La tensión en torno a la ley migratoria de Florida ha alcanzado un punto crítico. El fiscal general del estado, James Uthmeier, ha solicitado formalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos que reactive de inmediato la polémica ley S.B. 4-C, una normativa que convertiría en un delito estatal la presencia de personas indocumentadas que hayan ingresado ilegalmente al país.
Esta ofensiva legal, acompañada de una dura retórica contra la administración Biden, enciende las alarmas de miles de migrantes, especialmente de la comunidad cubana, que podrían enfrentar arrestos y deportaciones si la ley entra en vigor. La medida se encuentra actualmente bloqueada por una orden judicial federal.
La Ofensiva del Fiscal: «Proteger la Soberanía de Florida»
En una publicación en sus redes sociales, Uthmeier defendió la medida como un derecho y un deber del estado para protegerse de los efectos de la inmigración ilegal. El fiscal argumentó la necesidad de preparar a Florida para una futura «administración sin ley» como la que, según él, ha existido en los últimos cuatro años.
«Florida tiene el derecho y el deber de proteger su soberanía y a su gente de los efectos de la inmigración ilegal», escribió Uthmeier en X.
Florida has the right and duty to protect its sovereignty and its people from the effects of illegal immigration. The Supreme Court has an opportunity to allow Florida to protect itself, and they should take it.
— Florida Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) June 24, 2025
We must prepare Florida for a future lawless administration like… pic.twitter.com/b9O8c82C0E
El Bloqueo Judicial y el Desacato
Actualmente, la ley está suspendida por orden de la jueza federal Kathleen Williams, quien la considera probablemente inconstitucional por invadir competencias federales en materia de inmigración. La jueza incluso declaró en desacato civil a Uthmeier por haber comunicado erróneamente a las fuerzas del orden que no existía ninguna orden que impidiera aplicar la ley.
Como medida correctiva, la jueza ordenó a Uthmeier presentar informes quincenales sobre cualquier arresto o detención realizada bajo la ley suspendida, una supervisión que evidencia la profunda desconfianza del tribunal en la oficina del fiscal.
¿Qué Consecuencias Tendría si se Aplica la Ley?
Si la Corte Suprema da luz verde a la petición de Uthmeier, se abriría la puerta a una oleada de arrestos, juicios y deportaciones. Personas que incluso tengan procesos migratorios en curso o solicitudes de asilo pendientes podrían ser tratadas como criminales por las autoridades estatales, generando un clima de caos e incertidumbre.
Para agravar la situación, el fiscal ha propuesto la creación de un enorme centro de detención de inmigrantes en los Everglades, un proyecto que ha bautizado como el «Alcatraz de caimanes». La instalación se ubicaría en una base de entrenamiento abandonada, lo que subraya la dureza de la política migratoria que busca implementar la administración de Florida.
Under my proposal, we would create Florida’s own version of Alcatraz in the heart of the Everglades to house and detain illegal aliens.
— Florida Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) June 24, 2025
The «Alligator Alcatraz» would be located at the old and practically abandoned Collier Training Center. This facility is a 39-square-mile… pic.twitter.com/9B01G27K2a
La batalla por esta controversial ley migratoria de Florida representa un nuevo y tenso capítulo en el debate nacional sobre inmigración, con el futuro de miles de familias en juego.