Campesinos y vecinos de Yara denuncian que la cooperativa Benilde Orozco, bajo la dirección de Yuniel Montero, se convirtió en el centro de una red de corrupción que desvió toneladas de arroz y productos agrícolas hacia Matanzas, Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba. Operaba con el aval de la exsecretaria del PCC Niurka Alarcón, el intendente Lázaro Gómez y el funcionario provincial Aresqui Hernández, quien autorizaba las salidas. Lograron un crédito de 50 millones de pesos del Banco Popular de Ahorro de Yara (sucursal 7512) con la complicidad de su directora, Yanet Pacheco. Hoy la deuda con campesinos supera los 50 millones, y el pueblo de Yara paga el arroz a 210 pesos la libra mientras los responsables —que antes no tenían ni zapatos— ahora tienen motos, carros y mansiones.
Una extensa denuncia ciudadana expone la magnitud de la corrupción en la CCSF Benilde Orozco Aroche, una de las cooperativas más importantes del municipio Yara, Granma. Campesinos y vecinos del territorio revelan cómo una red de funcionarios, encabezada por el presidente de la cooperativa Yuniel Montero, la exsecretaria del PCC Niurka Alarcón, el intendente Lázaro Gómez y el funcionario provincial Aresqui Hernández, saqueó la producción de arroz y otros productos agrícolas durante años, dejando al municipio desabastecido y a los campesinos con deudas millonarias.
Los protagonistas: una red de poder en Yara
La denuncia identifica a los principales responsables:
Te Puede Interesar:
- Yuniel Montero Macías: Presidente de la CCSF Benilde Orozco, delegado del Poder Popular (que apenas asistía a las sesiones), figura central del desfalco.
- Niurka Alarcón Gómez: Ex primera secretaria del PCC en Yara (destituida por corrupción en febrero de 2026 ).
- Lázaro Gómez: Intendente municipal de Yara.
- Aresqui Hernández Ramírez: Funcionario del Gobierno Provincial de Granma que atiende la agricultura. Aparece en medios oficiales como vocero del sector.
- Yanet Pacheco: Directora de la sucursal 7512 del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Yara.
El crédito: 50 millones de pesos
La denuncia revela la operación financiera que permitió el desfalco:
- «La Benilde Orozco debe una deuda millonaria que supera los 50 millones de pesos al Banco Popular de Ahorro de Yara, sucursal 7512».
- «Dicho crédito revolvente fue gestionado a través de Niurka Alarcón Gómez y Lázaro Gómez, con Yanet Pacheco, directora de la sucursal bancaria».
El negocio: arroz para otras provincias
El modus operandi era sistemático:
- «Montero compraba arroz y productos agrícolas a los campesinos para sacarlos fuera de la provincia y venderlos en Matanzas, Holguín, Camagüey y Santiago de Cuba».
- «Niurka Alarcón y Lázaro Gómez recibían su porcentaje de las ventas».
- «Las salidas semanales de un contenedor de arroz se autorizaban con el consentimiento de Aresqui Hernández, funcionario del Gobierno Provincial, quien obtenía su parte por los documentos de autorización».
La deuda con campesinos: más de 50 millones
Los campesinos de Yara son los más afectados:
- «Montero es responsable del pago y la estafa del arroz y del dinero de los campesinos. Más de 50 millones de pesos, más todo el dineral que le debe a los que le dieron el arroz a vender».
El destino: mercados ilegales y hoteles
El arroz desviado terminaba en circuitos ilegales:
- «Mientras el pueblo de Yara sufre desabastecimiento de arroz y hay que pagar a 210 la libra para poder consumir, ellos saquearon el cereal y las viandas».
El ascenso social: de la pobreza a la opulencia
El denunciante traza el contraste:
- «Por eso cada vez son más adinerados quienes eran unos muertos de hambre sin tener un par de zapatos de buena calidad, a penas una bicicleta vieja».
- «Hoy tienen motos de combustión, carros particulares, casas que son mansiones. Todos a costas del pueblo sufrido y del pueblo robado».
La fachada: donaciones y pulóver del Che
Montero y su equipo construyeron una imagen de revolucionarios:
- «Se veía activo demostrando una fachada: ofertaba productos a trabajadores del banco, a la sede del gobierno, a la ONAT, y en Veguitas regalaba cajas de frutas y viandas al materno y a la casa de abuelos».
- «Todo para demostrar una fachada y sentir el apoyo de los dirigentes municipales, mientras por debajo ocultaban la oscuridad».
La justicia ignorada: quejas que no sirvieron
Los campesinos han intentado todas las vías:
- «Hoy la CCSF se sirve de quejas a instancias de Fiscalía, Policía Económica, quejas de los campesinos, denuncias de los vecinos y denuncias de los mismos delegados del Poder Popular».
- «Nada ha pasado».
La exigencia: justicia y desmantelamiento
El denunciante concluye:
- «¿Cómo han permitido el saqueo, el desabastecimiento y la salida del cereal, las viandas y hortalizas?»
- «Se exige que se desmantele la corrupción desde el gobierno municipal. Traidores del pueblo, del campesinado».
Las pruebas
La denuncia incluye fotografías de Yuniel Montero y Yosvanis Reyes, este último mencionado como presidente de la Asamblea Municipal de Yara.
Resumen:
Campesinos de Yara denuncian que la CCSF Benilde Orozco, dirigida por Yuniel Montero, operó una red de corrupción que desvió arroz y productos agrícolas hacia otras provincias. Contaban con el apoyo de la exsecretaria del PCC Niurka Alarcón, el intendente Lázaro Gómez y el funcionario provincial Aresqui Hernández. Lograron un crédito de 50 millones de pesos del BPA de Yara (sucursal 7512) con la complicidad de su directora, Yanet Pacheco. La deuda con campesinos supera los 50 millones. Mientras el pueblo paga el arroz a 210 pesos la libra, los responsables —que antes no tenían ni zapatos— ahora tienen carros y mansiones. Las quejas a la Fiscalía y la Policía Económica no han tenido resultados.
Conclusión:
Esta denuncia describe una de las mayores redes de corrupción documentadas en Granma. Las cifras son escalofriantes: 50 millones de pesos de crédito bancario, otros 50 millones de deuda con campesinos, contenedores semanales de arroz saliendo del municipio hacia otras provincias, y una red que llegaba hasta la propia gobernación provincial.
La participación de Aresqui Hernández, funcionario provincial que aparece en medios oficiales como vocero de la agricultura, es particularmente grave. Si se confirma que autorizaba las salidas ilegales a cambio de dinero, estaríamos ante un caso de corrupción que alcanza al gobierno de Granma.
La Fiscalía y la Contraloría tienen la palabra. Pero los campesinos de Yara, que hoy ven cómo el arroz se vende a 210 pesos la libra mientras ellos no cobran lo que les deben, ya no creen en las investigaciones. Quieren resultados. Y que los responsables —incluyendo a los funcionarios que firmaban los certificados de salida— terminen donde merecen: presos.
