Un funcionario de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) de Jagüey Grande denuncia que fue sancionado y separado de su trabajo sin investigación ni medidas precisas después de actuar contra un TCP de la autopista nacional que está respaldado por la viceintendente Maite y el intendente Dominguito. Afirma que el 90.9% de las figuras del gobierno y el Partido en Jagüey incurren en complicidad con el desvío de recursos, y que los inspectores que hacen bien su trabajo son castigados.
Un funcionario de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) del municipio Jagüey Grande, en Matanzas, ha contactado a nuestra redacción para denunciar lo que califica como una sanción injusta, derivada de haber cumplido correctamente con su trabajo. Su testimonio revela una red de protección a comerciantes ilegales por parte de las máximas autoridades del gobierno municipal, y un sistemático castigo a los inspectores que intentan aplicar la ley.
El denunciante: un inspector sancionado por hacer bien su trabajo
El funcionario, que pide mantener su identidad en reserva, explica que fue separado de su trabajo de manera injusta después de actuar contra un TCP (trabajador por cuenta propia) en la autopista nacional. Este TCP, según la denuncia, está respaldado por la viceintendente Maite y el intendente, conocido como Dominguito.
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- «Actué en un TCP en la autopista nacional donde son respaldados por las personas del gobierno (viceintendente Maite e intendente alias Dominguito)».
- «Por ser respaldados por el cuerpo administrativo de Jagüey, fui separado injustamente de mi trabajo sin investigaciones ni medidas precisas».
La corrupción generalizada: el 90.9% de las figuras públicas implicadas
El denunciante ofrece un dato escalofriante sobre la magnitud de la corrupción en el municipio:
- «Por la misma es el 90.9% de las figuras públicas del gobierno y el partido de Jagüey incurre en cómplice de desvíos de recursos para obtener beneficios».
Es decir, la casi totalidad de las autoridades locales estarían involucradas en prácticas corruptas.
El modus operandi: protección a ilegales y bloqueo a inspectores
El inspector describe cómo opera el sistema:
- «No sólo en autopista nacional, también en otros locales, donde ellos los respaldan y no dejan a los inspectores ejercer su trabajo».
- «Donde quiera que existe una violación, están ellos detrás como intermediarios, basados en su corrupción y desvío de recursos en áreas estatales como particulares».
La consecuencia: inspectores castigados, ilegales protegidos
El resultado de esta situación es que los inspectores que cumplen con su deber son sancionados, mientras los comerciantes ilegales, protegidos desde arriba, continúan operando con total impunidad.
El impago del salario: un castigo adicional
El denunciante añade que, tras 3 meses separado de su trabajo injustamente, no le quieren pagar el salario que se ganó «con estímulo». Un castigo económico que se suma al laboral.
La venta ilegal de otros municipios
El inspector denuncia también que en Jagüey se autoriza a vendedores ilegales de otros municipios a realizar «ventas de forma excesiva y especulativa», respaldados por Maite y Dominguito. Estos funcionarios permiten precios que «van en contra de su ética profesional y de los decretos establecidos».
Resumen: Un inspector de la DIS en Jagüey Grande denuncia que fue separado injustamente de su trabajo después de actuar contra un TCP de la autopista nacional protegido por la viceintendente Maite y el intendente Dominguito. Afirma que el 90.9% de las figuras del gobierno y el Partido en Jagüey están implicadas en desvío de recursos y corrupción. Los inspectores que hacen bien su trabajo son castigados, mientras los ilegales son protegidos. Lleva 3 meses sin cobrar su salario. También se autoriza a vendedores de otros municipios a vender de forma especulativa, con el respaldo de las mismas autoridades.
Nota: Esta denuncia, procedente de un funcionario que cumplió con su deber y fue castigado por ello, es una prueba más de que la corrupción en algunos municipios cubanos no es una excepción, sino la norma. El 90.9% de las figuras públicas implicadas, según el denunciante, es un porcentaje que habla de una institucionalidad completamente capturada por intereses particulares.
Maite y Dominguito, desde sus cargos, no solo protegen a comerciantes ilegales, sino que bloquean a los inspectores que intentan hacer su trabajo. Y cuando algún funcionario se atreve a aplicar la ley, es separado injustamente y además se le niega el salario.
Las autoridades de la Contraloría, la Fiscalía y el Partido en Matanzas tienen la palabra. Pero la pregunta es: ¿quién investigará a unos funcionarios que controlan el 90.9% del gobierno local? El inspector que ha hablado, arriesgando su puesto y su salario, merece al menos que su denuncia sea escuchada. Y el pueblo de Jagüey Grande merece vivir sin la mafia que, desde el gobierno, protege a los especuladores y castiga a los honestos.
