Un denunciante anónimo contactó a LMS Reporta para relatar lo que califica como un grave abuso de poder en el municipio Yara, provincia de Granma. Según su testimonio, la Primera Secretaria del Partido Comunista en ese territorio habría citado y presionado a presidentes de cooperativas agropecuarias (CCS) para que cedieran tierras de cultivo a un director de Educación local, con el fin de que este pagara una deuda millonaria derivada de una estafa a ciudadanos.
La acusación central: presión desde la oficina del PCC
El núcleo de la denuncia gira en torno a una reunión convocada, según el relato, en la oficina de la Primera Secretaria del PCC en el municipio Yara. El objetivo habría sido claro: conseguir que varios presidentes de Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) asignaran tierras para el cultivo de arroz a un individuo identificado solo como «Julio», quien se desempeña como director de Educación en el municipio.
La razón, alega el denunciante, era permitir que «Julio», junto a su hija, generara ingresos para pagar «la suma de más de 25 millones de pesos (CUP) que le estafaron a varios ciudadanos en la zona».
El mecanismo de la estafa inicial
Antes de la presión sobre las tierras, el denunciante describe el origen del problema:
Te Puede Interesar:
- «Julio» y su hija operaban un esquema de préstamos informales.
- Ofrecían dinero en efectivo con un interés del 10% a personas naturales.
- Según la denuncia, en este esquema estaban involucrados funcionarios públicos y trabajadores del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), tanto en Yara como en la capital provincial, Bayamo.
- El resultado habría sido una estafa masiva que dejó una deuda superior a los 25 millones de pesos cubanos.
Nombres y cooperativas señaladas en medio de la presión
El denunciante es específico al mencionar a los dirigentes cooperativos que fueron presionados:
- Yuniel Montero Macías, presidente de la CCS «Benilde Orozco». Se le describe como «íntimo amigo» de la primera secretaria y del intendente municipal. Además, se le señala por manejar grandes sumas de dinero, autorizar ventas de arroz en Santa Marta y Varadero, y tener un elevado estatus de vida a pesar de una supuesta deuda bancaria.
- Raidel Rojas Molero, presidente de la CCS «José Arteaga».
- El presidente de la CCS «8vo Congreso de la ANAP» en la localidad de El Coco, Yara.
La consecuencia: tierras cedidas «por miedo» y productores afectados
El denunciante asegura que estos presidentes «se vieron en la obligación de ceder campos para sembrar arroz». La razón no habría sido voluntad, sino «miedo a represalias y a que los quiten del puesto donde son, para ellos, inmunes».
Esta decisión, afirma, tuvo una víctima colateral directa: los productores que ya trabajaban esas tierras. Según el relato, estos campos «ya tenían personas sembrando» y habían recibido una «gran inversión» para mejorar el riego («aniego»), el drenaje de aguas y el arreglo de caminos intransitables. El despojo habría dejado sin fruto ese esfuerzo y esa inversión previa.
Lista de puntos clave alegados por el denunciante
- 🗺️ Lugar: Municipio Yara, provincia Granma.
- 👤 Autora intelectual: Primera Secretaria del PCC en Yara.
- 🎯 Objetivo de la presión: Conseguir tierras para «Julio» (director municipal de Educación).
- 💰 Motivo de fondo: Pagar una deuda de más de 25 millones CUP por una presunta estafa de préstamos.
- 👥 Presionados: Presidentes de al menos tres CCS (Benilde Orozco, José Arteaga, 8vo Congreso de la ANAP).
- ⚙️ Mecanismo: Ceder campos de arroz que ya estaban siendo trabajados y mejorados por otros.
- 😨 Razón de la cesión: Miedo a represalias y a perder sus cargos.
- 🛑 Perjudicados finales: Los productores que invertieron en esas tierras.
Conclusión y llamado
Publicamos esta denuncia como un documento que refleja una acusación ciudadana grave y específica. No podemos confirmar la veracidad de los hechos, pero consideramos que el relato, por su nivel de detalle y coherencia interna, merece ser conocido.
La denuncia pinta un cuadro de impunidad, abuso de autoridad y vulneración de los derechos de los productores agrícolas. Si los hechos fueran falsos, correspondería a las autoridades municipales y provinciales de Yara y Granma desmentirlos de manera clara y contundente, investigando y aclarando la situación de las tierras y los cooperativistas mencionados.
LMS hace un llamado a las autoridades competentes cubanas para que investiguen las alegaciones sobre presiones irregulares a cooperativas en Yara y transparenten la gestión de la tierra en ese municipio.
Si otras personas en Yara o Granma tienen información que pueda corroborar o refutar estos hechos, pueden contactar a nuestra redacción con las debidas precauciones de seguridad.
Nota: La tierra es un recurso vital y escaso en Cuba. Una acusación de que está siendo redistribuida no por mérito productivo sino por presión política para encubrir un delito, es extremadamente seria. Más allá de la veracidad concreta, esta denuncia expone la percepción de un sistema donde la ley puede ser doblegada por la influencia, y donde el miedo es una herramienta de gestión. El silencio oficial ante este tipo de relatos solo alimenta la desconfianza.
