Influencers brasileñas condenadas a 12 años de cárcel por racismo

Las influyentes brasileñas Kérollen y Nancy, reconocidas por su masiva presencia en TikTok con más de 13 millones de seguidores, han sido sentenciadas en Brasil a 12 años de prisión por actos de racismo que quedaron evidenciados en un video viral que publicaron en 2023. Este incidente, que buscaba capitalizar la atención en redes sociales, terminó con un severo castigo legal para las creadoras de contenido.

El video en cuestión las muestra interactuando con niños afrodescendientes de entre 9 y 10 años. Durante la dinámica, les ofrecieron plátanos y monos de peluche, además de la opción de elegir entre un premio en efectivo o un «regalo misterioso». Las acciones fueron ampliamente criticadas por su carácter humillante y racista, memanfaatkan la vulnerabilidad de los menores para la generación de contenido y la posible monetización.

La jueza responsable del caso, Simone de Faria Ferraz, del Primer Tribunal Penal de San Gonzalo en Río de Janeiro, criticó duramente las acciones de las influencers. Según la magistrada, el intento de «ridiculizar la ilusión de los niños, tratándolos como animales», demostró una falta de empatía y un uso cruel del contenido para fines lucrativos. La justicia consideró que, al ser figuras públicas con gran alcance, debían ser conscientes del impacto de sus actos, especialmente aquellos que podían perpetuar estereotipos racistas.

La sentencia no solo implica una pena de 12 años de cárcel, sino que también exige una indemnización de aproximadamente $3,600 (20,000 reales) para cada uno de los niños afectados por este acto. Esta decisión judicial subraya la creciente intolerancia hacia el contenido racista en las plataformas digitales y la responsabilidad que recae sobre los creadores de contenido.

Las influencers argumentaron que no existía una intención racista detrás de su video, pero la jueza desestimó estas justificaciones, enfatizando la obligación de las figuras públicas de actuar con responsabilidad y respeto, especialmente al dirigirse a audiencias jóvenes y vulnerables. El caso pone de manifiesto las graves consecuencias legales y sociales que puede acarrear la búsqueda de viralidad sin considerar la ética y el impacto del contenido.

Este incidente sirve como un recordatorio contundente de que la libertad de expresión en las redes sociales no es absoluta y debe ejercerse con responsabilidad y respeto hacia los demás. Las leyes contra la discriminación racial y la incitación al odio se están aplicando cada vez con más rigor, especialmente en el ámbito digital, donde el contenido puede tener un alcance global y un impacto significativo en la percepción pública y el comportamiento.

La condena de Kérollen y Nancy envía un mensaje claro a otros creadores de contenido sobre las consecuencias de sus acciones. La búsqueda de fama y dinero en plataformas como TikTok no debe realizarse a expensas de la dignidad humana ni de la promoción de valores positivos. La justicia brasileña ha actuado para sancionar un acto que, más allá de la viralidad buscada, representó una grave ofensa y un daño psicológico a los menores involucrados.

Este caso también resalta la importancia de la educación en valores y el respeto por la diversidad desde edades tempranas. La exposición a contenido que normaliza o trivializa el racismo puede tener efectos perjudiciales en el desarrollo de la identidad y la autoestima de los niños, especialmente aquellos pertenecientes a grupos históricamente marginados. Es fundamental que las plataformas digitales y los creadores de contenido asuman una postura activa en la lucha contra la discriminación.

Además de las repercusiones legales, el caso ha generado un debate en Brasil y en el mundo sobre la ética en la creación de contenido y la responsabilidad de los influencers. La comunidad online ha reaccionado mayoritariamente en contra de las acciones de Kérollen y Nancy, exigiendo justicia y pidiendo mayor regulación para evitar que este tipo de incidentes se repitan. La sentencia emitida busca no solo castigar a las culpables, sino también sentar un precedente para la protección de los derechos de los menores y la promoción de un entorno digital más seguro e inclusivo.