablar en nombre del «pueblo» es cada vez más evidente. Sin elecciones libres, pluripartidistas y transparentes, no puede haber un verdadero gobierno legítimo en la isla. La comunidad internacional, por su parte, juega un papel crucial al mantener la presión sobre el régimen, abogando por el respeto a los derechos humanos y el apoyo a las voces disidentes. Aunque el camino es largo y complejo, y he visto innumerables ciclos de esperanza y desilusión, la aspiración a la libertad y a la dignidad sigue siendo el motor de la diáspora, una llama que ni la distancia ni la represión han podido apagar. La esperanza de un futuro donde los cubanos puedan elegir a sus líderes y construir su propio destino es un motor que sigue impulsando a muchos, entre ellos a quienes, como yo, nos dedicamos a contar estas historias con la convicción de que la verdad es el primer paso hacia la libertad.
Conclusión
La denuncia de Rosa María Payá sobre la ilegitimidad del gobierno cubano y la calificación de Díaz-Canel como «usurpador» no es solo una declaración política, sino un llamado a la conciencia sobre la profunda crisis democrática que vive Cuba. Más de 66 años sin elecciones libres, un monopolio partidista férreo y la sistemática represión de la disidencia son los pilares de un sistema que, según Payá y muchos otros, carece de la base moral y legal para representar al pueblo cubano. La urgencia de una transición hacia un modelo democrático sigue siendo el gran desafío, un camino en el que la voz de la sociedad civil y el apoyo internacional son fundamentales para que, algún día, el poder en Cuba emane verdaderamente del consentimiento de sus ciudadanos.
