Vecinos y afectados denuncian que la Dirección Municipal de la Vivienda opera con «impunidad»: madres con hijos son amenazadas con ser desalojadas («váyanse para debajo de un puente»), documentos se pierden o falsifican, y las denuncias ante la policía (la «Oncena») no proceden. La directora, Odalmis Goitizolo Capote, habría sido sancionada anteriormente por hechos similares, pero «allí está rompiéndole la columna a todos». El denunciante, que prefiere el anonimato por miedo a represalias, afirma que no es la primera vez que ocurre y que varios funcionarios están involucrados. «No tiene fin la corrupción y la impunidad en Vivienda», concluye.
Un ciudadano, que prefiere mantener el anonimato total por temor a represalias —ya que aún está «en proceso» y no sabe si terminará en la calle—, ha contactado a nuestra redacción para denunciar una red de corrupción en la Dirección Municipal de la Vivienda de San Miguel del Padrón, La Habana.
El denunciante no expone su caso particular por dos razones: «uno por ser una persona mayor y dos por miedo a represalias tanto de los funcionarios como de cualquier entidad involucrada». Sin embargo, ha recopilado información de vecinos y afectados, así como denuncias públicas en redes sociales, que revelan un patrón sistemático de estafas, desalojos injustos, pérdida y falsificación de documentos, y enriquecimiento ilícito.
El máximo señalado es la directora, Odalmis Goitizolo Capote, pero el denunciante advierte:
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«No quiero que recaiga todo el peso de la justicia sobre una sola persona, ya que son varios los involucrados en esa red de corrupción dentro de la institución.»
Las situaciones señaladas por la comunidad
El denunciante enumera cuatro patrones de irregularidad que afectan a los ciudadanos, especialmente a madres con hijos:
1. Madres enfrentando riesgos de desalojo
«Algunas han tenido que acondicionar locales abandonados para poder vivir con sus hijos y reportan amenazas de ser desalojadas por funcionarios.»
La frase que utilizan los funcionarios es reveladora de su falta de humanidad:
«Váyanse para debajo de un puente a vivir.»
Madres que luchan por un techo para sus hijos son tratadas como desechos, enviadas a vivir «debajo de un puente». Y los funcionarios que las amenazan son los mismos que deberían protegerlas.
2. Procesos de asignación de viviendas poco claros
«Se han señalado dudas sobre la transparencia de trámites, posibles pérdidas de documentos y decisiones que generan incertidumbre.»
El denunciante sugiere que la «pérdida» de documentos no es accidental, sino una estrategia para alargar los trámites, generar desesperación y, eventualmente, cobrar por «agilizar».
3. Posibles recaudaciones con fines personales
Este es el punto más grave:
«Se presume que algunos pagos gestionados durante los trámites podrían estar vinculados a intereses personales, incluyendo la intención de que ciertos funcionarios abandonen el país.»
No se trata solo de la directora Odalmis Goitizolo Capote, sino también de «otros funcionarios de la dirección y del área de archivo». El denunciante advierte que estos funcionarios podrían estar planeando salir de Cuba con el dinero obtenido de años de extorsión:
«Sobre todo por la información de la posible y próxima salida del país de la dirección con dinero sucio de años de extorsión y años de estafas.»
4. Falta de respuesta institucional
«Casos han sido llevados a la estación municipal de policía conocida como la ‘Oncena’, pero las denuncias no proceden ni se toman medidas, lo que genera sensación de desprotección entre los afectados.»
La policía —la misma que debería investigar y proteger— no actúa. Las denuncias «no proceden». Los afectados se sienten desamparados.
Antecedentes: Odalmis Goitizolo ya habría sido sancionada
El denunciante afirma que esta no es la primera vez que la directora está implicada en hechos de corrupción:
«Según tengo entendido no es la primera vez que la directora está implicada en este tipo de hechos. Creo que fue sancionada, pero allí está rompiéndole la columna a todos.»
Si es cierto que fue sancionada previamente, el hecho de que haya regresado al mismo cargo y siga cometiendo las mismas irregularidades es un indicador brutal de la impunidad en el sistema. Las sanciones no sirven de nada si los corruptos vuelven a sus puestos y continúan robando.
«La impunidad reina en estos casos donde las denuncias no proceden.»
Denuncias previas documentadas: los 60,000 CUP
El denunciante aporta enlaces a publicaciones anteriores que respaldan su testimonio. Una de ellas, de LMS reporta, describe el caso de una madre a la que Odalmis Goitizolo pidió 60,000 CUP para agilizar trámites:
«LMS reporta denunció un caso de una madre a la cual Odalmis le pidió 60,000 CUP para agilizar trámites y donde todo fue una estafa.»
