La administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha intensificado su postura contra la inmigración ilegal al presentar un plan estatal detallado que podría redefinir la política migratoria a nivel local. Esta Florida ofensiva migratoria de DeSantis propone que el estado actúe con o sin la intervención del gobierno federal, asumiendo funciones que tradicionalmente han sido competencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según reportó Telemundo 51, se trata de una estrategia sin precedentes en Estados Unidos. Un documento de 37 páginas, entregado al DHS por la administración DeSantis y citado por medios locales como el Miami Herald, detalla cómo Florida se prepara para convertirse no solo en un colaborador de Washington, sino en un actor independiente en la gestión de la inmigración.
Movilización de Agencias Estatales y Objetivos del Plan
La propuesta de la Florida ofensiva migratoria de DeSantis incluye la movilización de diversas agencias estatales. Entre ellas se cuentan la Guardia Nacional, el Departamento de Salud, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC), y la División de Administración de Emergencias. Estas entidades estarían encargadas de ejecutar tareas de identificación, detención, traslado e incluso deportación de inmigrantes indocumentados.
“El propósito de este documento es proponer una hoja de ruta para el importante papel que el Estado de Florida puede desempeñar al ayudar al gobierno federal a combatir la inmigración ilegal durante las emergencias actuales y en el futuro”, se lee textualmente en el informe. El enfoque de DeSantis se alinea claramente con la agenda antiinmigrante del expresidente Donald Trump, con quien el gobernador mantiene una estrecha relación política. Florida busca «aliviar la presión sobre socios federales como el ICE y la CBP» y posicionarse como «un socio clave en los esfuerzos de deportación masiva de Trump». Parte de esta propuesta ya ha comenzado a implementarse con operaciones como la denominada “Operación Marea”.
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Desafíos Legales y Constitucionales de la Ofensiva Migratoria de DeSantis
Para varios expertos legales, el plan de la Florida ofensiva migratoria de DeSantis supone un claro desafío constitucional. “Hace 10 o 15 años, la línea era muy clara: la inmigración era asunto federal. Punto. Pero eso ha ido cambiando”, explicó el comentarista político Alex Penelas. Sin embargo, el abogado de inmigración Eduardo Soto advierte que el «Estado de la Florida no tiene autoridad legal para deportar a nadie» y que «esa es una función federal y exclusiva del Departamento de Seguridad Nacional”.
Soto aclara que si bien Florida puede participar en tareas de detención y traslado, no puede tomar decisiones sobre la expulsión o permanencia de migrantes, ya que eso violaría el debido proceso garantizado por la ley estadounidense. “Cualquier persona que ha vivido en Estados Unidos por más de dos años tiene derecho absoluto a una audiencia ante un juez antes de ser deportada físicamente”, recordó.
Alcance Operativo Sin Precedentes del Plan Estatal
La propuesta de la Florida ofensiva migratoria de DeSantis incluye aspectos operativos de gran envergadura:
- Creación de centros de detención: Se prevé habilitar instalaciones temporales con capacidad para albergar hasta 10,000 inmigrantes, que podrían montarse en 72 a 96 horas, con el apoyo de 12 proveedores de logística.
- Agentes entrenados bajo la ley 287(g): Florida cuenta con más de 270 acuerdos activos bajo este programa federal que permite a policías locales ejercer funciones migratorias. DeSantis ha presumido que su estado lidera esta iniciativa.
- Formación de jueces de inmigración: El plan contempla entrenar a defensores generales de la Guardia Nacional para que actúen como jueces de inmigración en audiencias remotas, una medida duramente criticada.
- Programa de autodeportación: Se reintroduce un plan para facilitar la salida voluntaria del país a personas sin antecedentes penales, con costos cubiertos inicialmente por el estado, que luego buscaría reembolso del ICE.
- Apoyo logístico y de transporte: Se han coordinado sistemas de traslado a nivel estatal para movilizar detenidos.
Cifras de Inmigración en Florida y el Impacto del Plan
Florida es uno de los estados con mayor población indocumentada en EE. UU. Según el Pew Research Center, en 2024 residían aproximadamente 1,2 millones de personas sin estatus legal, mientras que el DHS estimaba cerca de 590,000 en 2022. El estado cuenta con unos 47,000 agentes del orden público, muchos entrenados mediante acuerdos con el ICE, fuerza clave para ejecutar la Florida ofensiva migratoria de DeSantis.
Críticas y Preocupaciones por Extralimitación del Poder Estatal
Numerosos expertos y defensores de derechos civiles han expresado su profunda preocupación. Alex Howard, exportavoz del DHS durante la administración Biden, fue tajante: “Este plan descarta el debido proceso. Faculta al estado para arrestar, detener y deportar sin una supervisión federal significativa, a la vez que exige que Washington pague por acciones que el DHS nunca autorizó”. Howard advirtió que el plan “se parecía menos a una estrategia policial y más a algo propio de La Habana, Managua o Caracas”. Organizaciones defensoras temen que iniciativas como la ley 287(g) deterioren la confianza entre comunidades y policía.
Analistas coinciden en que la estrategia tiene un trasfondo electoral, buscando consolidar la imagen de DeSantis como defensor de la “ley y el orden”. La gran incógnita es si este ambicioso plan se implementará plenamente sin enfrentar una oleada de demandas judiciales. El gobierno federal aún no ha emitido respuesta oficial, pero el conflicto jurisdiccional promete escalar.
