Según una denuncia formal enviada a las autoridades, el Director Municipal de Gastronomía, en coordinación con la Secretaria del Partido en Jagüey Grande, habría retirado arbitrariamente unidades arrendadas a trabajadores legítimos para entregarlas a personas con alto poder adquisitivo. El caso más notorio es el de «La Najita» en 2025. A pesar de que instancias estatales reconocen que esas retiradas no debieron ocurrir, las decisiones se mantienen por la protección política de los implicados.
Una denuncia formal, redactada con el lenguaje propio de los organismos de control, ha llegado a nuestra redacción. En ella, se exponen una serie de hechos de «extrema gravedad» ocurridos en el municipio de Jagüey Grande, provincia de Matanzas, que apuntan a una presunta red de tráfico de influencias y corrupción en la gestión de las unidades gastronómicas estatales, involucrando directamente al Director Municipal de Gastronomía y a la Secretaria del Partido en el territorio.
Los hechos: retirada arbitraria de unidades para favorecer a pudientes
Según el documento, basado en «comentarios reiterados y ampliamente conocidos por la población», el Director Municipal de Gastronomía, actuando presuntamente en coordinación con la Secretaria del Partido, habría participado en la retirada arbitraria de unidades arrendadas legalmente a determinados trabajadores.
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El objetivo: «reasignarlas o transferirlas a personas con elevado poder adquisitivo». Una práctica que se realiza «en claro perjuicio de los arrendatarios originales y en contradicción con los principios de legalidad, transparencia y justicia social».
El caso emblemático: «La Najita» en 2025
Como ejemplo representativo, la denuncia cita el caso de la unidad gastronómica conocida como «La Najita», ubicada en la autopista en dirección a La Habana. En 2025, fue retirada a su arrendatario, pese a que este contaba con todos los derechos. Posteriormente, la unidad fue entregada a «una persona reconocida en el municipio por su alto nivel económico».
Este hecho, según el texto, «generó un notable malestar social y numerosos comentarios entre la población, al ser percibido como una decisión injusta, discrecional y favorecedora de intereses particulares».
Otros casos: un patrón sistemático
La denuncia advierte que «otras unidades gastronómicas del municipio han atravesado situaciones similares». Arrendatarios con contratos vigentes han sido despojados de las instalaciones «sin causas claras ni procedimientos transparentes».
En varios casos, las unidades ya no cumplen la función gastronómica para la que fueron autorizadas, o «presentan un funcionamiento que no se corresponde con su objeto social», lo que incrementa las dudas sobre la legalidad de las decisiones y el destino real de las instalaciones.
El reconocimiento informal de las autoridades
Un dato revelador: según la denuncia, «incluso instancias estatales relacionadas con el sector han reconocido de manera informal que algunas de estas retiradas no debieron haberse producido». Sin embargo, las decisiones se han mantenido.
La razón: «presuntamente debido a la protección política de la que goza el Director Municipal de Gastronomía por parte de la Secretaria del Partido». Esta protección genera «una percepción de impunidad y falta de control institucional».
La solicitud: una investigación exhaustiva
El documento concluye solicitando «respetuosamente que los organismos correspondientes realicen una investigación exhaustiva, imparcial y transparente, con el objetivo de esclarecer responsabilidades, corregir las irregularidades existentes y restablecer el orden legal».
Resumen: Una denuncia formal enviada a las autoridades expone que en Jagüey Grande, Matanzas, el Director Municipal de Gastronomía y la Secretaria del Partido habrían retirado arbitrariamente unidades gastronómicas arrendadas a trabajadores legítimos para entregarlas a personas adineradas. El caso más notorio es «La Najita» en 2025. Aunque instancias estatales han reconocido informalmente que esas retiradas no debieron ocurrir, las decisiones se mantienen por la protección política de los implicados. Se solicita una investigación exhaustiva.
Nota: Esta denuncia, por su forma y contenido, parece haber sido redactada por alguien con conocimiento de los procedimientos legales, quizás un abogado o un funcionario. Describe un patrón de conducta que, de confirmarse, revelaría una red de corrupción en la gestión de los espacios gastronómicos estatales: despojar a trabajadores honrados de sus arrendamientos legítimos para entregárselos a personas con dinero, presumiblemente a cambio de favores o pagos.
El caso de «La Najita» es el ejemplo más visible, pero la denuncia habla de «otras unidades» en situación similar. Y lo más grave: las propias autoridades reconocen, en privado, que no debió hacerse, pero por protección política, las decisiones se mantienen.
Las autoridades de la Contraloría, la Fiscalía y el Partido en Matanzas tienen la palabra. Jagüey Grande merece que se investigue a fondo esta trama y que, si los hechos se confirman, los responsables rindan cuentas. La confianza del pueblo en las instituciones no puede seguir siendo pisoteada por unos cuantos que usan el poder para enriquecer a sus amigos.
