Jorge Luis Ojeda Reyes lleva meses preso en Las Tunas por el testimonio de una víctima que dice haberlo reconocido encapuchado, en la oscuridad. Su esposa detalla graves irregularidades: instructora que pide transporte, jefe que niega permisos y testigos que lo ubican en otro lugar.
Una carta desgarradora, enviada por la esposa de un hombre preso, llega a esta redacción para denunciar lo que califica como un proceso penal viciado de irregularidades e injusticia flagrante. El caso, ocurrido en el municipio Puerto Padre, Las Tunas, tiene como víctima acusada a Jorge Luis Ojeda Reyes, trabajador del central Antonio Guiteras, y como victimaria, según su familia, a un sistema judicial que opera con negligencia y desprecio por la verdad.
El hecho y la acusación «imposible»
El 15 de noviembre de 2025, en el poblado de Delicias, le robaron una «balita de gas licuado» a la ciudadana Kelly Rodríguez Rodríguez. Ese mismo día, la instructora Lismary Cruz Pérez citó como principal sospechoso a Jorge Luis.
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La base de la acusación es, según la familia, física y lógicamente insostenible. La instructora les informó que la víctima, Kelly Rodríguez, declaró haber reconocido a Jorge Luis como el autor porque:
- Lo vio «encapuchado».
- Lo vio «con una enguatada negra».
- Lo identificó «a 4 metros de distancia».
- Esto ocurrió mientras ella «se había subido en la taza del baño» y miraba «por la ventana cerrada».
- El hecho ocurrió entre las 5:00 y 5:10 AM, en un horario de «baja visibilidad».
- «Ese día no había corriente» (no había luz eléctrica).
Para la familia, es «no es posible que una buena persona se encuentre detenida por la identificación dudosa de la víctima porque nadie sin luz eléctrica, encapuchado, y en horario de baja visibilidad conozca a una persona».
Las graves irregularidades en la instrucción
La denuncia detalla una cadena de fallas procesales que habrían condenado a un inocente:
- Instructora que condiciona su trabajo: Cuando la familia señaló que había testigos en San Manuel (donde vive Jorge Luis) que lo ubicaban allí a la hora del robo, la instructora Lismary Cruz primero dijo que su jefe, Adrián Tillez (Jefe de Instrucción), no le daba permiso para ir. Luego condicionó la toma de declaraciones: «voy a ir pero tienes que ponerme transporte de ida y regreso». La familia, desesperada, accedió. La instructora fue en un triciclo eléctrico y regresó en una moto particular.
- Limitación arbitraria de testigos: A pesar de haber más de 5 testigos, la instructora «solo llevó 3 modelos» de declaración y solo tomó declaración a tres personas, dejando fuera a testigos clave como Yadira Pérez, quien estaba en el hospital con un hijo enfermo.
- Cambio de versión y obstrucción: Tras una queja de la familia en la Oficina de Atención al Ciudadano en Las Tunas, la instructora cambió su postura y dijo que ya no podía tomar declaraciones porque el caso había pasado a fiscalía, y que los testigos debían ser llevados a la unidad policial.
- Falta de diligencia básica: La familia cuestiona por qué, si la policía estaba tan segura, no registró su domicilio, no hizo un experimento de instrucción para verificar la visibilidad (la instructora alegó que «su jefe no se lo había orientado») y no investigó más a fondo a la víctima y su testimonio.
- Negativa injusta a cambiar la medida cautelar: La abogada defensora Soraida pidió cambio de medida (de prisión preventiva a otra menos severa) basándose en los testigos de descargo. La fiscalía negó la solicitud argumentando que esas declaraciones «se debieron tomar desde el inicio», castigando así al acusado por las fallas de la propia instructora policial.
El llamado de una familia desesperada
La esposa, que firma la carta, se presenta como una «ciudadana cubana que no tolera las ilegalidades», «honrada, trabajadora e íntegra a las organizaciones de masa de la Revolución». Su pedido es claro y urgente:
- Que se investigue el mal trabajo de la instructora Lismary Cruz Pérez.
- Que se realice un cambio de instructora penal.
- Que el caso pase a la Fiscalía Provincial de Las Tunas, pues no confían en las autoridades locales.
- Que se revise el caso porque su esposo «es inocente y no es justo que pague por algo que no cometió».
Adjunta fotos de los involucrados: la víctima acusadora Kelly Rodríguez, la instructora Lismary Cruz Pérez, el jefe de instrucción Adrián Tillez y su esposo Jorge Luis Ojeda Reyes.
Resumen: Jorge Luis Ojeda Reyes está preso en Las Tunas acusado de robar una balita de gas. Su familia denuncia que la acusación se basa en un reconocimiento imposible (de noche, sin luz, a 4 metros de un hombre encapuchado) y detalla irregularidades graves: la instructora Lismary Cruz condicionó la toma de declaraciones de testigos a que le pagaran el transporte, limitó arbitrariamente el número de testigos y su jefe, Adrián Tillez, negó permisos. La fiscalía rechazó cambiar la medida cautelar a pesar de las pruebas de descargo. La familia pide una investigación del trabajo policial y que el caso sea asumido por la fiscalía provincial.
Nota:
Este caso es un manual de cómo la negligencia y la mezquindad pueden fabricar un preso. No se necesita una conspiración, basta con una instructora que ve su trabajo como un favor por el que hay que pagar el pasaje, un jefe que niega permisos por sistema y una fiscalía que prefiere cerrar el caso rápidamente antes que reconocer errores garrafales. Mientras, un hombre pudre en prisión por el robo de una balita de gas, un objeto de ínfimo valor, sobre la base de un testimonio que desafía las leyes de la óptica. La esposa, que se declara revolucionaria, no denuncia a enemigos del sistema, sino a la podredumbre dentro de sus propias instituciones. Es la tragedia del ciudadano común atrapado en la maquinaria indiferente de una justicia de pacotilla.
