La familia de la víctima acusa un encubrimiento sistemático y exige justicia en un caso que ejemplifica la violencia institucional
En la oscuridad de la madrugada del 3 de octubre, la rutina laboral de Omar Tejeda Centilet, un electricista de 69 años, se tornó en una pesadilla de violencia e impunidad. Mientras se dirigía a su trabajo en el Aeropuerto Internacional “Antonio Maceo”, fue interceptado y brutalmente agredido por un agente de la Policía Nacional que, según la denuncia, actuaba bajo los efectos del alcohol. El caso, destapado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, ha reavivado el debate sobre la brutalidad policial y los mecanismos de encubrimiento dentro de la institución.
El relato de los hechos, construido a partir del testimonio de la víctima y testigos presenciales, es estremecedor. Tejeda, vestido con su uniforme de trabajo y cargando una mochila con su almuerzo y herramientas, caminaba por la calle Barnada, un tramo notoriamente oscuro. Un hombre de civil, sin identificarse, le ordenó detenerse. Temiendo un asalto, algo cada vez más común, el anciano aceleró el paso hacia la esquina de Aguilera, donde hay alumbrado público. Fue entonces cuando el individuo, identificado posteriormente por vecinos como “Yurito”, jefe de grupo del patrullaje en el centro de la ciudad, liberó a un perro que le propinó una mordida en la pierna. Acto seguido, el agente se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo con saña.
A pesar de que Tejeda fue esposado, la golpiza continuó. Testigos relataron al periodista Mayeta que la agresión se extendió hasta las inmediaciones del edificio del Partido Provincial, donde el oficial causó heridas en la cabeza, fracturas costales y múltiples hematomas al anciano, quien ya no podía defenderse. La intervención de una persona que salió desde el propio edificio partidista y de una empleada de una cafetería cercana, quien reconoció a Tejeda como “un hombre serio y trabajador”, logró detener finalmente la paliza.
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Sin embargo, el calvario no terminó ahí. La familia denuncia una campaña de encubrimiento por parte de la institución policial. Según su relato, el agente habría intentado ocultar lo ocurrido y se habría dado la orden de eliminar los registros médicos del hospital donde Tejeda fue atendido. Certificados cruciales de cirugía, ortopedia, medicina interna y neurocirugía que documentaban la gravedad de las lesiones desaparecieron misteriosamente, obstaculizando cualquier posibilidad de una demanda formal.
“Mi padre no es un delincuente. Iba a trabajar. Fue atacado por un policía en estado de embriaguez que usó un perro callejero entrenado para agredir personas. No queremos silencio, queremos justicia”, declaró uno de sus familiares, cuya identidad se reserva por seguridad. Exigen una investigación inmediata y la sanción del agente implicado, quien, aseguran, continúa en activo y en sus funciones habituales, lo que interpretan como una muestra de la impunidad de la que gozan los uniformados.
Este caso se enmarca en un patrón más amplio de violencia policial documentado en Cuba. Recientemente, en Güines, un adolescente huérfano fue arrestado con excesiva fuerza por vender viandas; en Centro Habana, un hombre fue torturado en una estación por protestar contra las tarifas de ETECSA; y en la capital, dos agentes golpearon sin motivo aparente a un joven albañil. Un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos reveló que en los últimos cinco años al menos 95 personas han muerto a manos de las fuerzas del orden, con más de 40 de estas muertes ocurriendo solo en 2024, además de registrarse 287 casos de violencia policial no letal.
El caso de Omar Tejeda no es solo la historia de una agresión puntual; es un síntoma de una crisis de derechos humanos y abuso de poder. Su familia, y una creciente parte de la sociedad civil, claman por un escrutinio independiente de las fuerzas de seguridad y el fin de la sistemática impunidad que, aseguran, protege a los victimarios con uniforme.
