El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Florida (DOGE) investiga las finanzas del condado de Miami-Dade debido a un déficit de más de 400 millones de dólares, a pesar de un aumento considerable en los ingresos. La auditoría, solicitada a la alcaldesa Daniella Levine Cava, busca esclarecer el manejo de un presupuesto de cerca de 13.000 millones de dólares.
Las razones detrás del interés de DOGE
El DOGE, creado por el gobernador Ron DeSantis, justifica su auditoría por la paradoja de un crecimiento significativo en los ingresos del condado entre 2020 y 2024, mientras se proyecta un déficit superior a los 400 millones para el año fiscal 2025-2026. Entre los datos clave que motivan la investigación destacan un aumento del 29% en los ingresos por impuestos a la propiedad (más de 430 millones de dólares adicionales) y un incremento del 56% en los impuestos sobre alimentos y bebidas (casi 3.000 millones adicionales). DOGE también señala la necesidad de revisar las inversiones en programas como el Green New Deal y las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), además de solicitar documentación específica sobre los costos de proyectos de infraestructura.
El condado tiene hasta el 13 de agosto para responder a la solicitud del DOGE, con la advertencia de posibles sanciones económicas en caso de incumplimiento.
La postura de la alcaldesa Levine Cava
La alcaldesa Daniella Levine Cava defendió la transparencia de su gestión y la responsabilidad fiscal de su administración. Destacó auditorías externas regulares y la disponibilidad de información financiera en línea. Señaló la reducción de gastos administrativos y la tasa impositiva combinada más baja desde 1982 durante dos años consecutivos. Si bien se mostró dispuesta a cooperar, advirtió sobre posibles interferencias con la gobernanza local y el desvío de recursos de servicios esenciales, calificando la auditoría como un «teatro político».
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Divisiones políticas: apoyo, críticas y tensiones locales
La auditoría ha generado un debate político en el condado, con el comisionado republicano Roberto González, quien incluso solicitó la intervención del DOGE, apoyando la investigación, mientras Levine Cava la denuncia como una iniciativa con motivaciones partidistas. El congresista Carlos Giménez también celebró la auditoría en redes sociales, criticando la gestión de Levine Cava.
Este apoyo resalta la pugna política entre la administración demócrata local y el gobierno estatal republicano, donde la fiscalización se entrelaza con intereses electorales.
¿Qué está en juego?
La auditoría llega en un momento crítico, con Miami-Dade enfrentando decisiones difíciles para cerrar el déficit presupuestario, incluyendo posibles recortes a servicios sociales y aumentos de impuestos. La investigación del DOGE se extiende a otros condados de Florida, sugiriendo una estrategia estatal más amplia de fiscalización.
En conclusión, la auditoría de DOGE en Miami-Dade trasciende lo administrativo, convirtiéndose en una batalla política sobre la gestión del gasto público y la legitimidad de la administración local.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.
