Lisandra Carazana es acusada de acabar con carretilleros y cafeterías mediante multas arbitrarias, mientras negocia papeles y trámites desde su casa y utiliza al jefe de sector de la Policía para intimidar a quienes se resisten.
Una nueva denuncia ciudadana señala a Lisandra Carazana, una funcionaria que opera en las zonas de Santiago de las Vegas, Boyeros y Mulgoba, como la cabecilla de una red de chantajes, venta de permisos y falsificación de información que mantiene aterrorizada a la comunidad. El denunciante, que habla en nombre de «la comunidad de Mulgoba Viejo», describe un modus operandi que combina el abuso de autoridad, la extorsión económica y la protección policial.
La denunciada: Lisandra Carazana
Según el testimonio, Carazana «está acabando con las multas» en toda la zona. El denunciante asegura que su actividad principal es el chantaje, dirigido especialmente contra carretilleros y dueños de cafeterías, dos de los sectores más vulnerables dentro del trabajo por cuenta propia en el territorio.
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Pero las multas son solo la punta del iceberg. La denuncia detalla un abanico mucho más amplio de actividades ilícitas:
- Venta de permisos y autorizaciones: Carazana comercializaría documentos que deberían ser otorgados por cauces legales y gratuitos.
- Tramitación de papeles: Actuaría como intermediaria para agilizar trámites a cambio de dinero.
- Contactos para nuevos negocios: Ofrecería sus conexiones a emprendedores que inician actividades, cobrando por facilitarles el camino.
- Falsificación de información: Manipularía datos y documentos para beneficiar a quienes pagan o perjudicar a quienes no lo hacen.
El centro de operaciones: su casa en Mulgoba Viejo
El denunciante revela que todas estas gestiones ilegales se realizan desde el domicilio particular de Carazana, ubicado en Mulgoba Viejo, calle 160 entre 363 y calle Lindero. Allí, según el testimonio, «atiende a todas estas personas» que acuden a comprar sus servicios.
La conexión policial
Uno de los elementos más graves de la denuncia es la relación de Carazana con el jefe de sector de Boyeros, a quien utiliza para «intimidar a la población». El mecanismo sería el siguiente: cuando alguien se resiste a sus chantajes o denuncia sus actividades, Carazana acude a este oficial y fabrica «falsas denuncias» que se tramitan en la Estación de Policía de Santiago de las Vegas.
El denunciante asegura que los jefes de esa estación la conocen perfectamente y se refieren a ella con un apodo de connotación sexual: «la del elástico del blúmer flojo». Este detalle, aunque grosero, refuerza la idea de que Carazana es una figura habitual en el entorno policial y que sus relaciones con la institución son estrechas y posiblemente cómplices.
Construcción ilegal y desvío de materiales
La denuncia también señala que Carazana tiene una construcción ilegal en su vivienda, para la cual habría desviado materiales destinados a obras comunitarias de renovación de techos y otras mejoras en el barrio. Esto implicaría no solo un enriquecimiento personal ilícito, sino un robo directo a la comunidad.
Los 15 de su hija: chantaje colectivo
Uno de los hechos que más indignación ha causado en la comunidad es la celebración de los 15 años de la hija de Carazana. Según el denunciante, la funcionaria organizó la fiesta «chantajeando a todas las personas de Mulgoba y Santiago», forzando contribuciones económicas de comerciantes y vecinos bajo amenaza de represalias. Nadie pudo negarse, porque «tiene muchos contactos».
Resumen: Un denunciante anónimo acusa a Lisandra Carazana, funcionaria que opera en Santiago de las Vegas, Boyeros y Mulgoba, de encabezar una red de chantajes, venta de permisos, falsificación de información y construcción ilegal desde su propia vivienda. Utilizaría al jefe de sector de la Policía para intimidar a sus víctimas mediante denuncias falsas en la estación de Santiago de las Vegas, donde es conocida con un apodo denigrante. Habría desviado materiales de obras comunitarias y celebrado los 15 años de su hija extorsionando a toda la zona. La comunidad le tiene pánico y pide justicia desde el anonimato.
Nota: Este caso, si se confirma, sería un ejemplo extremo de cómo un funcionario con poder de inspección y control puede convertirse en un azote para la comunidad, utilizando su posición para enriquecerse, amedrentar a quienes se resisten y construir un pequeño imperio de impunidad sostenido por conexiones policiales y políticas.
