La comunidad latina en Los Ángeles se movilizó en un boicot de 24 horas contra corporaciones como Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s. La protesta, convocada para el martes 12 de agosto, busca denunciar la complicidad de estas empresas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en redadas y arrestos de inmigrantes. Activistas exigen el fin de la militarización, la detención indefinida y la colaboración corporativa en operativos migratorios.
A pesar del llamado, la respuesta entre los consumidores fue mixta. Muchos, como José, quien realizaba compras para su empleador, desconocían el boicot o sentían que no podían negarse debido a sus obligaciones laborales.

Moisés, un contratista, también se mostró sorprendido por la convocatoria, indicando que, de haberlo sabido, quizás habría reconsiderado su visita a Home Depot, pero reconoció la dificultad de su situación y la necesidad de continuar trabajando.
Roberto, otro trabajador de la construcción, expresó una visión diferente, argumentando que las tiendas están en su derecho y que la situación es compleja para los inmigrantes.

Por su parte, Angélica Salas, líder de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), dirigió un apasionado discurso en el Parque MacArthur, un lugar que ha sido escenario de redadas migratorias. Salas enfatizó el poder de la comunidad y la determinación de luchar por los derechos de los inmigrantes frente a lo que describió como una política de odio y terror por parte de la administración.

Salas recordó la reciente victoria legal contra las redadas discriminatorias, pero lamentó que estas continuaran a pesar de las órdenes judiciales. La coalición, que incluye a organizaciones como CHIRLA y Carecen, junto con sindicatos de costureras, demandan el cese de las redadas, el fin de la militarización en Los Ángeles, la no colaboración de las fuerzas del orden con el ICE y la liberación de familias detenidas. El boicot también promovió el apoyo a comercios locales y vendedores ambulantes.

La jornada de protesta incluyó paros laborales, desayunos comunitarios, una caravana de autos hacia el edificio de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles y un mitin seguido de una vigilia frente al Centro de Detención Metropolitano del ICE. Lorena Zepeda, beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS), subrayó la solidaridad del movimiento, afirmando que «cuando un inmigrante está bajo ataque, todos están bajo ataque».

Martha Arévalo, directora de Carecen en Los Ángeles, hizo un llamado a las corporaciones para proteger a sus clientes y comunidades, implementando políticas que impidan la entrada de agentes federales a sus propiedades. «Nosotros tenemos poder y esperanza, y nunca nos lo van a quitar. Nosotros hacemos grande América, y no nos vamos a dar por vencidos», declaró Arévalo.
