En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío aseguró que en Cuba no hay manifestantes encarcelados por protestar contra el gobierno. “Arbitrariamente, no”, afirmó durante una entrevista con el periodista Mehdi Hasan, del medio Zeteo, desestimando los informes internacionales que documentan centenares de detenciones por motivos políticos en la isla.
Frente a las preguntas incisivas del entrevistador, quien citó los reportes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch que acusan al gobierno cubano de represión sistemática, Fernández de Cossío cuestionó la credibilidad de estas organizaciones. Las calificó de carentes de pruebas y las acusó de estar financiadas por entidades contrarias al régimen de La Habana.
“¿Qué pruebas han presentado? Nosotros no conocemos de ningún caso”, insistió el diplomático, quien además defendió el modelo político cubano y atribuyó la crisis económica que vive el país a las sanciones estadounidenses. “Estados Unidos trata de desconectar a Cuba de la economía mundial. ¿Qué país puede sostenerse así?”, se preguntó.
Sin embargo, los datos de organizaciones independientes cuentan otra historia. Según el más reciente informe de Prisoners Defenders, con sede en Madrid, Cuba cerró el mes de agosto de 2025 con 1.185 presos políticos y de conciencia, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Solo en ese mes, ingresaron 13 nuevos reclusos por causas políticas.
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Entre los casos documentados destaca el de la activista Aymara Nieto Muñoz, excarcelada bajo la condición de abandonar el país. Nieto fue trasladada directamente desde la prisión al aeropuerto, sin oportunidad de despedirse de su hija mayor, y deportada a República Dominicana junto a su familia.
El informe también revela que al menos 33 de los actuales presos políticos fueron detenidos cuando aún eran menores de edad, y que 122 mujeres permanecen encarceladas por motivos políticos o de conciencia. Además, se registraron 24 muertes bajo custodia estatal en los primeros seis meses del año, junto a 160 denuncias por torturas y malos tratos.
Mientras el vicecanciller hablaba en Nueva York de la no existencia de represión, las cifras sobre el terreno parecen refutar, con nombres y apellidos, su versión de los hechos.
