Vivian Hernández enfrenta juicio penal tras incidente grabado en video, rechazó acuerdo de culpabilidad y denuncia brutalidad policial
Con un bastón en una mano y la otra enyesada, Vivian Hernández entró este lunes a una corte criminal de Miami-Dade para asistir a una nueva audiencia previa a su juicio.
Acusada de traspaso, conducta desordenada y resistencia a la autoridad, esta mujer cubana enfrenta no solo un proceso penal, sino también la desilusión y el desgate emocional de sentirse revictimizada por un sistema que, según denuncia, ha fallado en protegerla.
«Me siento frustrada, me siento cansada y me siento preocupada con lo que es la justicia en este país», declaró Hernández en entrevista con Univisión.
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«Me estoy dando cuenta de que la justicia en este país es un privilegio para ricos y un problema para las personas pobres y de bajos recursos, como yo», añadió.
Incidente grabado en video
El caso de Vivian Hernández tomó notoriedad pública tras la difusión de un video que muestra el momento en que fue arrestada violentamente en la oficina del parque de casas móviles Li’l Abner, en Sweetwater.
El altercado ocurrió cuando la mujer intentó pagar su renta, a pesar de estar bajo una orden de desalojo. La situación escaló rápidamente cuando un oficial de policía la confrontó y, según alegan testigos y ella misma, la trató con fuerza desproporcionada.
El impacto del arresto ha sido tanto físico como emocional. Hernández ha necesitado asistencia médica, y las secuelas son visibles: el yeso y el bastón son evidencia de lo que define como un acto de brutalidad policial.
Contexto de desalojos y resistencia vecinal
Vivian Hernández no es la única residente del parque Li’l Abner que ha enfrentado tensiones con las autoridades y los nuevos propietarios del terreno. Ella, junto con otros vecinos, ha iniciado una demanda civil en contra de los dueños del parque, denunciando una estrategia sistemática de desalojo y acoso.
«A ella este policía la trató como quiso. Como si fuera una ladrona, como si estuviese haciendo algo malo», afirmó María Victoria Fajardo, otra residente del parque, quien también ha alzado su voz en contra del trato recibido por los inquilinos más vulnerables.
Miguel Herrera, también residente del parque de casas móviles, fue más allá en sus acusaciones. «El nivel de corrupción está impregnado a todos los niveles y están trabajando con una estrategia como para desestimar y para invertir en un mundo al revés, al victimario ponerlo como víctima y viceversa», denunció.
Demandas cruzadas y rechazo a acuerdo
Hernández no solo enfrenta cargos penales, sino que también ha presentado una demanda contra la ciudad de Sweetwater, alegando uso excesivo de la fuerza por parte del oficial que la arrestó.
A pesar de que la fiscalía le ofreció un acuerdo de culpabilidad que le habría permitido evitar la cárcel, la mujer lo rechazó. «Creo que es lo más justo porque los tres cargos que me pusieron, a mi entender, son cargos para justificar un arresto improcedente», dijo.
Su abogado, David Winker, respalda la decisión: «Ella simplemente no se siente cómoda declarándose culpable de eso… siente que no hizo nada malo. Cree que es algo por lo que vale la pena luchar».
Impacto comunitario
Más allá del proceso penal, Hernández forma parte de una demanda colectiva presentada por unos 200 inquilinos del parque, quienes permanecen en sus viviendas a pesar del inicio de las demoliciones.
«Queremos que se oiga nuestra protesta… que nos valoren el precio justo de nuestra vivienda y nos traten con el respeto que merecemos», afirmó.
El caso de Hernández se ha convertido en un punto de referencia para otros residentes que denuncian presiones indebidas y falta de respeto en el proceso de desalojo. La próxima audiencia está programada para el próximo lunes, y será crucial para definir el rumbo de este complejo y polémico proceso.