Sesenta mil pesos cubanos es una fortuna. Equivale a más de un año de salario para un trabajador estatal promedio. Una madre desesperada por una vivienda —quizás con hijos pequeños, quizás en riesgo de desalojo— pagó esa suma creyendo que la directora la ayudaría. Y fue una estafa. El dinero se perdió. La vivienda no llegó.
El denunciante añade:
«Existen más denuncias en otros muros personales y páginas de interés. Sólo pude rescatar estas dos.»
No son casos aislados. Es un patrón.
El drama humano: «no sé si terminaré en la calle»
El denunciante, que no expone su caso por miedo, deja entrever su situación personal:
«Tiene que ser conocimiento, recalco una vez más, de la población para que nadie pase por lo que estoy pasando, donde aún no sé si terminaré en la calle.»
Es una persona mayor. Tiene miedo. No sabe si perderá su hogar. No confía en las autoridades —ni en la policía, ni en la dirección de vivienda, ni en nadie—. Su única esperanza es que la denuncia pública, la exposición en los medios, sirva para algo.
«Sólo quiero que se publique para conocimiento general y que nadie tenga que pasar por estos ratos amargos, donde no es suficiente con la vida que lleva el cubano para que arriba de eso aparezcan corruptos como los antes expuestos a pedir dinero y a dejar en la calle a quien construyó con propio esfuerzo y sudor su hogar.»
La frase es desgarradora: la vida del cubano ya es suficientemente dura (escasez, apagones, falta de transporte, precios abusivos). Encima, aparecen los corruptos —los funcionarios que deberían proteger— a pedir dinero, a estafar, a dejar a la gente en la calle.
El temor a las represalias: «preferible mantener anonimato»
El denunciante es explícito sobre su situación:
«Preferible mantener anonimato ante dicha denuncia por ser víctima aún en proceso.»
No es un observador externo. Es una víctima. Está «en proceso» —presumiblemente, con un trámite de vivienda en curso— y teme que si se identifica, las represalias serán inmediatas: su expediente se «extraviará», su caso se «demorará», o directamente perderá su hogar.
«Por favor necesito un total anonimato. Aún estoy en proceso, por eso no redacto mi caso, uno por ser una persona mayor y dos por miedo a represalias tanto de los funcionarios como de cualquier entidad involucrada.»
Su miedo es racional. En Cuba, denunciar corrupción es peligroso. Los funcionarios tienen poder sobre los trámites de vivienda. Pueden hacer desaparecer documentos, retrasar decisiones, o directamente desalojar a quien los denuncia.
Las pruebas: perfil de Facebook de Odalmis Goitizolo
El denunciante aporta el enlace al perfil de Facebook de la directora:
También aporta una fotografía (incluida en el archivo original). Esto permite identificar a la acusada sin lugar a dudas.
Los enlaces a las denuncias previas (LMS reporta y otras) refuerzan la credibilidad del testimonio y demuestran que no es un caso aislado.
El contexto: corrupción en vivienda, un patrón nacional
Esta denuncia sobre la Dirección Municipal de la Vivienda en San Miguel del Padrón se suma a un patrón que hemos documentado en otras provincias:
| Entidad | Corrupto señalado | Hecho principal |
|---|---|---|
| Varias provincias | Funcionarios de vivienda | Cobro de sobornos para agilizar trámites |
| San Miguel del Padrón | Odalmis Goitizolo Capote y otros | Estafa de 60,000 CUP, desalojos injustos, pérdida de documentos |
| (Otros casos documentados) | Funcionarios de vivienda | Amenazas a madres con hijos («váyanse para debajo de un puente») |
El patrón es idéntico al que hemos visto en otros sectores (construcción, transporte, turismo, bancos, gasolineras): funcionarios que usan su poder para extorsionar a la población, que se enriquecen ilícitamente, que planean huir del país con el dinero robado, y que actúan con total impunidad porque las autoridades —incluyendo la policía— no hacen nada.
El esquema real vs. el esquema ideal
En un esquema ideal, una Dirección Municipal de la Vivienda:
- Protege a las familias, especialmente a las madres con hijos.
- No amenaza con desalojos ni envía a nadie «debajo de un puente».
- Los trámites son transparentes y los documentos no se pierden.
- No se cobran sobornos para agilizar.
