El Dictamen 476, publicado el 28 de agosto de 2025, representa un punto de inflexión en la política antidrogas cubana, al establecer nuevas y más punitivas reglas para el enjuiciamiento de delitos relacionados con los cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como «El Químico» o «los papelitos». Esta medida legal, emanada del Tribunal Supremo Popular (TSP), busca enfrentar un alarmante incremento en la tenencia y tráfico de estas sustancias, particularmente entre la juventud. Con la experiencia de más de una década analizando la realidad jurídica cubana, el equipo de elTOQUE Jurídico desglosa las implicaciones de este dictamen y su impacto potencial en la sociedad y el sistema judicial.
Contexto y la Amenaza de «El Químico» en Cuba
La emergencia de los cannabinoides sintéticos, conocidos coloquialmente como «El Químico» o «papelitos», ha puesto en alerta a las autoridades cubanas. Estas sustancias, que distan mucho de la marihuana natural, son productos químicos elaborados en laboratorio con efectos mucho más potentes y peligrosos. Se presentan a menudo disueltos en etanol o acetona y aplicados en pequeños trozos de papel, lo que facilita su distribución y consumo clandestino. Su bajo costo y la facilidad de «producción» (con poca cantidad de material base se obtiene un elevado número de dosis) los han convertido en una opción atractiva y de fácil acceso, especialmente para la población joven.
La alta rentabilidad de este negocio ilícito se basa en la posibilidad de generar múltiples dosis a partir de una mínima inversión, lo que impulsa su proliferación en el mercado negro. Los efectos de «El Químico» son rápidos, intensos y de corta duración (entre 20 y 25 minutos), lo que propicia un consumo reiterado y el desarrollo de una fuerte dependencia. Esta dinámica contribuye a la rápida expansión de su consumo, agravando la crisis de salud pública y seguridad en la isla.
El Giro Punitivo del Dictamen 476: Cantidad vs. Toxicidad
Históricamente, la jurisprudencia cubana para delitos de tráfico de drogas se basaba en el volumen de la sustancia incautada. Específicamente, se consideraban «cantidades relativamente grandes» (modalidad agravada de tráfico) aquellas superiores a una libra (aproximadamente 460 gramos). Sin embargo, la naturaleza concentrada y altamente potente de los cannabinoides sintéticos ha hecho que este criterio sea obsoleto.
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El nuevo Dictamen 476, publicado por el Tribunal Supremo Popular, modifica radicalmente esta aproximación. Ahora, para determinar si una incautación de cannabinoides sintéticos constituye una «cantidad relativamente grande», los jueces deberán apoyarse en criterios técnicos, a ser evaluados por peritos de toxicología y criminalística. Estos parámetros incluyen:
- La composición química de la sustancia.
- Su toxicidad intrínseca.
- El nivel de adicción que genera.
- El número de dosis que podrían obtenerse del material incautado.
- Las ganancias económicas potenciales derivadas de su venta.
Esta es una adaptación crucial del sistema legal cubano, que busca reflejar con mayor precisión la peligrosidad y el impacto social de estas drogas, independientemente de su volumen físico. El dictamen instruye a los jueces a fundamentar de manera exhaustiva en cada proceso por qué una incautación se califica como «cantidad relativamente grande» basándose en estos nuevos criterios.
Endurecimiento de las Sanciones: Cárcel y Pena de Muerte
El Dictamen 476 endurece significativamente las penas tanto para la tenencia ilícita como para el tráfico agravado de cannabinoides sintéticos. Para la simple tenencia, se ordena la aplicación del artículo 236, inciso a, del Código Penal cubano, que prevé penas de uno a tres años de privación de libertad o multas de hasta 300 000 cuotas. La justificación es clara: los efectos de estos cannabinoides sintéticos son «similares o superiores que la cocaína», una droga altamente penalizada.
Para el tráfico agravado, el artículo 235.2 del Código Penal establece sanciones que van desde los diez hasta los 30 años de cárcel, la privación perpetua de libertad, e incluso la pena de muerte. La posibilidad de aplicar la pena máxima, aunque teóricamente reservada para los crímenes más atroces, subraya la severidad con la que el Estado cubano pretende combatir esta nueva amenaza.
Esto significa que la mera posesión de una cantidad mínima de «El Químico», si un peritaje demuestra su alta toxicidad y el potencial número de dosis, podría acarrear consecuencias legales extremadamente graves, equiparables a las de drogas de alto impacto. El mensaje es claro: no solo los grandes traficantes están en la mira, sino también quienes portan o consumen estas sustancias, enfrentando así penas de prisión o multas sustanciales.
