Un ciudadano denuncia que en un local de calle 3era entre 294 y 296, en Santa Fe, Playa, se venden productos de primera necesidad a precios muy superiores a los establecidos por la Resolución 225/2024. El lugar cuenta con piscina y es visitado regularmente por inspectores de la DIS y funcionarios como Antonio Delgado y Yusvel Merín, lo que sugiere una red de protección. Las condiciones de almacenamiento son insalubres (hacinamiento de productos en un espacio de 4×4 metros) y el personal sufre maltrato.
Un ciudadano de Santa Fe, en el municipio Playa, ha contactado a nuestra redacción para denunciar un negocio ubicado en calle 3era entre 294 y 296 que, según su testimonio, opera con total impunidad violando las normas de precios y de salubridad, gracias a la protección de funcionarios de inspección.
Los hechos: un negocio con piscina y precios abusivos
El denunciante señala que en el local se venden productos de primera necesidad a precios muy por encima de los establecidos por la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, que fija topes máximos para artículos como pollo, aceite, leche en polvo, pastas alimenticias y detergente .
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Según la denuncia, el negocio cuenta con una piscina, lo que sugiere que opera como un espacio de esparcimiento que aprovecha para vender estos productos a precios especulativos.
La protección: inspectores y funcionarios cómplices
El testimonio señala que el lugar es visitado regularmente por:
- Inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) de Playa.
- Antonio Delgado y Yusvel Merín, funcionarios vinculados a la inspección.
«Visitan el lugar por la piscina en dicha casa y lo cual permite tener altos precios en productos violando la resolución 225», afirma el denunciante.
Las condiciones insalubres: hacinamiento y riesgo sanitario
El ciudadano denuncia que el local tiene graves problemas de salubridad:
- El espacio destinado a almacenar productos es de apenas 4×4 metros.
- Allí se acumulan más de 30 productos distintos.
- No se respetan las normas de separación de químicos y alimentos.
El maltrato al personal
El denunciante también señala que los trabajadores del local sufren «maltrato» y condiciones de trabajo inadecuadas, aunque no ofrece más detalles sobre esta parte de la denuncia.
El contexto: violaciones de precios en Playa y toda Cuba
Esta denuncia se suma a un patrón documentado de violaciones de precios en el municipio Playa. Según reportes de prensa independiente, funcionarios locales del gobierno de Playa han sido señalados en esquemas de corrupción que incluyen desvío de combustible y protección a negocios ilegales .
A nivel nacional, el Ministerio de Finanzas y Precios realizó un ejercicio de enfrentamiento a las violaciones de precios entre el 19 y el 21 de febrero de 2026, que resultó en 17,000 multas por un total de 65 millones de pesos. Se cerraron 300 establecimientos y se retiraron 196 proyectos de trabajo .
Las violaciones más comunes fueron precisamente la violación de los precios concertados por la administración local y el incumplimiento de la Resolución 225 .
Resumen:
Un ciudadano denuncia que en un negocio de calle 3era entre 294 y 296, Santa Fe, Playa, se venden productos de primera necesidad a precios que violan la Resolución 225/2024. El lugar cuenta con piscina y es visitado regularmente por inspectores de la DIS y por funcionarios como Antonio Delgado y Yusvel Merín, lo que sugiere protección oficial. Las condiciones de almacenamiento son insalubres (hacinamiento en 4×4 metros) y el personal sufre maltrato. A nivel nacional, las autoridades han impuesto multas por 65 millones de pesos por violaciones similares.
Nota final:
Este caso es un ejemplo más de cómo la corrupción y la protección institucional permiten que negocios privados violen la ley sin consecuencias. Mientras la población paga precios abusivos por productos de primera necesidad, inspectores y funcionarios visitan estos lugares «por la piscina» y no por su deber de controlar.
Las autoridades de Playa, la Fiscalía y el Ministerio de Finanzas y Precios tienen la palabra. Los nombres señalados —Antonio Delgado y Yusvel Merín— deberían ser investigados. Y el negocio de calle 3era, inspeccionado. Porque mientras siga operando, el pueblo seguirá pagando el doble o el triple por lo que debería costar una fracción.
