Luis Enrique «El Kiki» Jobas escapó del régimen especial del penal «El Prevero» en una operación que habría involucrado a custodios y altos cargos del sistema penitenciario
Un elaborado operativo de soborno, valorado en 20,000 dólares (equivalente a 10 millones de pesos cubanos), permitió la fuga del recluso Luis Enrique Jobas, conocido como «El Kiki», desde el penal de máxima seguridad «El Prevero» en Villa Clara, según reveló el portal independiente La Tijera News. El hecho, ocurrido el pasado 5 de octubre, ha provocado la detención de varios guardias penitenciarios y ha expuesto una red de corrupción al interior del sistema carcelario cubano.
Jobas, quien cumplía una condena de 30 años de prisión por su participación en el asalto a mano armada a una joyería en Santo Domingo en noviembre de 2023, habría logrado evadir los protocolos de seguridad del régimen especial gracias a la complicidad de funcionarios. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el soborno se distribuyó de la siguiente manera: 2 millones de pesos para el guardia a cargo de las llaves del acceso principal, 5 millones para el custodio interno y 3 millones para el conductor de un vehículo que esperaba fuera del perímetro para facilitar la huida.
La fuga fue planificada meticulosamente y ejecutada en medio de un silencio informativo por parte de las autoridades cubanas, que hasta el momento no han emitido ningún comunicado oficial. Sin embargo, fuentes cercanas al caso confirmaron que varios agentes de la prisión han sido arrestados como parte de una investigación interna.
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Este incidente no es el primero en la carrera delictiva de «El Kiki». En 2023, tras el asalto a la joyería, Jobas y dos cómplices permanecieron prófugos durante varios días utilizando un automóvil Kia Picanto blanco, modelo 2015, hasta que fueron capturados en un operativo policial. Su reciente escape desde una prisión de máxima seguridad ha generado alarma en la población local y ha puesto en evidencia las graves fallas de un sistema penitenciario afectado por la corrupción y la precariedad.
Organizaciones de la sociedad civil han exigido una investigación transparente y sanciones ejemplares para los responsables, mientras la población reclama mayores garantías de seguridad ante la aparente impunidad con que operan las redes delictivas dentro y fuera de las cárceles cubanas.
