Un tribunal en La Habana impuso significativas condenas por tráfico de drogas a tres ciudadanos, con penas que alcanzan los 15, 18 y 20 años de privación de libertad. El juicio oral y público se celebró este jueves en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
El diario oficialista Granma informó que el proceso judicial fue catalogado como “ejemplarizante” por parte de la Fiscalía. Se acusó a los imputados de lucrarse mediante el tráfico interprovincial y la comercialización de cocaína. Según las autoridades, las pruebas periciales, documentales y testificales presentadas durante el proceso fueron admitidas como válidas por el tribunal, que actuó conforme al debido proceso.
Sanciones Accesorias y el Discurso de «Tolerancia Cero»
Además de las largas penas de cárcel, los acusados por tráfico de drogas en La Habana enfrentan sanciones accesorias. Estas incluyen la privación de derechos públicos, según el artículo 42.1 del Código Penal cubano (Ley 151 de 2022), la prohibición de salida del país (artículo 59.1), y el comiso de los bienes ocupados durante el proceso judicial (artículo 52.1).
La Fiscalía insistió en la necesidad de castigar severamente a quienes pongan en riesgo la “tranquilidad de un pueblo que lucha por una sociedad más sana”, reiterando el discurso oficial de “tolerancia cero” del régimen frente al fenómeno de las drogas.
Te Puede Interesar:
Ofensiva Nacional Contra el Narcotráfico y Casos Anteriores
Este juicio en la capital se suma a una serie de procesos penales similares celebrados recientemente en otras provincias del país. El pasado mes de abril, el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba condenó a 12 años de prisión a un hombre por transportar 485 gramos de marihuana hacia Camagüey. En ese caso también se aplicaron medidas adicionales como la confiscación de dinero y la privación de derechos civiles. Dos jóvenes fueron condenados a ocho y nueve años de prisión por cultivar y vender marihuana y la droga sintética conocida como “el químico”.
Recientemente, se confirmó la circulación en Cuba de una versión más letal del «químico», que contendría fentanilo, formol y anestésicos para animales, con un alarmante 90% de quienes la prueban quedando enganchados desde la primera dosis. El régimen ha admitido que se trata de un producto de rápida expansión y alta letalidad.
Endurecimiento de Penas y la Realidad del Consumo
Desde el año pasado, las autoridades cubanas han incrementado la severidad de las penas por delitos relacionados con drogas. El presidente de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana informó que más del 92% de los acusados por tráfico de drogas han sido condenados a penas efectivas de cárcel. Las sanciones pueden alcanzar hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte, dependiendo de circunstancias agravantes. Además, se ha comenzado a confiscar bienes a ciudadanos que permitan la venta o consumo de drogas en sus viviendas.
Esta ofensiva judicial ocurre en un contexto de preocupante aumento en el consumo de drogas dentro de escuelas cubanas, una situación reconocida incluso por medios estatales. El gobierno ha admitido la implicación de menores tanto en el consumo como en la venta de estupefacientes, lo que ha encendido las alarmas. La respuesta oficial se ha centrado en reforzar la narrativa de que «todo el peso de la ley» caerá sobre quienes atenten contra la estabilidad social, mezclando el castigo ejemplar con una supuesta acción preventiva. Para conocer más sobre el sistema judicial cubano, se puede consultar el sitio del Tribunal Supremo Popular.
