El intendente de Jagüey Grande opera un negocio de combustible sin límites y protege a comerciantes ilegales. La viceintendente, sin contrapartida, controla fiscalización para evitar inspecciones y recoge comida y dinero en su domicilio. La secretaria del PCC y el delegado del MININT los protegen. Los denunciantes aportan fotos y retan a verificar la información.
Una nueva denuncia ciudadana llega desde el municipio Jagüey Grande, en la provincia Matanzas. El testimonio, respaldado por varias fotografías, expone una presunta red de corrupción que involucra al intendente, a la viceintendente, y cuenta con la protección de la secretaria del Partido Comunista de Cuba y el delegado del MININT en el territorio.
El intendente: combustible sin límites y protección a cambio de beneficios
El denunciante señala directamente al intendente de Jagüey Grande, de quien afirma:




- «Tiene vínculo con varios TCP y Mipymes, los protege y recibe beneficios a cambio».
- «Tiene negocio de combustible sin límites».
- Menciona a un TCP específico que «cree que el oro negro de la 8 vía es de él». Este comerciante «llega con su carro, llena el tanque y carga varios pomos en el maletero. Eso es diario».
La imagen es clara: un intendente que utiliza su posición para garantizar combustible a determinados comerciantes, quienes a cambio le retribuyen con beneficios no especificados.
La viceintendente: la que recoge la comida y controla las inspecciones
La denuncia describe a la viceintendente como alguien que «se cree la intocable». Sus funciones, según el testimonio, son una violación de las normas:
- «Es la que carga la comida del intendente y otros».
- «No tiene contrapartida porque la tienen atendiendo alimento y control y fiscalización, que es una violación».
- «Abusa del poder, autoriza a violar precio, ya que ella misma controla que no vayan a inspeccionar».
- «Recoge comida y dinero en los TCP que protege. Muchos son ilegales, vienen de otro municipio y ella los autoriza sin tener papeles y violando los precios, a cambio de que dejen comida en su casa».
Es decir, la viceintendente actúa como recaudadora y protectora de una red de comerciantes ilegales, a cambio de beneficios directos en su domicilio.
Los protectores: secretaria del PCC y delegado del MININT
La red no podría operar sin protección desde arriba. El denunciante identifica a dos figuras clave que blindan a los implicados:
- La secretaria del PCC en Jagüey Grande. De ella dice: «Parece que pagan bien para tener esas prendas y ropas que se cambia durante el día». Una pulla que sugiere que su nivel de vida no se corresponde con su salario.
- El delegado del MININT (Ministerio del Interior), quien también protege a los implicados.
El reto del denunciante
El denunciante concluye con una invitación a verificar sus palabras: «Si quieres corroborar la verdad de lo que te digo, contacta alguien que sea de Jagüey y te dirá». Una muestra de confianza en que lo que denuncia es de conocimiento público en el territorio.
Las pruebas
La denuncia incluye varias fotografías:
- Del intendente de Jagüey Grande.
- De la viceintendente.
- De la secretaria del PCC, mostrando su vestimenta y apariencia.
Resumen: Una denuncia ciudadana desde Jagüey Grande, Matanzas, señala al intendente por proteger a TCP y Mipymes a cambio de beneficios, y por operar un negocio de combustible sin límites. La viceintendente es acusada de recoger comida y dinero en su casa a cambio de autorizar a comerciantes ilegales y evitar que sean inspeccionados. La secretaria del PCC y el delegado del MININT protegen a ambos. El denunciante reta a verificar la información con cualquier residente del municipio.
Nota: Este caso, de confirmarse, sería un ejemplo más de cómo la corrupción se ha institucionalizado en algunos municipios cubanos. Un intendente que negocia combustible, una viceintendente que recoge comida en su casa a cambio de favores, una secretaria del PCC que vive por encima de sus posibilidades, y un delegado del MININT que protege a todos. Y todo ello a plena luz del día, con el conocimiento de la población, que lo único que puede hacer es denunciar en medios como este.
Las autoridades de Matanzas, de la Contraloría y de la Fiscalía tienen la palabra. Jagüey Grande no puede seguir siendo un territorio donde los funcionarios públicos se enriquezcan a costa del pueblo y donde la ley se aplique solo a quienes no tienen padrinos. Como dice el denunciante, cualquiera que viva allí puede confirmar lo que se dice. Así que la investigación no debería ser difícil. Solo hace falta voluntad.









