Wendy Garcés, separada del sector en 2020, hoy administra Mi Cocosolo gracias a «sus relaciones». Una inspección le detectó 118 kg de harina faltante y pan de 25-30 gramos menos de lo debido. En la panadería Juventud, la administradora tiene a su sobrino en almacén, su hermana es fiscalizadora y paga un alquiler de 20,000 pesos con un salario de 4,000. La población reclama por la mala calidad y el pan que llega tarde.
Una nueva denuncia desde el municipio Marianao, en La Habana, expone una red de corrupción y nepotismo enquistada en la Unidad Básica de Industria Alimentaria (UBIA) del territorio. Trabajadores y vecinos, cansados de los abusos, han remitido a nuestra redacción un detallado informe sobre irregularidades en varias panaderías, con nombres y cargos concretos, así como pruebas fotográficas de las condiciones en que opera el sistema.
El caso Wendy Garcés: una sancionada que regresa por «relaciones»
La denuncia señala a Wendy Garcés, actual administradora de la panadería Mi Cocosolo. Según el testimonio, Garcés fue sancionada con «separación definitiva del sector en el año 2020». Sin embargo, cinco años después, ha regresado a trabajar «con el mismo cargo de administradora». Ella misma alega que esto es posible «por sus buenas relaciones en la EPIA» (Empresa Provincial de la Industria Alimentaria).
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El día 14 de febrero, una inspección del grupo de fiscalización y control de la EPIA detectó en su panadería:
- Faltante de 118 kg de harina de trigo en el área de almacén.
- 4,000 unidades de pan comercializadas con bajo peso: cada pieza pesaba entre 25 y 30 gramos menos de lo debido. Esto constituye «engaño y estafa a la población».
Además, Wendy produce pan para su beneficio propio «con materias primas sobrantes del pan bajo peso que comercializa», en la panadería Esquina Raúl, en complicidad con el administrador Victor Hernández. Es decir, está montando un negocio particular con recursos del Estado.
El clan familiar en la panadería Juventud
La denuncia también destapa una red de nepotismo en la panadería Juventud:
- La administradora, Yainara Ramírez Mestre, tiene a su sobrino, Jannier López Mosqueda, trabajando en el almacén. Es el encargado de negociar la venta de las materias primas sobrantes del pan bajo peso.
- La madre de Jannier, Marileydis Mosqueda Mestre (hermana de Yainara), es fiscalizadora de la misma UBIA de Marianao.
El denunciante lo califica como «nepotismo porque una es contrapartida de la otra». Marileydis tiene «varios anónimos en el gobierno por abuso del cargo y por no tener dominio de sus funciones».
La inspección del 14 de febrero en Juventud
El mismo 14 de febrero, la panadería Juventud también fue inspeccionada por el grupo de fiscalización y control de la EPIA. En el momento de la inspección, se detectaron 8 trabajadores por fuera. El denunciante formula dos preguntas clave:
- «¿Cómo Yainara Ramírez paga a esos 8 hombres?» (en referencia a posibles trabajadores no declarados o pagos en negro).
- «¿Cómo paga el alquiler de la casa en la que vive, si su salario es de 4,000 pesos al mes y el impuesto de su alquiler es 20,000 pesos mensuales?»
Esta segunda pregunta es especialmente reveladora: un salario de 4,000 pesos no puede cubrir un alquiler de 20,000, lo que sugiere ingresos no declarados provenientes de las actividades ilícitas denunciadas.
Las quejas de la población
El denunciante recuerda que, más allá de las cifras y los nombres, está el sufrimiento cotidiano de la población:
- «La mala calidad del pan».
- «El horario en que llega a los puntos de venta, en especial la panera de 47/118 y 116».
Un pan que llega tarde, que pesa menos de lo debido, que está mal hecho. Un pan que es el alimento básico de miles de familias.
Las pruebas
La denuncia incluye 3 fotografías que evidencian las condiciones de las panaderías y, presumiblemente, documentan algunas de las irregularidades señaladas.
Resumen: Una denuncia ciudadana expone una red de corrupción en la UBIA de Marianao. Wendy Garcés, administradora de Mi Cocosolo sancionada en 2020, regresó al cargo por «relaciones». Una inspección le encontró 118 kg de harina faltante y 4,000 panes bajo peso. Produce pan para su beneficio con materia prima del Estado. En la panadería Juventud, la administradora Yainara Ramírez tiene a su sobrino en almacén (negociando materias primas) y a su hermana como fiscalizadora (nepotismo). La inspección detectó 8 trabajadores no declarados. Con salario de 4,000 pesos, paga un alquiler de 20,000. La población sufre la mala calidad y los retrasos del pan.
Conclusión:
Este caso es un ejemplo perfecto de cómo la corrupción se institucionaliza cuando las sanciones no se cumplen, los lazos familiares anulan los controles y los salarios no se corresponden con el nivel de vida
