Un ciudadano señala a ambos funcionarios como responsables de presuntas irregularidades en el sector, en una provincia donde las autoridades han reconocido públicamente la existencia de abusos y especulación.
Un ciudadano ha remitido a nuestra redacción una denuncia contra el delegado de la Agricultura en el municipio Bayamo, Granma, a quien señala como un funcionario corrupto que actúa en complicidad con el jurídico Lloenis. El denunciante adjunta una fotografía de los implicados.
El señalamiento se produce en un contexto donde las autoridades provinciales han reconocido la existencia de prácticas abusivas en el manejo de productos básicos. La gobernadora de Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, declaró el pasado mes de febrero que se estaban aplicando multas cuantiosas a quienes pretendían lucrar con la necesidad del pueblo, y advirtió que «no va a temblar la mano» para aplicar medidas contra quienes se burlen de la población .
La provincia de Granma ha sido escenario de múltiples denuncias ciudadanas sobre corrupción en el sector agropecuario, que incluyen desde desvío de combustible y tierras hasta la venta ilegal de arroz y la manipulación de precios de productos básicos . En este marco, la denuncia contra el delegado de Agricultura y su asesor jurídico apunta a una posible red de irregularidades dentro de la propia estructura de control del sector.
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Resumen:
Un ciudadano denuncia al delegado de la Agricultura en Bayamo, Granma, y al jurídico Lloenis, por presuntos actos de corrupción. La denuncia se produce en un contexto donde las autoridades provinciales han reconocido la existencia de abusos en el sector y han anunciado medidas para combatirlos. El denunciante adjunta una fotografía de los señalados.
Nota final:
La denuncia contra el delegado de Agricultura de Bayamo y su asesor jurídico se suma a las múltiples voces que han alertado sobre irregularidades en el sector agropecuario de Granma. Mientras la gobernadora de la provincia anuncia medidas contra la especulación y el abuso, la población espera que estas acciones lleguen también a los altos cargos del sector agrícola. Las autoridades de la Fiscalía y la Contraloría tienen ahora la oportunidad de demostrar si existe voluntad real de investigar y sancionar la corrupción, sin importar el rango de los implicados.
