Trabajadores reportan más de 23 tanques de puré de tomate vencidos sin distribuir, mientras acusan al director de desvío de recursos y negocios familiares con productos del estado.
Yara, Granma – Una grave denuncia de corrupción e irregularidades emerge desde la Fábrica de Conservas de Yara, donde según reportan trabajadores, más de 23 tanques de puré de tomate al 12%, producidos después del 20 de octubre, se encuentran vencidos en los almacenes sin ser distribuidos a la población, en medio de la crítica escasez de alimentos que sufre la provincia.
La acusación, divulgada a través de canales independientes, señala que la distribución del producto está paralizada por un problema de precios que ni el Partido Comunista de Cuba (PCC) a nivel municipal y provincial, ni el Gobierno, ni la propia Empresa de Conservas parecen querer resolver, dejando toneladas de alimento básico sin llegar a la población necesitada.
El escándalo se profundiza con las acusaciones contra el director de la fábrica, identificado por los denunciantes bajo el apodo de «Pepe el Burro». Según las mismas fuentes, el directivo habría comprado puré de tomate casero de mala calidad a su propia hija, Leyinet González, para luego mezclarlo con la producción industrial y vender el producto final como si fuera enteramente de origen estatal, desviando así recursos públicos hacia un negocio familiar.
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Esta situación de presunta corrupción ocurre mientras hospitales, escuelas y centros sociales del territorio carecen de este alimento básico en sus dietas, y los obreros de la fábrica enfrentan retrasos en el pago de sus salarios.
El llamado de los denunciantes es directo: exigen que el PCC municipal y provincial, junto con los inspectores correspondientes y todas las instancias de control, se personen en la fábrica para verificar lo que ocurre y dejen de encubrir «el descontrol, la corrupción y el desinterés que tanto daño le hacen al pueblo cubano».
La denuncia pone en evidencia no solo el desabastecimiento que sufre la población, sino también las prácticas de corrupción que, según los trabajadores, se han institucionalizado en centros de producción estatales, donde funcionarios utilizan recursos públicos para beneficiar intereses privados mientras la población enfrenta carencias alimentarias cada vez más severas.
