Un grupo de trabajadores de la Empresa de Servicios Comunales de Playa denuncian un nuevo caso de abuso de poder. El director adjunto Luis Zulueta Medina habría aplicado una sanción desproporcionada a un chofer, bajándolo del vehículo por 8 meses, luego de una discusión que este tuvo con su esposa dentro de la cabina. Según los denunciantes, el verdadero origen del conflicto se remonta a que el chofer se negó a participar en los negocios ilícitos que Zulueta mantiene en la zona comunal de Miramar. Además, señalan que Zulueta es esposo de la directora de Recursos Humanos, y su hijo es administrador de zona en Miramar, un claro caso de nepotismo que las autoridades conocen y no investigan.
Trabajadores de la Empresa de Servicios Comunales del municipio Playa han contactado a nuestra redacción para denunciar un nuevo hecho de abuso de poder en la entidad. El caso involucra al director adjunto, Luis Zulueta Medina, y a un chofer identificado como Vicente Jorge Vellon Aportela, quien fue separado de su vehículo por ocho meses tras un incidente que, según los denunciantes, es solo una excusa para castigar su negativa a participar en actos de corrupción.
La sanción: ocho meses sin carro por una discusión conyugal
El denunciante relata que la medida drástica se tomó luego de una discusión que el chofer sostuvo con su esposa dentro de la cabina del vehículo, en el centro de trabajo. Por este hecho, Luis Zulueta decidió bajarlo del carro durante ocho meses.
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Sin embargo, el denunciante señala que este conflicto tiene una historia más larga. Cuando ambos trabajaban juntos, el chofer ya había tenido problemas con Zulueta porque no estaba de acuerdo en «meterse en los negocios ilícitos que este mantiene aun en la zona comunal de Miramar, Playa». En aquella ocasión, Zulueta no pudo despedirlo, pero logró bajarlo del carro, una decisión que la dirección de entonces no apoyó porque el chofer no había cometido ninguna violación.
La intervención del órgano de justicia y la reacción de Zulueta
Según el testimonio, el chofer recurrió al órgano de justicia del centro. Allí se determinó reducir la sanción a un mes, una decisión que Luis Zulueta rechazó de plano. El director adjunto planteó que iba a «cambiar al órgano de justicia» porque, según él, la esposa del chofer tenía sobornado al órgano. El denunciante añade que el chofer no tiene una sola sanción en su expediente en nueve años de trabajo, y que su única falta fue defender su derecho a no participar en actividades ilegales.
El historial del chofer: armar tres carros desde cero
El denunciante destaca la trayectoria del chofer, a quien describen como un trabajador ejemplar:
- «Este es el tercer carro que arma desde cero sin afectar a la empresa».
- «El último carro que tuvo estaba tirado en el patio, ya para baja por un accidente que tuvo otro chofer. Él lo pidió con el objetivo de armarlo y que no se le pusiera pareja para trabarlo y ponerlo en la producción. En menos de dos semanas ya lo tuvo listo».
- «Mantenía su carro limpio, cumplía con todas las actividades que se le daban, no importaba la hora que se le planteara la tarea».
- «Nunca se le llamó la atención por llegadas tardes ni por el uso correcto del vestuario».
El nepotismo: una familia en el poder
Los trabajadores cuestionan por qué las autoridades no se enfocan en violaciones más graves que ocurren en la empresa, como el nepotismo:
- «El director adjunto es el esposo de la directora de Recursos Humanos».
- «El hijo de ella es el administrador de zona comunal de Miramar».
- «Esto sí es una violación grave y no le importa a nadie, y todos lo saben hasta el gobierno».
La coacción a testigos
El denunciante afirma que el director adjunto ha coaccionado a testigos que estaban en contra del chofer, advirtiéndoles que si no declaraban a su favor, serían sancionados.
Las preguntas del denunciante
El trabajador concluye con preguntas que reflejan el hartazgo del colectivo:
- «¿Por qué tanto daño a un chofer que ayuda a todos los choferes del centro y colegas de otras empresas?»
- «¿Hasta cuándo tanta maldad y abuso del poder?»
El contexto: Comunales Playa en el ojo del huracán
Esta denuncia se suma a las múltiples que este medio ha publicado sobre Comunales Playa. En marzo de 2026, trabajadores denunciaron que el director general Alberto Orihuela y el director adjunto Luis Zulueta, junto a la jefa de Recursos Humanos Maite Magallón, cobraban dinero mensual al jefe de áreas verdes y presionaban a los choferes que no «cuadraban» los vales. En esa ocasión, se señaló que el hijo de Maite y Luis, Damián, fue puesto como jefe de zona 5 sin merecerlo .
En otra denuncia, se reveló que el exjefe de sector Leandro (número 40702) agredió brutalmente a un joven en Luyano, y que los choferes eran presionados por Luis y Teresa si no «cuadraban» los vales .
Resumen:
Trabajadores de Comunales Playa denuncian que el director adjunto Luis Zulueta Medina bajó a un chofer por ocho meses tras una discusión conyugal, pero el verdadero origen del conflicto es que el trabajador se negó a participar en negocios ilícitos en la zona comunal de Miramar. El chofer, que no tiene sanciones en nueve años y ha armado tres carros desde cero, recurrió al órgano de justicia, que redujo la sanción a un mes. Zulueta rechazó la medida y amenazó con cambiar al órgano. Además, los trabajadores denuncian nepotismo: Zulueta es esposo de la directora de Recursos Humanos, y su hijo es administrador de zona en Miramar.
Nota final:
El caso de Vicente Jorge Vellon Aportela, el chofer de Comunales Playa, es un ejemplo más de cómo el poder se utiliza para castigar a quienes se niegan a doblegarse. Luis Zulueta Medina, que junto a su esposa e hijo conforman un clan familiar que controla áreas clave de la empresa, no tolera que un trabajador le diga que no a sus «negocios ilícitos».
La sanción desproporcionada —ocho meses sin carro por una discusión conyugal— fue reducida por el órgano de justicia a un mes, pero Zulueta, en un alarde de poder, rechazó la medida y amenazó con cambiar al órgano. La coacción a testigos completa el cuadro de un director adjunto que actúa como un cacique, no como un funcionario.
Las autoridades de la Fiscalía, la Contraloría y el Partido en La Habana tienen la palabra. Los trabajadores de Comunales Playa, que han visto cómo su empresa se convierte en un feudo familiar, merecen que se investigue. Y Vicente Jorge Vellon Aportela, que ha armado tres carros desde cero y nunca fue sancionado, merece que se le devuelva su puesto. Porque, como preguntan sus colegas, «¿hasta cuándo tanta maldad y abuso del poder?»
