El gobierno de Donald Trump notificó al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga, a los que la administración ha designado como organizaciones terroristas, según un memorando citado por Fox News y la agencia Associated Press (AP).
La decisión, que marca un giro histórico en la política antidrogas de Washington, llega tras una serie de ataques militares en el Caribe contra embarcaciones procedentes de Venezuela. En uno de ellos, el 2 de septiembre, murieron 11 personas cuando un bote identificado como perteneciente a la banda venezolana Tren de Aragua fue destruido por fuerzas estadounidenses, reportó AP.
“Los carteles han crecido en armas, organización y violencia (…) poseen capacidades paramilitares y son responsables de la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año”, señala el memorando divulgado por Fox News.
Escalada con Venezuela y la sombra de Maduro
El nuevo marco legal da a Trump poderes de guerra para desplegar al ejército en operaciones que hasta ahora estaban reservadas a agencias policiales. El presidente ha autorizado el envío de buques de guerra y destructores a la región, así como el uso de drones y cazas desde Puerto Rico.
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La medida pone a Venezuela en el centro del huracán: varias de las lanchas hundidas en las últimas semanas partieron de sus costas, y Trump acusa directamente a Nicolás Maduro de liderar un narcoestado. Washington mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
En respuesta, Maduro firmó un decreto de “conmoción exterior”, que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo para movilizar tropas, tomar el control de infraestructuras estratégicas y restringir derechos ciudadanos en nombre de la defensa nacional. “No se permitirá a nadie que promueva o facilite una agresión militar contra Venezuela”, advirtió la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Debate interno en EE.UU.
El anuncio de Trump ha provocado choques en el Congreso. Varios senadores demócratas y algunos republicanos cuestionan la legalidad de usar al ejército para tareas de persecución criminal sin autorización parlamentaria. Grupos de derechos humanos también alertan que esta política podría abrir la puerta a abusos y a una intervención directa en países latinoamericanos.
Según AP, el Pentágono no entregó aún la lista oficial de organizaciones designadas como terroristas, lo que generó molestia en legisladores que ven en la estrategia un “vacío legal peligroso”.
América Latina, donde ya circulan versiones sobre posibles ataques dentro del territorio venezolano contra laboratorios y líderes del narcotráfico. Analistas advierten que una ofensiva en suelo venezolano podría desencadenar un espiral de represalias, persecuciones internas y mayor represión política, al tiempo que refuerza la narrativa chavista de “defensa de la soberanía”.
Mientras tanto, la población venezolana enfrenta la contradicción entre los discursos de guerra y una crisis cotidiana marcada por inflación, colapso de servicios y migración masiva.
