Zunilda Baró Coromina relata que Alexis Barrios Pérez, padre de su hijo, le regaló una casa. Para legalizarla rápido, ella pagó 60,000 pesos cubanos. Ahora, el hombre quiere recuperarla y ha sobornado a la directora de Vivienda de San Miguel del Padrón, Odarmis Goitizolo Capote, ya sancionada anteriormente por delitos similares, para que la desaloje. Zunilda y su hijo de 10 años llevan casi un año en la calle. La directora y su mano derecha, Odalys, le niegan incluso un albergue. Zunilda, trabajadora social, clama justicia.
Una madre trabajadora social de La Habana ha contactado a nuestra redacción para denunciar un caso de despojo y corrupción que la ha dejado a ella y a su hijo de 10 años en la calle durante casi un año. La responsable de esta situación sería la directora de Vivienda de San Miguel del Padrón, Odarmis Goitizolo Capote, una funcionaria con antecedentes por delitos similares, que estaría actuando en complicidad con el padre del niño para arrebatarle la vivienda que él mismo le regaló.
La historia: una casa regalada para el hijo
Zunilda relata los hechos:
«Soy propietaria de una casa que me regaló el papá de mi hijo».
«La casa nunca fue a su nombre, fue de Ester y Jorge, que viven en Estados Unidos, a mi nombre para su hijo».
«Al cabo de unos meses, él me dice que ningún padre tiene obligación de darle casa a un hijo».
«Yo tenía casa propia que heredé de mi mamá, la cual cuando él me da esta, yo regalé la mía».
El problema: el padre quiere recuperar la casa
El padre del niño, Alexis Barrios Pérez, dueño de una vivienda al lado de la que regaló, ha iniciado maniobras para despojar a Zunilda:
«Él va a casa de la directora de vivienda de San Miguel, que es vecina de él, Odarmis Goitizolo Capote».
La directora lo cita y luego cita a Zunilda.
«Ella me dice que si regresaban Ester y Jorge, tengo que regresarle su casa y yo quedarme en la calle».
La legalización: 60,000 pesos pagados
Zunilda aclara que todo se hizo en regla:
«Para yo legalizar rápido, en menos tiempo de lo establecido, yo le pagué 60,000 pesos cubanos».
«Mis documentos todos en regla».
La corrupción: una directora con antecedentes
El denunciante señala a la directora:
«Ahora el papá del niño le paga a ella para que me quite el derecho a la casa, siendo yo la única propietaria de la vivienda con el niño».
«No entiendo cómo persona como Odarmys, que ya fue sancionada por este delito, donde el marido siempre echa la culpa, siga trabajando en órganos como este».
«Y Odalys, su mano derecha en vivienda, son unas víboras».
El presente: casi un año en la calle
Zunilda describe su situación actual:
«Llevo casi un año en la calle con mi niño, por qué vivienda no me da el derecho».
Ha pedido un albergue, un local, a Odarmis y Odalys.
«Su respuesta fue: ‘Vivienda ya no da local ni albergue'».
«Le dije que hago, y me dijo: ‘No sé’. Mira qué respuesta da una directora de vivienda, donde me vio con el niño».
El perfil de la denunciante: una trabajadora social
Zunilda cierra con una reflexión sobre la injusticia:
«Soy una madre trabajadora social de este país, ayudo a todos, y mira la injusticia que hacen estas dos víboras de vivienda».
Las pruebas
La denuncia incluye documentos que acreditan la propiedad y los trámites realizados.






Resumen:
Zunilda Baró Coromina, madre de un niño de 10 años y trabajadora social, denuncia que lleva casi un año en la calle porque la directora de Vivienda de San Miguel del Padrón, Odarmis Goitizolo Capote, una funcionaria con antecedentes por delitos similares, está actuando en complicidad con el padre de su hijo, Alexis Barrios Pérez, para despojarla de la casa que él mismo le regaló. Zunilda pagó 60,000 pesos para legalizar la propiedad. Ahora, la directora y su mano derecha, Odalys, le niegan incluso un albergue.
Conclusión:
Este caso es un ejemplo más de cómo la corrupción enquistada en las direcciones de vivienda puede arruinar la vida de personas inocentes. Una madre trabajadora social, que dedicó su vida a ayudar a otros, se encuentra hoy en la calle con su hijo de 10 años porque una funcionaria con antecedentes —que debería estar inhabilitada— ha sido sobornada para despojarla.
La respuesta de la directora —»No sé»— cuando una madre le pregunta qué hacer con su niño, es la muestra más cruel de la deshumanización de ciertos funcionarios. Zunilda no pide un favor, pide lo que le corresponde por derecho. Pero la ley, en este caso, está del lado de quien paga.
Las autoridades de la Fiscalía, la Contraloría y el Partido en La Habana tienen la palabra. Odarmis Goitizolo Capote ya fue sancionada antes. ¿Cuántas denuncias más harán falta para que sea separada definitivamente? ¿Y qué pasará con Zunilda y su hijo mientras tanto?














