Laura María Gil fue vetada para entrar a la sala, mientras que a su hermano sí se le permitió el acceso, en un proceso judicial que se desarrolla bajo estricto secreto y fuerte custodia militar.
La Habana – En un hecho que ha generado consternación, Laura María Gil, hija del exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, fue impedida por las autoridades de asistir al juicio que se sigue contra su padre. Mientras tanto, a su hermano, Alejandro Arnaldo Gil González, sí se le permitió el ingreso a la sala, según confirmó una fuente cercana a la familia a CiberCuba.
“Dejaron al hijo Alejandro Arnaldo Gil González y vetaron a la hija Laura María Gil. Inaudito”, declaró la fuente, quien solicitó mantener su identidad en el anonimato por motivos de seguridad. Este veto se produce en el marco de un proceso judicial que se lleva a cabo bajo un estricto secreto y un fuerte dispositivo militar en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, ubicada en el municipio habanero de Marianao.
El régimen cubano ha justificado la celebración del juicio a puerta cerrada alegando “razones de seguridad nacional”, lo que ha limitado significativamente el acceso de familiares y del público en general. Laura María Gil, quien en días anteriores calificó las acusaciones contra su padre como una “total manipulación”, había expresado abiertamente su intención de estar presente en el tribunal a pesar de las restricciones.
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En un mensaje de audio difundido en redes sociales, la joven denunció que su familia se enteró de la fecha del proceso a través de la televisión oficial y que, el mismo día del anuncio, sus comunicaciones fueron limitadas. “A mí nada me cambia la idea de que espía no es”, afirmó en la grabación, defendiendo la inocencia de su progenitor y asegurando que haría “todo lo posible” por acompañarlo durante el juicio.
Sin embargo, este martes las autoridades le impidieron el acceso al recinto, en una jornada caracterizada por un control total de los accesos, el cierre de calles y comercios aledaños, y una visible vigilancia por parte de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil.
Alejandro Gil Fernández, quien fue destituido de su cargo en febrero de 2024, se ha convertido en una de las caídas políticas más sonadas del gobierno de Miguel Díaz-Canel. En su contra pesan acusaciones de espionaje, malversación de fondos, cohecho (soborno), evasión fiscal, lavado de activos y falsificación de documentos públicos. La Fiscalía ha solicitado para el exfuncionario la pena de cadena perpetua.
La exclusión de Laura María Gil, quien ha sido una voz pública en defensa de su padre y llegó a solicitar un juicio televisado para garantizar transparencia, subraya las dudas sobre la imparcialidad y el control político que rodean el caso. Analistas consideran que este proceso es un reflejo de las profundas fracturas y luchas de poder dentro de la élite gobernante cubana.
Cabe destacar que Laura María Gil trabajó durante varios años en el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), al igual que su hermano, en cargos relacionados con la inversión y las exportaciones, una situación que en el pasado motivó denuncias de nepotismo. Hoy, la familia se encuentra en el centro de un proceso judicial que parece mezclar justicia, venganza y la ruptura de lealtades en lo más alto del poder en Cuba.
