La fecha límite para el desalojo de los residentes del complejo de casas móviles Li’l Abner en Sweetwater venció este lunes 19 de mayo, pero la situación sigue siendo crítica para unas 200 familias que han decidido quedarse y continúan en sus hogares. Mientras tanto, la demolición de varias viviendas avanza implacablemente con el uso de excavadoras, aumentando la presión sobre quienes resisten.
Antecedentes del Conflicto por el Desalojo de Casas Móviles en Sweetwater
El conflicto se remonta a noviembre de 2024 (según la fuente, aunque podría ser 2023 dada la fecha límite de mayo), cuando cerca de 900 propietarios que vivían en el vecindario fueron notificados del cierre permanente del parque. La empresa desarrolladora, Crei Holdings, planea construir en el terreno viviendas asequibles subsidiadas por el gobierno. Sin embargo, la resistencia de un grupo significativo de residentes ha marcado los últimos meses, con familias que se niegan al desalojo de sus casas móviles en Sweetwater.
A pesar de que las demoliciones han avanzado agresivamente en las últimas semanas, aproximadamente 200 residentes han optado por permanecer en sus hogares. Muchos de ellos han presentado una demanda colectiva a través de un abogado, quien argumenta que la orden de desalojo es ilegal por diversas razones, incluyendo la falta de notificación con suficiente antelación.
Argumentos Legales y la Lucha de los Residentes
El abogado de los residentes también sostiene que la ley de Florida prohíbe un aumento de alquiler 90 días antes del aviso de desalojo, y alega que el alquiler se incrementó dentro de ese plazo. La demanda acusa a la ciudad de Sweetwater y al condado de no seguir el procedimiento adecuado, al no realizar estudios para garantizar que los residentes tuvieran un lugar alternativo a donde mudarse. Hasta el momento, 190 propietarios de casas móviles se han sumado a la demanda, que busca que los desalojos sean declarados ilegales. Se alega además que el propietario no cumplió con la ley al no notificar primero a la asociación de propietarios ni respetar el derecho de primera opción.
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Decenas de personas han salido a manifestarse con pancartas y megáfonos, pidiendo justicia y asegurando que continuarán en esta batalla hasta el final. Danyer Leiva, uno de los propietarios afectados, expresó: “Hay que seguir aquí en la pelea. Él lo que ha hecho es meter miedo para que la mayoría de las personas se vayan. Hasta el momento nosotros pagamos la renta. Yo compré hace dos años en 110 mil y nos dijeron que no había venta. Yo quisiera mañana mismo, lo que me hace falta es que me den un precio justo para irme”. Leiva pide al menos 70,000 dólares para desalojar, pero afirma que, como al resto, solo le ofrecen 14,000 dólares, una suma que considera insuficiente.
Joan Puey, otra residente que ha permanecido en su casa, indicó que continúa pagando sus obligaciones a los propietarios del parque a través de abogados. «Hay una demanda y sí, el terreno es de él, y sabemos que tenemos que salir de aquí. Pero él hizo cosas que no tenía que hacer, aparte lo hizo de noviembre para que nos vayamos en enero y un montón de gente aquí perdió sus trailers y perdieron su dinero. Por eso se hizo una demanda y hay un caso y él lo sabe», afirmó Puey.
Respecto al plazo que venció este 19 de mayo, Puey fue tajante: «Se vence el plazo para él, pero hay un juicio y la que manda es la jueza. Él puede tener 100,000 millones de dólares, pero hasta que la jueza no nos saque de aquí y no le dé el favor a él, lo gane él, nosotros no nos vamos». La situación de estas familias que se enfrentan al desalojo de sus casas móviles en Sweetwater sigue siendo incierta. Se puede contactar al gobierno de la Ciudad de Sweetwater para obtener información sobre el desarrollo urbano.