- Los funcionarios corruptos son sancionados y no regresan a sus cargos.
- La policía investiga las denuncias y protege a las víctimas.
En la Cuba real de abril de 2026, según esta denuncia, ocurre todo lo contrario en San Miguel del Padrón:
- Las madres son amenazadas con vivir «debajo de un puente».
- Los documentos se «pierden» misteriosamente.
- La directora cobra 60,000 CUP por trámites que resultan ser una estafa.
- Ya fue sancionada anteriormente, pero «allí está rompiéndole la columna a todos».
- Los funcionarios planean huir del país con el dinero sucio.
- La policía (la «Oncena») no procede con las denuncias.
- La impunidad reina.
El mensaje para los ciudadanos de San Miguel del Padrón es cruel: si necesitas un trámite de vivienda, prepárate para pagar. Si no pagas, prepárate para perder tu casa. Si denuncias, prepárate para que no te crean. Si eres una madre con hijos, prepárate para oír que te vayas «debajo de un puente».
«No tiene fin la corrupción y la impunidad en Vivienda»
El denunciante cierra su testimonio con una frase que resume la desesperación:
«Bueno, hoy me tocó estar a mí aquí y mañana a quién será. No tiene fin la corrupción y la impunidad en Vivienda del Municipio San Miguel del Padrón.»
Hoy es él. Mañana puede ser cualquier otro ciudadano que necesite un trámite de vivienda. Porque la corrupción no es un accidente, es un sistema. Y mientras las autoridades no actúen, mientras la policía no investigue, mientras los funcionarios corruptos sigan en sus puestos o huyan del país con el dinero robado, no tendrá fin.
Resumen:
Un ciudadano, que prefiere el anonimato por temor a represalias, denuncia una red de corrupción en la Dirección Municipal de la Vivienda de San Miguel del Padrón, La Habana. Señala a la directora, Odalmis Goitizolo Capote, y a otros funcionarios por: estafas (incluyendo un caso documentado de 60,000 CUP para agilizar trámites), amenazas de desalojo a madres con hijos («váyanse para debajo de un puente»), pérdida y falsificación de documentos, y la presunta intención de huir del país con «dinero sucio de años de extorsión». Las denuncias ante la policía (la «Oncena») no proceden. La directora habría sido sancionada anteriormente por hechos similares, pero «allí está rompiéndole la columna a todos». El denunciante concluye: «No tiene fin la corrupción y la impunidad en Vivienda».
Nota final:
La vivienda es un derecho humano básico. En Cuba, el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución. Pero cuando los funcionarios encargados de garantizar ese derecho se convierten en extorsionadores, el derecho se convierte en una ficción.
Odalmis Goitizolo Capote no es una funcionaria ejemplar. Es, según esta denuncia, la jefa de una red de corrupción que ha estafado a madres desesperadas, que ha amenazado a familias con enviarlas a vivir «debajo de un puente», que ha cobrado 60,000 CUP por trámites falsos, y que ahora planea huir del país con el dinero sucio de años de extorsión.
Y la policía —la «Oncena»— no hace nada. Las denuncias no proceden. La impunidad reina.
El denunciante ha pedido anonimato. Lo respetamos. Pero también ha pedido que esto se publique «para conocimiento general». Lo hacemos. Porque nadie más debería pasar por lo que él está pasando. Porque ninguna madre con hijos debería escuchar que se vaya «debajo de un puente». Porque ningún ciudadano debería tener que pagar 60,000 CUP para que le agilicen un trámite que ya debería ser gratuito y transparente.
Las autoridades del Instituto de la Vivienda, la Contraloría General, la Fiscalía, la policía (PNR) y el gobierno municipal de San Miguel del Padrón tienen la palabra. Pero si las denuncias «no proceden», si la directora ya fue sancionada y volvió a lo mismo, si los funcionarios planean huir del país con el dinero robado, ¿qué esperanza puede tener este denunciante?
Ojalá esta denuncia sirva para algo. Ojalá la «Oncena» haga su trabajo. Ojalá Odalmis Goitizolo y sus cómplices no logren huir. Ojalá los ciudadanos de San Miguel del Padrón puedan algún día hacer trámites de vivienda sin miedo, sin sobornos, sin amenazas.
Y ojalá, algún día, en Cuba, la corrupción en la vivienda tenga fin. Porque mientras tanto, hay madres con hijos que no saben si terminarán en la calle. Y hay una persona mayor que tiene miedo hasta de dar su nombre.
