Opositor político alega que una red de estafa masiva, con reclusos visibles, operó con impunidad gracias a la complicidad de la PNR, la DSE y las fiscalías de Plaza. Denuncia el «extravió de evidencias» y que sus querellas son archivadas por ser opositor.
Con nombre y apellidos, Alejandro García Arias, identificándose como Ejecutivo del Partido Unión por Cuba Libre, presenta una denuncia en LMS de una gravedad y complejidad inusuales. No se trata de un caso aislado de corrupción, sino de la acusación de un crimen organizado a gran escala que habría operado en La Habana con la complicidad activa y la protección de múltiples órganos del Estado, desde la policía hasta la fiscalía y los tribunales.
La magnitud del fraude: 1000 víctimas y 7 millones de dólares y pesos
Alejandro García asegura haber sido una de las más de 1000 víctimas de una red estafadora que habría acumulado un botín de 7 millones de moneda total (USD y CUP). Los cabezas visibles de esta organización, ya detenidos, son Leidis Lahera Fernández (presa en El Guatao) y Jorge Linares González (preso en Toledo 1).
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El engaño inicial: La «oficina» en El Vedado
El caso de García comenzó en marzo de 2023. Los estafadores, presentándose como importadores, respondieron a un anuncio de su vivienda en Avenida Línea #406, Vedado. Mostraron facturas de importación y firmaron un acuerdo para el inmueble, que necesitaban como «oficina o tienda física visible» para su emprendimiento privado. Todo resultó ser un engaño para acceder al lugar.
El modus operandi: La «centrífuga» de estafa masiva
Según información que Alejandro obtuvo del Teniente Coronel Oscar (de Oficinas de Atención al Público), la red operaba con el método de «la centrífuga». Usaban productos de primera necesidad como hamburguesas y huevos como «anzuelo» inicial. Su impunidad duró casi dos años, estafando incluso a instituciones como el órgano central del PCC y el periódico Granma, así como a varios oficiales militares. El objetivo final, según esta fuente, sería «acumular evidencias para presentarse como perseguidos políticos ante Estados Unidos u otro país».
La red de complicidad estatal: PNR, DSE, Fiscalía
Aquí radica el núcleo escandaloso de la denuncia: García alega que las autoridades, lejos de investigar, protegieron a los estafadores y sabotearon sus denuncias:
- La mano de la Seguridad del Estado: Afirma que detrás de todo está «la mano del Departamento 21 de la DSE», que habría intervenido a través del Capitán Pablo, quien hizo apariciones en la PNR de Zapata y C, en la Fiscalía Municipal de Plaza y en la Fiscalía Militar.
- Archivo sistemático de denuncias: Como opositor político, dice que sus denuncias ante la PNR por delitos concretos (usurpación de su apartamento, apropiación de las dos rejas protectoras de su vivienda que fueron puestas en el portal de una vecina receptora, Idalmis González) son «archivadas». La respuesta uniforme de PNR y Fiscalía Municipal es que «nada de lo denunciado por mí es penal y todo civil», a pesar de tratarse de robos y usurpación.
- Obstrucción en la instrucción: La Capitana Yadira del órgano de instrucción en Picota, Habana Vieja, se negó a tomarle declaración, a pesar de conocer que los estafadores habían comprado un inmueble en Centro Habana con el dinero robado.
- Corrupción interna admitida: En la Fiscalía Militar (Tulipán y Boyeros), escuchó a dos oficiales del MININT denunciando entre abogados: «No hay 1 corrupto, son varios corruptos», y mencionando «extravió y manipulación de evidencias, retraso de procesos» en la unidad de Zapata y C.
- Burla institucional: Su última reclamación a la Fiscalía Provincial en noviembre de 2025 solo obtuvo como respuesta una citación para el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, fecha que considera una burla cínica.
El mensaje social: La impunidad premiada
Garcia cierra con una amarga reflexión: La Capitana Yadira le dijo que a los estafadores no se les confiscarían los bienes comprados, porque sus delitos no son de terrorismo o narcotráfico. La conclusión, dice, es el mensaje social que emana del caso: «Mejor es ser delincuente y no ciudadano honesto».
Adjunta fotos de los estafadores, de la vecina receptora, de las rejas robadas en su nuevo emplazamiento y de la casona en Línea donde operaba la estafa.
Resumen: Alejandro García, opositor político, denuncia ser víctima de una red de estafa masiva (1000 víctimas, 7 millones) liderada por Leidis Lahera y Jorge Linares. Alega que la DSE (Capitán Pablo), la PNR de Zapata y C y las fiscalías de Plaza han protegido a los estafadores, archivando sus denuncias por ser opositor y obstruyendo la investigación. Escuchó a oficiales del MININT denunciar corrupción interna. Concluye que el sistema envía el mensaje de que la delincuencia sale mejor librada que la honestidad.
Nota: Esta denuncia trasciende el caso de corrupción para convertirse en una acusación de Estado paralelo. No es que el sistema sea ineficaz, sino que funciona con eficacia perversa para proteger a redes delictivas que, según el denunciante, cuentan con padrinos en la Seguridad del Estado.