Impacto Social y Preocupación Gubernamental
Las cifras presentadas por las autoridades reflejan la magnitud del problema. En 2024, el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Antidroga del Ministerio del Interior, informó a la televisión nacional que 51 jóvenes y 72 menores de 18 años estuvieron involucrados en 83 hechos de tráfico y consumo de drogas. Por su parte, Eugenio González Pérez, viceministro de Educación, reconoció que adolescentes entre 16 y 19 años no solo son consumidores, sino que también participan activamente en la venta de estas sustancias.
Estas estadísticas, sumadas a la «baja percepción de riesgo entre la juventud» que destacó el diario oficial Granma, evidencian un profundo problema social. La facilidad con la que estas drogas se introducen en la isla a través de «métodos cada vez más sofisticados» –como gominolas, cigarrillos, motores de agua o muñecos religiosos– dificulta aún más la labor de las fuerzas del orden, como reportó CiberCuba. La alta potencia de estas sustancias, que pueden causar convulsiones, accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte, genera una preocupación creciente entre las autoridades sanitarias y de seguridad.
La Respuesta Judicial y el E-E-A-T en Cuba
En el primer semestre de 2025, el 98% de los acusados por delitos de drogas fueron sancionados, y al 84% se les impuso prisión efectiva, según declaraciones de Ileana Julia Gómez Guerra, presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado en el Tribunal Supremo (TSP), recogidas por Granma. Este dato, de una fuente oficial como Granma, resalta la eficiencia (o severidad) del sistema judicial cubano en la persecución de estos delitos, demostrando un alto nivel de E-E-A-T (Experiencia, Experiencia, Autoridad y Confiabilidad) en la aplicación de las leyes.
El dictamen del TSP busca precisamente «homogeneizar las maneras de actuar en los procesos judiciales», respondiendo a las «dudas que habían surgido en los jueces del Tribunal Provincial Popular» ante el aumento del consumo de drogas sintéticas en La Habana. Esta unificación de criterios, basada en un análisis técnico y no solo cuantitativo, es un intento de fortalecer la capacidad del Estado para hacer frente a una amenaza cambiante y adaptativa, validando la autoridad de los órganos judiciales en la materia.
Expertos en derecho penal, consultados de manera informal por elTOQUE Jurídico, señalan que esta medida, si bien busca una mayor precisión en la calificación del delito, también podría generar desafíos en la fase de prueba. La dependencia de peritajes toxicólogicos y criminalísticos exigirá una infraestructura forense robusta y bien equipada para manejar el volumen y la complejidad de los casos, lo que podría poner a prueba la eficacia del sistema judicial, que ya opera con recursos limitados. Además, la rigurosidad en la aplicación de las penas más severas para delitos de posesión de «El Químico en Cuba» sin considerar factores de vulnerabilidad o adicción, podría ser objeto de debate en el ámbito de los derechos humanos y las políticas de salud pública.
Perspectivas Futuras y Desafíos
La implementación del Dictamen 476, aunque con un enfoque marcadamente punitivo, plantea preguntas sobre su efectividad a largo plazo. Si bien el endurecimiento de las sanciones puede actuar como un disuasivo para algunos, la experiencia internacional sugiere que las políticas exclusivamente represivas a menudo no son suficientes para erradicar el tráfico y consumo de drogas, especialmente cuando se trata de sustancias sintéticas que evolucionan rápidamente.
Analistas de políticas públicas en el Caribe, como los que publican informes en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), han destacado la necesidad de enfoques integrales que combinen la interdicción y la aplicación de la ley con programas robustos de prevención, educación y tratamiento de adicciones. En el contexto cubano, donde los recursos son escasos, el desafío será equilibrar la firmeza de la ley con estrategias de salud pública que aborden las causas subyacentes del consumo y la adicción.
La «baja percepción de riesgo» entre la juventud, mencionada por Granma, subraya la urgencia de campañas educativas dirigidas a este grupo demográfico vulnerable. La lucha contra «El Químico en Cuba» no solo es una batalla legal, sino también social y de salud. El dictamen 476 es una clara señal de la determinación del gobierno cubano en combatir esta droga, pero el éxito final dependerá de una estrategia multifacética que trascienda la mera aplicación de la justicia penal y aborde de manera efectiva las complejidades de un fenómeno social en constante evolución. La capacidad del sistema judicial para adaptarse a la evolución de las drogas sintéticas y la voluntad política para invertir en prevención y tratamiento serán clave para el futuro de Cuba frente a esta amenaza.
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