Un ciudadano expone una trama que involucra a la directora Yordanka Miranda Álvarez y a altos funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda. Se acusa a los implicados de cobrar más de mil dólares por legalizaciones, vender fondos habitacionales, desaparecer expedientes e inflar nóminas con plazas inexistentes.
Un ciudadano ha contactado a nuestra redacción para denunciar lo que describe como una red de corrupción institucionalizada en la Dirección Municipal de la Vivienda de Regla, La Habana. El testimonio, que incluye nombres, cargos y una serie de fotografías de los implicados, señala a la directora Yordanka Miranda Álvarez como la principal responsable de un sistema de venta ilegal de trámites y desvío de recursos.
La venta de trámites y fondos habitacionales
Según la denuncia, la directora Yordanka Miranda Álvarez encabeza un esquema de comercialización ilegal de los servicios de la entidad. Se afirma que cada legalización de vivienda o usufructo se «vende», repartiéndose el dinero entre varios funcionarios. La abogada Yara Valdés Cabrera, jefa jurídica, es señalada como la encargada de materializar estas operaciones, cobrando más de mil dólares por trámites que deberían ser gratuitos.

El denunciante también menciona a Richard Marlon, jefe de la Oficina de Trámites, a quien acusa de participar en el desalojo de personas para facilitar la venta de las propiedades, y a Alberto Botello, el archivero de la oficina jurídica, señalado por presuntamente desaparecer expedientes básicos para permitir legalizaciones irregulares.



Plantillas infladas y nombres falsos en Recursos Humanos
La denuncia también apunta al departamento de Recursos Humanos, dirigido por Milagros Castillo García. Se acusa a la entidad de mantener «plantillas infladas de salarios» con nombres falsos que no corresponden a trabajadores reales. El testimonio menciona específicamente que el hijo de la jefa de Recursos Humanos figura en una plantilla como custodio, a pesar de no laborar en el centro.
Venta de equipos y albergues
Otras acusaciones involucran a Martha Martínez Lescaille, jefa de Edificios Múltiples, quien supuestamente vende motores de agua destinados a edificios del Modelo, La Ciruela y La Loma por 20 mil pesos cada uno. También se menciona a Thaimi Guilbert, jefa de Albergue, acusada de comercializar las capacidades de albergue que deberían destinarse a casos sociales. Belkis Garbey González, jefa de Control de Fondos y Rentas, es señalada por vender usufructos gratuitos, y se afirma que su propia vivienda proviene de un fondo habitacional.



Resumen:
Un ciudadano denuncia una red de corrupción en la Dirección Municipal de la Vivienda de Regla, encabezada por la directora Yordanka Miranda Álvarez y varios funcionarios clave. Las acusaciones incluyen la venta de trámites por miles de dólares, la manipulación de expedientes, el uso de plantillas infladas con nombres falsos y la comercialización de equipos y albergues destinados a casos sociales. Los denunciantes exigen justicia y la realización de una auditoría.
Nota final:
La denuncia describe un sistema que, de ser cierto, habría privatizado la función social de la vivienda en el municipio de Regla. Las acusaciones abarcan desde la cúpula directiva hasta los departamentos operativos. Las autoridades de la Fiscalía y la Contraloría tienen la palabra.














