La promesa del gobierno cubano de limitar los apagones a un máximo de cuatro horas diarias durante el verano de 2025 se ha desmoronado, dejando a la población sumida en cortes de energía más prolongados de lo anticipado y sin soluciones estructurales a la vista. La crisis eléctrica, lejos de mejorar, evidencia un profundo fracaso de las políticas del régimen y la priorización de intereses militares y turísticos sobre el bienestar ciudadano.
En mayo de 2025, el gobierno cubano anunció un plan para revitalizar el sistema eléctrico nacional, prometiendo una reducción significativa de los apagones durante el verano. Sin embargo, esta promesa se desvaneció rápidamente ante la cruda realidad de una infraestructura deficiente y una gestión ineficiente.
La afirmación inicial, realizada por el viceministro primero del ministerio de Energía y Minas (MINEM), Argelio Jesús Abad Vigoa, buscaba aliviar el descontento social en vísperas de la temporada de mayor consumo energético. El plan contemplaba aumentar la generación diaria en 13 GWh, reparar unidades térmicas clave como Felton 2, Mariel 7, Nuevitas 4 y Renté 4, y controlar el consumo. Sin embargo, las propias cifras oficiales ya indicaban un déficit considerable, haciendo insostenible la promesa de cuatro horas de apagón.
Mayo: La contradicción se hace evidente
Apenas seis días después de la promesa, el gobierno comenzó a matizar su discurso. El diario oficialista Trabajadores reconoció que los apagones persistirían durante julio y agosto debido a un déficit estructural. El director de Electricidad del MINEM, Lázaro Guerra Hernández, señaló que la generación disponible sería insuficiente, superando el déficit los 1,500 MW.
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«Sé que ayer aquí hubo muchas familias que estuvieron sometidas a más de 20 horas de apagón… pero no nos rendimos», declaraba Miguel Díaz-Canel a finales de junio, evidenciando la magnitud del problema incluso antes del verano.
Esta admisión anticipada confirmó la insostenibilidad de la promesa inicial. A pesar de ello, el discurso oficial continuó hablando de «mejorías» y «estrategias graduales».
Julio: El reconocimiento del fracaso
El 19 de julio, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que no se había cumplido la meta de reducir los apagones en verano. Informó sobre el retorno a niveles de afectación similares a los previos a la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras, atribuyendo el incumplimiento a la escasez de combustible, altos costos internacionales y problemas técnicos.
La realidad era aún más sombría, con apagones de hasta 20 horas diarias reportados en junio en algunas regiones. La falta de soluciones de fondo y la contradicción entre las promesas y la realidad generaron un profundo malestar.
Agosto: Ausencia de soluciones estructurales
A principios de agosto, la situación no mostraba mejoría. Aunque algunas plantas termoeléctricas estaban operativas, otras seguían fuera de servicio o requerían mantenimiento urgente. La generación distribuida tampoco cumplía sus objetivos, y la dependencia de combustibles fósiles continuaba siendo un lastre.
La «estrategia gradual de recuperación» anunciada desde 2022 se revelaba como un fracaso, incapaz de ofrecer alivio a una crisis energética que muchos expertos consideran insalvable sin una inversión pública masiva.
¿Dónde está el dinero para la solución?
Mientras la población sufre las consecuencias de la crisis eléctrica, surgen preguntas sobre el destino de los recursos del país. El conglomerado militar GAESA, que controla más de 18,000 millones de dólares, no ha destinado fondos significativos a la infraestructura energética.
Economistas como Pavel Vidal señalan que GAESA opera como un banco central paralelo, exento de impuestos y rendición de cuentas. En lugar de invertir en servicios básicos como la energía, sus fondos se destinan a megaproyectos turísticos, mientras la población carece de electricidad y otros recursos esenciales.
La falta de inversión en el sector energético, la dependencia de la importación de combustible y la ineficiencia en la gestión de los recursos disponibles han exacerbado la crisis. Los $250 millones anuales que, según el ex vice primer ministro Ramiro Valdés Menéndez, serían suficientes para estabilizar la red, permanecen sin ser invertidos en la solución del problema, mientras la inauguración de hoteles de lujo, financiados con fondos de GAESA, contrasta crudamente con la precariedad energética que afecta a millones de cubanos.
Un apagón político, no solo eléctrico
La cronología de promesas incumplidas y la falta de soluciones estructurales apuntan a que la crisis eléctrica es, en gran medida, un reflejo de decisiones políticas que priorizan los intereses del aparato militar y turístico. Sin una redistribución transparente y eficiente de los recursos del país, los apagones continuarán siendo un síntoma de un problema más profundo: la desconexión entre las necesidades del pueblo y las prioridades del régimen, apagando no solo las luces, sino también la esperanza.
