El gobierno cubano no solo estaba al tanto del profundo rechazo popular que generaría el abrupto aumento de las tarifas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), sino que, anticipando un escenario de agitación social, implementó una serie de mecanismos represivos y medidas disuasorias antes y después del anuncio oficial del nuevo tarifazo de ETECSA en Cuba.
Este nuevo incremento de precios, comunicado el pasado 31 de mayo, ha encendido las alarmas y las críticas en las redes sociales cubanas. La ciudadanía observa con preocupación cómo la denominada “dolarización parcial de la economía” se extiende implacablemente hacia servicios públicos esenciales y la adquisición de productos de primera necesidad. El aumento en los costos de los paquetes de datos móviles y otros servicios de telecomunicaciones se produce en un contexto de creciente tensión económica y social en la isla, exacerbada por la galopante inflación, los constantes apagones y el deterioro generalizado de los servicios básicos.
Una Estrategia Preventiva Ante el Inminente Malestar por el Tarifazo de ETECSA
Lejos de ser una decisión improvisada, el anuncio del tarifazo de ETECSA en Cuba parece haber sido precedido por un plan gubernamental diseñado para contener cualquier posible estallido social. Días antes de la oficialización de las nuevas tarifas, se tomaron medidas que sugieren una preparación meticulosa.
El 29 de mayo, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley 17 de 2024. Esta normativa endurece significativamente las penas por delitos que afecten infraestructuras críticas como la ferroviaria, la de telecomunicaciones y la energética. Las sanciones pueden alcanzar hasta los 20 años de privación de libertad, incluso en situaciones donde el delito no se haya consumado pero se demuestre la «intención». La promulgación de esta ley, apenas horas antes del anuncio del incremento de tarifas, resulta particularmente sospechosa y ha sido interpretada como una medida para disuadir posibles sabotajes o disturbios derivados del descontento popular.
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Posteriormente, el 30 de mayo, se reportó un incendio en una instalación de reciclaje en la provincia de Mayabeque, el cual amenazó con propagarse a la infraestructura eléctrica cercana. Aunque las autoridades no han presentado pruebas concluyentes sobre un origen intencional, el incidente fue ampliamente difundido por los medios oficiales, evocando episodios pasados en los que el régimen ha utilizado sucesos similares para justificar la intensificación de la represión y reforzar su narrativa sobre supuestas amenazas internas.
Operativos y Vigilancia Coincidiendo con el Anuncio
El mismo día del anuncio del tarifazo de ETECSA en Cuba, el 31 de mayo, el Ministerio del Interior (MININT) desplegó un operativo de “vigilancia y patrullaje” en diversas zonas del país. Según reportes de ciudadanos y activistas, se observó un incremento notable de la presencia policial. Además, se denunciaron cortes selectivos de internet y una intensificación de la vigilancia sobre figuras conocidas por sus posturas críticas hacia el gobierno. En algunos casos, se reportaron detenciones breves y advertencias a ciudadanos por realizar publicaciones críticas en redes sociales.
La conexión temporal y temática de estos eventos sugiere una estrategia articulada por parte del régimen. En lugar de sorprenderse por la indignación generada, el gobierno cubano parecía estar esperando esta reacción y se había preparado para neutralizarla. La recurrente narrativa del “enemigo interno” y la supuesta amenaza a la seguridad nacional se utiliza una vez más como instrumento para justificar decisiones impopulares.
Impacto del Tarifazo y Resistencia Ciudadana
ETECSA, como monopolio estatal de las telecomunicaciones en Cuba, ha sido objeto constante de críticas debido a la baja calidad de sus servicios y los elevados precios en comparación con los ingresos promedio de la población. La “dolarización parcial” de sus servicios no hace más que acentuar la desigualdad y la exclusión social, problemas que crecen exponencialmente bajo el actual sistema.
El nuevo tarifazo de ETECSA en Cuba no solo impacta directamente la economía de los hogares, sino que también restringe aún más el acceso a la información, la comunicación con el exterior y la libre expresión en redes sociales, plataformas que se han convertido en canales cruciales para canalizar el descontento popular. La represión preventiva, la manipulación del miedo y el endurecimiento del aparato punitivo conforman una estrategia gubernamental bien conocida.
Lo que resulta novedoso en esta ocasión es la clara secuencia de acciones que indica que el aumento de tarifas no fue un error de cálculo, sino una decisión tomada con plena conciencia de sus repercusiones sociales y con una disposición explícita a sofocar cualquier manifestación de protesta. A pesar de estos intentos de silenciamiento, la ciudadanía cubana continúa resistiendo desde los espacios disponibles: redes sociales, medios independientes y el activismo cívico, buscando incansablemente formas de hacer escuchar su voz.
