Angel Navarro, Yosmany Castillo y Keila Cabrera presentaron denuncias formales por malversación y arrendamiento ilegal de vehículos. Como respuesta, fueron marginados, removidos y hasta forzaron su oficina para robar documentación. La directora de Recursos Humanos y su familia operan una red de extorsión a Mipymes con el visto bueno del director general.
Una denuncia de extraordinaria gravedad ha llegado a nuestra redacción, exponiendo una red de corrupción enquistada en la Empresa de Comunales del municipio Playa, La Habana. El testimonio, respaldado por fotografías y nombres concretos, revela cómo los directivos que intentaron frenar las irregularidades han sido sistemáticamente marginados, removidos de sus cargos y silenciados, mientras los verdaderos corruptos consolidan su poder con el apoyo de instancias superiores.
Los denunciantes: los que se opusieron y pagaron caro
Tres directores de unidades empresariales básicas (UEB) de Comunales Playa presentaron denuncia formal por malversación y arrendamiento ilegal de vehículos de la entidad:
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Angel Navarro, Yosmany castillo, Keila cabrera
- Angel Navarro: Director de Áreas Verdes. Le quitaron un tractor y los recursos para trabajar en su unidad.
- Yosmany Castillo: Director de Mobiliario Urbano. Le quitaron un camión y la posibilidad de realizar trabajos constructivos para los que está diseñada su UEB.
- Keila Cabrera: Directora Adjunta de la empresa. Fue removida del cargo por oponerse a medidas arbitrarias del director general, Alberto Orihuela.
Los tres realizaron denuncias formales ante el PCC, el gobierno municipal y la dirección provincial. La respuesta que han recibido es «silencio, y marginación del trabajo como pago».
El caso de Keila Cabrera: allanamiento y robo de pruebas
El testimonio sobre Keila Cabrera es particularmente grave. Según la denuncia, cuando Keila se opuso a las irregularidades, «forzaron su oficina rompiendo candado y sustrajeron documentación sensible como pruebas de los delitos económicos del director Orihuela». Como respuesta para silenciarla, le aplicaron una medida de separación del centro.
El negocio: Mipime Raises de la Rosa y el Consejo Popular Miramar
En el centro de la trama está la Mipime Raises de la Rosa, a la que recientemente le dieron «un consejo popular Miramar en Playa para que lo exploten». Se trata del consejo popular que más dinero reporta a la empresa, y su entrega a una entidad privada «afecta y hunde aún más a la empresa de Comunales Playa, consolidando el poder de los dirigentes corruptos».
El denunciante revela el mecanismo: el director general, Alberto Orihuela, recibe «un 10 por ciento directo de la Mipime actuante». Además, con la escasez de combustible, la cuota de Comunales se desvía hacia esta Mipime «para que trabaje y llene sus bolsillos sin que la empresa genere ganancias, violando las restricciones de asignación de combustible estatal».
El nuevo director interno: Luis Zulueta Medina, un reincidente
Para sustituir a Keila Cabrera, designaron a Luis Zulueta Medina como director interno. Según la denuncia, Zulueta «ya estuvo en ese cargo y fue destituido por mal trabajo». Era el administrador de Miramar y «no se opuso a que le vendieran el consejo comunal Miramar a la Mipime, y como regalo le dieron el puesto de director interno».
Nepotismo: la cosa nostra en Comunales Playa
La denuncia destapa una red familiar que controla la empresa:
Luis Zulueta Medina
- Luis Zulueta Medina: Nuevo director interno.
- Maite Magallón: Directora de Recursos Humanos de la empresa y esposa de Luis Zulueta.
- Damián: Hijo de ambos, puesto como jefe de zona.
La descripción es lapidaria: «La cosa nostra, todo queda en familia. Y el que se opone se va».
Maite, Luis Zulueta, Alberto Orihuela
Además, Maite Magallón, desde su posición en Recursos Humanos, «paralelamente le lleva los documentos a la Mipime Raises de la Rosa», actuando como enlace entre la empresa estatal y el negocio privado que la está depredando.
Los recaudadores ilegales: Tomasito el Gordo y Liber Torres
La denuncia identifica a dos personajes clave en la red de extorsión:
Liber Torres, Tomás Pérez
- Tomás Pérez, alias Tomasito el Gordo: Recaudador de impuestos en los puntos y negocios que operan por la recogida de basura.
- Liber Torres: También recaudador de impuestos.
Ambos, junto a Luis Zulueta, forman parte de un esquema de extorsión a las Mipymes: «Si no me pagas una cifra exorbitante, no te recojo la basura». Un chantaje clásico que utiliza un servicio público para obtener beneficios privados.
El trío que manda
La denuncia incluye una foto del «trío» que dirige la empresa:
- Maite Magallón (Directora de Recursos Humanos)
- Luis Zulueta (Director interno)
- Alberto Orihuela (Director general)
Todos ellos, según el testimonio, operan con total impunidad, mientras los que denuncian son silenciados.
Resumen: Una denuncia ciudadana destapa una red de corrupción en Comunales Playa. Los directores Angel Navarro, Yosmany Castillo y Keila Cabrera denunciaron malversación y arrendamiento ilegal de vehículos. Como respuesta, fueron marginados y removidos. A Keila le forzaron la oficina y le robaron pruebas. La Mipime Raises de la Rosa recibió el Consejo Popular Miramar, el más rentable, a cambio de un 10% para el director general Alberto Orihuela. Luis Zulueta, destituido antes por mal trabajo, fue nombrado director interno. Su esposa Maite Magallón (Directora de Recursos Humanos) le lleva los documentos a la Mipime y su hijo Damián es jefe de zona. Tomasito el Gordo y Liber Torres extorsionan a Mipymes con la recogida de basura.
Nota: Este caso es un ejemplo perfecto de cómo la corrupción se institucionaliza cuando los mecanismos de control fallan y los denunciantes son castigados en lugar de los denunciados. Que tres directivos que presentaron denuncias formales hayan recibido como respuesta marginación, remoción y allanamiento de sus oficinas es una prueba de que el sistema de justicia interno no funciona.
