La jueza cubana María Elena Fornari Conde, quien recientemente fue objeto de sanciones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos debido a su presunta implicación en violaciones de derechos humanos contra opositores, ha reaccionado con sorpresa tras conocer la medida. Su reacción fue difundida a través de una conversación telefónica divulgada por el periodista Mario Vallejo, de Univisión 23.
Fornari Conde afirmó en la llamada que no es abogada profesional, sino que ejerce como juez lego, una figura judicial existente en Cuba que permite a personas sin estudios formales de Derecho participar en la composición de tribunales. Mientras el gobierno cubano presenta esta figura como una expresión de participación popular, organizaciones defensoras de los derechos humanos argumentan que esta estructura a menudo actúa al servicio del poder político, sin garantías reales de independencia judicial.
Negación de Implicación en Juicios Políticos
Durante la conversación telefónica, Fornari, quien reside en el municipio La Lisa, en La Habana, rechazó categóricamente haber formado parte de juicios contra opositores. «No se puede estar juzgándome de algo que usted desconoce y yo desconozco también. Hay que tener mucho cuidado de estar juzgando a la gente así», declaró la jueza cubana sancionada por EEUU con un tono de advertencia.
Aseguró que su participación se limita a casos de delitos comunes, como robos o accidentes, y que nunca ha estado involucrada en procesos de naturaleza política. Cuando el periodista Vallejo le inquirió sobre las acusaciones específicas que motivaron la sanción, Fornari respondió que se informaría al respecto con su tío, a quien describió como «de los derechos humanos», sin ofrecer más detalles sobre esta figura familiar.
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En un intento por desmarcarse de decisiones judiciales controvertidas, Fornari afirmó que, como juez lego, su papel consiste en «tener pruebas, defender a las personas, discutir, debatir». La conversación se tornó tensa cuando intervino la hija de la jueza, quien cuestionó al periodista sobre su identidad y lo acusó de violar la ley. Resultó llamativo también el aparente desconocimiento de Fornari sobre figuras clave de la política estadounidense como el senador Marco Rubio (identificado erróneamente como Secretario de Estado en la fuente original), un abierto crítico del régimen cubano.
Fundamento de las Sanciones de EEUU y el Caso Luis Robles
La inclusión de María Elena Fornari Conde en la lista de sancionados por el gobierno estadounidense contradice sus declaraciones. Washington la responsabiliza, junto a otros tres funcionarios judiciales, por su rol en el juicio del joven manifestante Luis Robles Elizástigui. Robles fue condenado por protestar pacíficamente en La Habana en 2020, portando un cartel que pedía libertad y el fin de la represión en la isla. Fue liberado a inicios de este año, tras cumplir gran parte de su sentencia.
El Departamento de Estado anunció el miércoles las sanciones contra Fornari y otros tres jueces del Tribunal Provincial Popular de La Habana, prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos junto a sus familiares directos. Según el comunicado oficial, «estos funcionarios del régimen y sus familias no son elegibles para ingresar a Estados Unidos», por haber sido parte de procesos judiciales considerados simulados y arbitrarios. Estas sanciones se enmarcan en la política de la Administración Trump (según la fuente) de castigar a quienes participen en actos represivos en Cuba. Para información sobre sanciones, se puede consultar el Departamento del Tesoro de EEUU.
El propio Marco Rubio lanzó una advertencia directa al régimen, asegurando que los funcionarios que violen los derechos humanos del pueblo cubano enfrentarán consecuencias concretas. «Hoy, Estados Unidos responsabiliza a tres jueces cubanos y a un fiscal cubano por su papel en la detención arbitraria de Luis Robles Elizástigui. Con esta acción, estos individuos ya no son elegibles para entrar a nuestra nación», afirmó en X. La inclusión de jueces legos en este tipo de medidas también pone en el centro del debate la legitimidad de esta figura dentro del sistema judicial cubano. «Estas sanciones son un mensaje claro: quienes participen en la represión no quedarán impunes», concluyó el comunicado de Washington.
