Un juez federal en San Francisco iniciará el análisis de pruebas y argumentos sobre la legalidad del despliegue de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles durante la administración Trump.
Juicio Clave Sobre el Despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles
El caso busca determinar si la decisión del gobierno de desplegar efectivos militares en la ciudad tras protestas contra la detención de inmigrantes contravino la ley federal, específicamente la Ley Posse Comitatus.
La administración Trump federalizó a unos 4.000 miembros de la Guardia Nacional de California y desplegó 700 marines en Los Ángeles, a pesar de la oposición del gobernador Gavin Newsom y de las autoridades locales. Si bien la mayoría de las tropas han sido retiradas, unos 250 efectivos de la Guardia Nacional permanecen en la base de entrenamiento de fuerzas conjuntas en Los Alamitos.
California argumenta que este despliegue fue una extralimitación de la autoridad federal y una violación de la Décima Enmienda, que delimita las competencias entre el gobierno federal y los estados. La demanda busca que se ordene la devolución del control de las tropas al estado y se prohíba al gobierno federal utilizar personal militar para hacer cumplir leyes civiles en California.
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Implicaciones Legales y Precedentes
La Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe explícitamente el uso del ejército como fuerza policial doméstica. El resultado de este juicio podría establecer un importante precedente sobre la capacidad del presidente para desplegar la Guardia Nacional en estados sin el consentimiento de los gobernadores, especialmente en situaciones relacionadas con la aplicación de la ley migratoria.
La administración Trump ha defendido su acción basándose en la autoridad presidencial para movilizar la Guardia Nacional en casos de «invasión», «rebelión» o cuando la aplicación de la ley federal es insuficiente. Sin embargo, el juez Charles Breyer ya ha dictaminado previamente que las protestas en Los Ángeles no constituían una «rebelión», lo que sugiere una inclinación a favor de California en este aspecto.
El caso cobró relevancia cuando Breyer permitió que los abogados de California interrogaran a Ernesto Santacruz Jr., jefe de la oficina de campo del Departamento de Seguridad Nacional en Los Ángeles, y a un oficial militar sobre el papel de las tropas federales en la ciudad. Santacruz había justificado la presencia de las tropas citando la necesidad de proteger instalaciones federales y personal ante la violencia de las turbas durante las protestas.
Contexto de las Protestas y Despliegues
El despliegue de tropas se produjo en el contexto de una política de inmigración más estricta de la administración Trump, que incluyó arrestos de inmigrantes en lugares públicos como Home Depots, lavaderos de autos y paradas de autobús. La presencia militar en Los Ángeles, particularmente de marines, se centró en la seguridad de un edificio federal en el centro de la ciudad.
La apelación presentada por la administración Trump, argumentando que las decisiones presidenciales no deben ser cuestionadas por los tribunales, añade otra capa de complejidad al caso. La batalla legal se reanudará en un juicio sin jurado de tres días, cuyo resultado podría tener amplias repercusiones en las futuras interacciones entre los gobiernos federal y estatal en matters de seguridad nacional y aplicación de la ley.
El Departamento de Defensa ordenó el despliegue de aproximadamente 4.000 elementos de la Guardia Nacional de California y 700 marines. La mayoría de los elementos ya se han retirado, pero 250 miembros de la Guardia Nacional permanecen en la Base de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas, en Los Alamitos, según el gobernador Newsom.
La administración Trump argumentó que las tropas eran necesarias para proteger edificios y personal federal en Los Ángeles, un estado clave en su política de inmigración. Las tropas, según informes, estuvieron presentes en redadas de inmigración y para custodiar un edificio federal.
California, por su parte, busca prohibir al gobierno federal el uso de tropas militares para hacer cumplir leyes civiles en el estado, argumentando una violación de la Décima Enmienda.
