La ciudad de Key West, en los Cayos de Florida, ha revertido su decisión de cortar lazos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, reanudando su participación en un controvertido programa federal. La medida se produce tan solo una semana después de que la comisión local votara para anularlo, evidenciando la intensa presión ejercida desde el gobierno estatal. El acuerdo entre Key West e ICE vuelve a estar vigente.
Una Marcha Atrás Forzada por Amenazas Legales
A principios de julio, la Comisión de Key West había votado 6 a 1 para desvincularse del programa federal 287(g), un convenio que delega funciones migratorias a las fuerzas del orden locales. Los comisionados argumentaron que esta colaboración generaba un «clima de miedo» que erosionaba la confianza entre la comunidad inmigrante y la policía.
Sin embargo, la respuesta del estado fue inmediata y contundente. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtió a la ciudad que su postura violaba la ley estatal que prohíbe las «ciudades santuario». A través de una carta y declaraciones públicas, Uthmeier amenazó con destituir a los comisionados si no restablecían el acuerdo, afirmando que el no hacerlo constituiría una violación de la ley.
“Espero que Key West elija el camino fácil y no el difícil”, declaró el fiscal general, anticipando una respuesta legal por parte del estado.
Bajo esta creciente presión, la comisión se reunió nuevamente y, en una tensa sesión marcada por los abucheos del público, revirtió su decisión con 4 votos a favor y 2 en contra. La resolución final justifica el cambio para cumplir con la ley estatal y «garantizar la seguridad de sus residentes».
¿Qué es el Polémico Programa 287(g)?
El programa 287(g), creado en 1996, permite a las agencias policiales locales y estatales firmar acuerdos con ICE para que sus agentes actúen en funciones de inmigración. A través de este convenio, los oficiales locales reciben entrenamiento y autorización para:
- Interrogar a personas sobre su estatus migratorio tras una detención.
- Emitir órdenes de detención migratoria para mantener a individuos bajo custodia.
- Colaborar directamente en la entrega de personas a las autoridades federales para su deportación.
Este modelo de cooperación, impulsado durante la administración Trump, ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, que lo consideran una herramienta que criminaliza a las comunidades migrantes. Para más información, se puede consultar la página oficial del programa 287(g) de ICE.
Florida: Una Política Migratoria Unificada y de Mano Dura
Con esta decisión, Key West se alinea con el resto del estado. Actualmente, Florida es el único estado del país donde la totalidad de sus 67 condados han firmado acuerdos 287(g). La administración del gobernador Ron DeSantis ha promovido activamente una política de tolerancia cero con las ciudades que intenten limitar su cooperación con las autoridades migratorias, amparándose en la Sección 908.103 de los Estatutos de Florida.
Otras ciudades como Miami y Hialeah también han formalizado su adhesión, aunque no sin controversia. En Miami, el comisionado Damián Pardo calificó el programa como «tóxico para la comunidad inmigrante», advirtiendo que generará temor y represión. Pese a ello, las autoridades locales defienden la medida como una herramienta necesaria para la seguridad pública, citando arrestos recientes en los Cayos de individuos indocumentados acusados de delitos graves.
