En una victoria judicial clave para miles de inmigrantes, un juez federal de Washington D.C. ha bloqueado temporalmente las directivas de la administración Trump que permitían la deportación acelerada de beneficiarios del parole humanitario. La decisión representa un importante revés para la agenda de mano dura de la Casa Blanca y ofrece un respiro crucial a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua que enfrentaban una amenaza de expulsión inminente.
El análisis de este fallo, emitido por la jueza Jia Cobb, revela un freno directo a los intentos del gobierno de desmantelar, por vía rápida, las protecciones otorgadas a personas que ingresaron legalmente al país bajo programas humanitarios establecidos por la administración anterior de Joe Biden. Es, en esencia, un choque entre el poder ejecutivo y el judicial sobre el destino de cientos de miles de personas.
Las Tres Directivas de Trump que Quedan Invalidadas
La sentencia de la jueza Cobb no es una medida general, sino que apunta y anula específicamente tres órdenes que formaban la columna vertebral de esta nueva política de deportación. Esto es lo que el fallo dejó sin efecto:
- Un memorando del 23 de enero que ampliaba el uso de la deportación acelerada (expedited removal).
- Una orden de ICE del 18 de febrero que autorizaba explícitamente la deportación de inmigrantes con parole.
- Un aviso del 25 de marzo que revocaba de manera específica el parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Al invalidar estas tres directivas, la jueza impide que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueda detener y deportar a migrantes que, a pesar de tener un estatus legal de parole, se presentaban a sus citas de corte con el riesgo de ser expulsados del país.
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Un Respiro para Miles, Pero la Batalla Legal Continúa
El impacto humano de esta decisión es inmenso. Tan solo en la comunidad cubana, más de 110,000 personas han sido admitidas bajo el parole humanitario. De ellas, unas 26,000 estaban en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que aún no cumplían el año y un día de residencia necesario para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y regularizar su estatus de forma permanente.
Para estas familias, el fallo no es una solución definitiva, pero sí una victoria parcial que detiene el reloj de la deportación y les permite seguir luchando por su permanencia en el país.
Sin embargo, la comunidad migrante y sus abogados son cautelosos. Este fallo es solo una pieza en un tablero legal más grande. Un tribunal de apelaciones en Boston está evaluando el caso de fondo: si la administración Trump tiene la autoridad legal para cancelar de forma masiva y generalizada el programa de parole humanitario. El futuro de todo el programa pende de ese hilo, y es previsible que, sea cual sea el resultado, el gobierno intente llevar el caso hasta la Corte Suprema, donde ya ha cosechado victorias en materia migratoria.
