El caso de Rodolfo Joel López Jarquín, un ciudadano nicaragüense, ha generado controversia al ser trasladado a principios de abril de 2025 a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su eventual deportación a Nicaragua. Lo llamativo es que López Jarquín había ingresado legalmente a Estados Unidos bajo el programa de Parole Humanitario (CHNV).
Según informó el medio El Confidencial, López Jarquín llegó a Miami el 7 de agosto de 2024 y se le otorgó un permiso condicional (parole) por dos años. Sin embargo, ahora se encuentra recluido en el denominado “centro de operaciones para migrantes” en la base de Guantánamo.
Condiciones de Detención y Denuncia de Engaño
En comunicaciones con su familia, López Jarquín ha descrito condiciones de aislamiento extremo: afirma pasar 23 horas al día encerrado, con solo cinco minutos de comunicación diaria, siempre bajo supervisión de agentes migratorios.
“Volé a Miami y obtuve permiso condicional por dos años. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) me detuvo antes de que terminara mi permiso”, explicó el migrante en una declaración enviada a un juez federal en Washington, certificada por Marisol Domínguez Ruiz, abogada del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.
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López Jarquín asegura que fue llevado a Guantánamo bajo engaño. Tras permanecer detenido en el centro del ICE en Pine Prairie, Luisiana, desde el 10 de febrero, el 4 de abril fue trasladado a Alexandria con la promesa de ser deportado directamente a Nicaragua. Sin embargo, al día siguiente, aterrizó en la base naval cubana. “Fue realmente impactante… Pensábamos que íbamos a casa”, relató.
Demanda Legal y Cuestionamientos a Detenciones en Guantánamo
Junto a otro nicaragüense, Johon Elias Suazo-Muller, López Jarquín encabeza una demanda liderada por la ACLU. Solicitan la intervención judicial para detener las deportaciones a Guantánamo de beneficiarios del parole humanitario que no han sido condenados por delitos ni representan un peligro público.
López Jarquín insiste: “No he sido condenado por ningún delito en Estados Unidos ni en Nicaragua”. Fue detenido inicialmente por la policía de Luisiana tras una queja por ruido, pero afirma no haber sido acusado formalmente. Denuncia también que en Guantánamo no se le informó de su derecho a un abogado.
Contexto: Uso de Guantánamo y Políticas de Trump
Hasta inicios de abril, se reportaba que alrededor de 400 migrantes, principalmente venezolanos y nicaragüenses, habían sido enviados a la base de Guantánamo. Se realizaron vuelos de deportación desde allí, confirmados por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
La administración Trump ha enfrentado críticas por el uso de esta base para detener migrantes. El senador demócrata Jack Reed denunció un gasto de 40 millones de dólares en un mes para mantener a unos 400 inmigrantes allí, calificándolo de «despilfarro extraordinario e innecesario». Tras una visita, senadores demócratas consideraron Guantánamo un lugar “probablemente ilegal e ilógico para detener inmigrantes” y criticaron el uso de recursos militares para control migratorio y las condiciones de detención.
Aunque en marzo el gobierno estadounidense afirmó haber retirado a los últimos migrantes de Guantánamo y cancelado planes de expansión, el caso de López Jarquín evidencia que la detención de inmigrantes en la base naval continúa.
Trump había asegurado que esos espacios serían para criminales de alto riesgo, como miembros del Tren de Aragua, pero posteriormente no se descartó enviar a personas sin historial delictivo. Esto se enmarca en la escalada de deportaciones bajo su mandato (65,682 en los primeros 100 días, según ICE).
La familia de López Jarquín exige respuestas y garantías legales para él, destacando la aparente contradicción entre su ingreso legal bajo el parole humanitario y su actual reclusión en Guantánamo en condiciones calificadas como inhumanas.
