Coronel de Maduro acusado de torturas viaja a España burlando prohibición de la UE

Representación simbólica del recorrido del Camino de Santiago con elementos que aluden a la política y la ley, utilizando un estilo visual periodístico. ```
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El coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, una figura prominente en el aparato represivo de Venezuela, fue identificado recientemente en España, realizando el Camino de Santiago. Esta revelación, surgida de sus propias publicaciones en redes sociales y confirmada por el diario Vozpópuli, cobra especial relevancia dado que Granko tiene prohibida la entrada en la Unión Europea desde 2019.

Granko, apodado «el carnicero de Maduro», enfrenta graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Los señalamientos incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual contra opositores políticos. Estos crímenes, documentados y citados por la Unión Europea en su reglamento, implican la congelación de sus bienes en territorio comunitario y la prohibición de ingreso.

Según las normativas europeas, las acciones del coronel Granko, bajo el mando de Nicolás Maduro, se han caracterizado por una «represión sistemática de la oposición». La ONU también ha señalado su presunta implicación en la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, un caso que ejemplifica la brutalidad del régimen venezolano.

El propio Granko compartió en sus redes sociales imágenes de su paso por el Camino de Santiago, mostrando el sellado de su credencial de peregrino en una oficina de la Guardia Civil en Galicia. Aunque estas publicaciones efímeras ya no están disponibles, las evidencias apuntan a una posible irregularidad en su entrada o permanencia en España.

Ante esta situación, el Partido Popular (PP) ha exigido explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez. El eurodiputado popular Esteban González Pons ha manifestado su sorpresa ante la posibilidad de que un alto cargo venezolano sancionado por la UE, y acusado de graves crímenes, haya podido realizar una ruta de peregrinación en España sin ser detenido. El PP busca esclarecer si existió alguna excepción oficial para su viaje.

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