Denunciante denuncia que desconocidos, haciéndose pasar por tenientes, se comunicaron con su hija exigiendo dinero por un televisor roto y amenazando con enviar al esposo de regreso a un campo penal. El preso confirmó que todo era mentira.
Una angustiosa denuncia ciudadana ha llegado a nuestra redacción, exponiendo una modalidad de estafa que tendría como blanco a los familiares de personas privadas de libertad en centros penitenciarios de La Habana. denunciante relata cómo intentaron estafar a su hija utilizando información privilegiada de un preso recientemente trasladado.
Los hechos
Según el testimonio, el esposo de la hija de la denunciante se encontraba recluido en una prisión ubicada por la zona de San Antonio de los Baños. Hace aproximadamente una semana, fue trasladado a un centro penitenciario en La Habana.
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El día de ayer, la hija recibió una llamada telefónica de personas que se identificaron como personal de la unidad penitenciaria. El argumento fue el siguiente:
- El esposo se había peleado («fajado») con otro preso.
- Durante el altercado, habrían roto un televisor.
- Para evitar que el preso fuera trasladado de regreso al campo penal (una medida más dura), los familiares debían pagar el costo del televisor.
Los estafadores le enviaron un número de teléfono y una cifra exacta: 18 mil 220 pesos. Esa era la cantidad que debía depositar para «pagar el televisor» y garantizar que el esposo no fuera devuelto al campo.
La llamada que desmontó el engaño
Mientras la hija estaba al teléfono con el supuesto «teniente», ocurrió algo que delató la estafa: el esposo llamó al teléfono fijo de la casa. En esa conversación, el preso le aseguró que todo era mentira. No había ocurrido ninguna pelea, no había roto ningún televisor, y nadie en la prisión le había informado de traslado alguno.
«Le dijo que todo eso era mentira, que a él no le había pasado nada», relata la denunciante.
El modus operandi: información desde dentro
El caso revela un patrón preocupante: los estafadores tenían información precisa sobre el traslado del preso. Sabían que había sido movido de San Antonio a La Habana y utilizaron ese dato para construir una historia creíble.
La denunciante lo expresa con claridad: «Al parecer entre los mismos guardias o alguien en la unidad se están dedicando a coger información de los presos y familiares que trasladan para inventar esos cuentos y hacer estafas».
Esta filtración de datos desde el interior del sistema penitenciario es el componente clave que permite que estas estafas funcionen. Sin esa información, los delincuentes no podrían dirigirse a víctimas específicas con argumentos tan ajustados a la realidad.
Las víctimas: familias ya vulnerables
Las familias de personas privadas de libertad son, por definición, un grupo vulnerable. Soportan la angustia de tener a un ser querido tras las rejas, a menudo con dificultades económicas agravadas por la ausencia del sostén familiar. Sobre esa vulnerabilidad, los estafadores construyen su negocio.
El hecho de que la cifra exigida —18,220 pesos— sea elevada pero no imposible de reunir sugiere que los delincuentes han estudiado el perfil económico de sus víctimas y saben hasta dónde pueden presionar.
Lo que no se sabe, lo que no se dice
La denuncia no especifica a qué prisión fue trasladado el esposo, ni proporciona los números de teléfono desde los cuales se realizó la llamada. Tampoco identifica a los presuntos oficiales involucrados en la filtración de datos. La denunciante, comprensiblemente, prioriza su seguridad y la de su familia.
Resumen: denunciante denuncia que su hija fue víctima de un intento de estafa por parte de desconocidos que, haciéndose pasar por tenientes de una prisión de La Habana, exigieron 18,220 pesos para evitar el traslado de su esposo —recientemente movido desde San Antonio— a un campo penal, alegando falsamente que se había peleado y roto un televisor. El propio preso llamó durante la conversación y desmintió todo. La denunciante sospecha que guardias o personal de la unidad filtran información de los traslados para facilitar estas estafas.
Nota: Esta denuncia expone una doble vulnerabilidad: la de los presos, cuyos datos personales y movimientos son utilizados sin su consentimiento, y la de sus familias, que se convierten en blanco de extorsiones basadas en información privilegiada.
