En un intento por contener la desinformación, el Gobierno de Estados Unidos salió este miércoles a desmentir de forma categórica los rumores que vinculan el cierre administrativo federal con un relajamiento de las leyes migratorias. A través de la cuenta oficial “Migración USA Oficial”, la administración aclaró en la red social X: “No hay ningún cambio en las leyes de inmigración de Estados Unidos ni en la aplicación de las leyes fronterizas. Cualquier rumor de que un cierre del gobierno de EE.UU. permitirá la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos es falso”.
El mensaje, dirigido especialmente a audiencias hispanas, añadió con firmeza: “La seguridad fronteriza y los esfuerzos de aplicación de la ley siguen siendo estrictos y cruzar la frontera sin autorización sigue siendo un delito”.
La aclaración se produce en medio del primer cierre del gobierno federal en casi siete años, que entró en vigor a las 00:01 de este miércoles tras el fracaso del Congreso para aprobar una ley de asignaciones presupuestarias. La paralización ha desatado no solo una crisis operativa, sino una intensa batalla narrativa entre demócratas y republicanos, con el presidente Donald Trump en el centro de la contienda.
Efectos inmediatos y ajustes en servicios críticos
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Mientras la Casa Blanca y el Capitolio intercambian acusaciones, varios organismos federales comenzaron a implementar planes de contingencia. La Patrulla Fronteriza del sector de Del Río, en Texas, anunció que su cuenta oficial en redes sociales no se actualizará “hasta que se apruebe la financiación”. En la misma línea, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) suspendió sus publicaciones no esenciales, aunque mantendrá activos los canales críticos para la protección de vidas y propiedades.
A nivel operativo, servicios considerados esenciales –como la Patrulla Fronteriza, el control aéreo, las Fuerzas Armadas y el Servicio Postal– continuarán funcionando, aunque con personal que no percibirá sus salarios hasta que se restablezca la normalidad. No obstante, áreas sensibles como los programas de asistencia alimentaria, las inspecciones de la FDA, los parques nacionales y museos emblemáticos como los del Instituto Smithsonian –incluido el Zoológico Nacional– han suspendido ya sus actividades.
Un pulso político con ramificaciones profundas
El cierre expone una fractura política insalvable entre dos visiones de gobierno. Mientras el bando republicano, liderado por Trump, impulsa recortes presupuestarios y condiciona la financiación a cambios en políticas sanitarias y sociales, los demócratas se resisten a lo que el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, calificó como “un proyecto de ley partidista que continúa destruyendo la atención médica de los estadounidenses comunes”.
Trump, lejos de apaciguar la situación, intensificó la confrontación. “Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas e irreversibles para ellos [los demócratas], como dejar sin empleo a un gran número de personas”, declaró en un tono que refleja la crudeza del momento.
Desde el Partido Demócrata, las críticas han sido igualmente contundentes. El senador Chuck Schumer acusó al mandatario de actuar como “un niño de 10 años” en medio de la crisis, mientras la exvicepresidenta Kamala Harris recordó que “los republicanos están a cargo de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado. Este es su cierre”.
La batalla se libra también en el campo digital
El enfrentamiento se ha trasladado de los pasillos del Capitolio a las redes sociales y los portales oficiales. La Casa Blanca publicó en su sitio web un reloj en tiempo real que contabiliza la duración del cierre, acompañado del mensaje: “Los demócratas han cerrado el gobierno”. Por su parte, los republicanos de la Cámara de Representantes afirmaron en sus canales que la oposición está “priorizando a los inmigrantes indocumentados y perjudicando a los estadounidenses trabajadores”.
Mientras tanto, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) advirtió que, a diferencia de cierres anteriores, esta paralización podría derivar no solo en suspensiones temporales de empleo, sino en despidos permanentes, una posibilidad que ha encendido las alarmas entre los 2,2 millones de empleados federales.
Con el reloj político en marcha y sin señales de acercamiento entre las partes, el cierre del gobierno se perfila no solo como una crisis de financiamiento, sino como un episodio definitorio de la capacidad de gobernar en una era de polarización extrema.
