La violencia de género continúa cobrando vidas en Cuba con dos nuevos feminicidios registrados en los últimos días, elevando a 33 el número de mujeres asesinadas por razón de su género en lo que va de 2025. Los casos, confirmados por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), exponen una vez más la grave crisis de protección a la mujer y la ausencia de mecanismos estatales efectivos para prevenir estas tragedias.
El primer crimen ocurrió el 26 de septiembre en la localidad de Torriente, Jagüey Grande, provincia de Matanzas. Yamila Zayas Toledo, una mujer de 35 años, fue brutalmente asesinada en su propia vivienda por su expareja.
El caso es particularmente dramático porque la víctima, en un intento por salvar su vida, había presentado una denuncia formal ante la policía local apenas un día antes del feminicidio. Sin embargo, las autoridades no implementaron medidas de contención contra el agresor, dejando a Yamila en una situación de total vulnerabilidad.
La víctima deja en la orfandad a tres hijos, dos de ellos menores de edad. Según los reportes, su hija más pequeña se encontraba en el lugar y fue testigo directo del crimen, un hecho que deja profundas secuelas psicológicas en la menor.
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El segundo caso corresponde al feminicidio social de Dayli Acosta Oceguera, una joven de 24 años que había sido reportada como desaparecida desde el 22 de septiembre. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 26 del mismo mes en la zona del Parque Lenin, en La Habana.
Dayli, quien era madre de tres niñas pequeñas, se convierte en otra víctima mortal de la violencia machista que continúa afectando a la sociedad cubana. Las circunstancias exactas de su muerte permanecen bajo investigación, pero su caso ha sido categorizado como feminicidio por los observatorios independientes que documentan esta problemática.
Estos dos crímenes se suman a un preocupante panorama que incluye, según los registros de los observatorios, un asesinato de un hombre por motivos de género, tres intentos de feminicidio y tres casos adicionales en investigación en las provincias de Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.
Ante esta situación, las activistas y observatorios independientes han recalcado que «denunciar estos hechos no es un delito» y han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la documentación y visibilización de estos casos. Subrayan que se trata de una «violencia estructural que el Estado cubano sigue sin atender de manera efectiva», sin una ley integral contra la violencia de género y con protocolos de protección insuficientes para salvaguardar la vida de las mujeres.
La recurrencia de estos crímenes, muchos de ellos precedidos por denuncias formales que no fueron atendidas con la celeridad y contundencia requeridas, evidencia la necesidad imperiosa de un marco legal específico y recursos especializados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista en Cuba.
